EscucharRecientemente, se integró una comisión legislativa para que, según lo definen sus impulsores, “se investi- guen las concesiones”, objetivo lo suficientemente ambiguo como para dejar entrever algún tipo de irregularidad que amerita una “investigación” legislativa.
La preocupación de los diputados nace de la queja de algunos exportadores sobre el proceso de concesión del nuevo puerto de Moín, sobre todo, por un lado, a los cambios que sufrió el cartel de licitación; por otro lado, que solo se haya presentado una compañía, implicando con esto que el cartel se “adecuó” para favorecer a esta empresa, criterio que algunos diputados ya han repetido en el plenario legislativo y en la prensa.
De octubre de 2007 a mayo del 2010, integré, como parte de las responsabilidades del cargo que ocupé en el Gobierno anterior, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Este cuerpo colegiado está integrado por 7 personas, que son el ministro de Obras Públicas y Transportes, quien lo preside; de Hacienda y de Planificación; el presidente del Banco Central, y tres representantes de colegios profesionales, sindicatos y cámaras empresariales. Asiste además, con voz pero sin voto, el Secretario Técnico, quien tiene la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva.
Labor compleja. La Junta es el órgano máximo del CNC, y le corresponde tratar todos los temas relacionados a concesiones y a iniciativas privadas en el país. Es una labor compleja, que incluye aspectos económicos, legales y sociales, pero que por esa complejidad resultó de lo más didáctica por lo menos para mí, que aprendí sobre una gran variedad de temas.
En el período en que formé parte de este grupo, se trató frecuentemente la concesión del nuevo puerto de Moín, como corresponde a un tema tan grande y delicado. Y, por- queestuve ahí, porque fui parte de este proceso, porque conocí a las personas que estuvieron involucradas y porque fui testigo del esfuerzo que todos en el CNC hacen para que las cosas se hagan bien, es que pienso que, para contestar las preguntas que tienen algunos diputados, posiblemente habría bastado que llamaran por teléfono al actual ministro de Obras Públicas y Transportes, actor de primera línea y conocedor del proceso en todas sus etapas, para que les explicara con detalle sin necesidad de constituir un comisión investigadora. Pero creo que algunos puedan pensar que no es suficiente, sobre todo si no entienden el proceso.
Investigación rigurosa. Sin embargo, dado que los diputados se decidieron por una comisión, lo que uno quisiera, y en realidad lo que el país necesita, es una investigación rigurosa, completa, pausada y objetiva. Lo que uno no quisiera, y el país no necesita, es una comisión politizada que inicia su labor con criterios formados de antemano. El tema es lo suficientemente delicado para que aspiremos a que se analice con objetividad, con mente abierta y no se haga un uso distorsionado y/o parcial de la información para confirmar conclusiones preconcebidas, en consonancia con aquella máxima de que si lo que creo no se ajusta a la realidad, peor para la realidad.
Y que conste que no soy ingenuo: es claro que para algunos diputados, sobre todo algunos que desesperadamente quieren ser incluidos en ella, la Comisión Investigadora es una oportunidad para anotarse algunos puntos políticos, de tener una cobertura mediática cuya frecuencia e intensidad tiene una relación directamente proporcional a la estridencia de sus denuncias, aun cuando no tengan fundamento real. Pero si la investigación se convierte en el circo en que algunos quieren convertirla, todo el mundo pierde: las personas cuyas honras sean manchadas con acusaciones sin fundamento, la credibilidad de las comisiones legislativas como instancia de investigación sobre temas de importancia para el país, la opinión pública, que no contará con elementos adecuados para formar criterio, los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones, cuyo profesionalismo, honestidad y dedicación puede ser injustamente puesto en duda. Ojalá que no pase.
