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Investigaciones clínicas para evaluar nuevos medicamentos

Actualizado el 28 de agosto de 2012 a las 12:00 am

Se ha estadonegando el derechoa la oportunidad en salud

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Ciertos procesos jurídicos contra disposiciones legales que han amparado actividades fundamentales para el bienestar de la comunidad, pueden provocar inacción, falta de competitividad y vacío legal. Así discurre un área fundamental para nuestro desarrollo en salud.

Todos los sectores parecen estar de acuerdo en la necesidad del marco legal para regular las investigaciones médicas con medicamentos, pero no se ponen de acuerdo en el detalle. El asunto (tiempo) va en detrimento de la ciudadanía, que no dispone de alternativas en salud, incluso en casos de evidente beneficio para el enfermo, que no puede optar por medicamentos producto de avances científicos recientes.

El marco jurídico, desarrollado extensamente a través de normativas de validez universal, ampliamente discutidas en foros internacionales y a nivel nacional, espera una respuesta legislativa (ley) que avanza lentamente, en forma incongruente a su necesidad. La situación es en extremo preocupante, pues independientemente de sus efectos directos, está provocando la sensación de que todo el medio político es displicente, omiso y torpe en sus procederes.

Derecho a la salud. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, suscrito por Costa Rica, reconoce la obligación del Estado de velar por el desarrollo de la salud y el derecho de las personas a gozar del desarrollo científico y sus aplicaciones.

En nuestro medio legislativo se han propuesto legislaciones como la Ley de Defensa de la Dignidad de la Persona (Exp. 12450) y la Ley de Protección a la Integridad del Cuerpo Humano (Exp. 12637, del Lic Francisco Antonio Pacheco, 1997).

Mientras en otras latitudes se responde a situaciones dramáticas (como acciones terroristas) en cuestión de días a asuntos muy complejos relacionados con la salud, en Costa Rica, país de grandes aspiraciones en este campo, llevamos más de dos años sin marco legal para regular las investigaciones en seres humanos.

En el año 2003, el Lic. José Miguel Corrales presentó un recurso de amparo que fue acogido en el año 2010. El voto de la sala se fundamentó en que el derecho a la vida y a la salud son tan importantes que deben regularse por ley y no por un decreto ejecutivo.

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Desde los años de las históricas luchas científicas de Luis Pasteur, particularmente en torno a la “generación espontánea”, la obtención de vacunas protectoras de la población, los antibióticos y otros medicamentos han revolucionado la salud de las poblaciones, con impactos espectaculares que cambiaron la historia de la humanidad.

El transcurrir de la ciencia no se detiene, pero en nuestra Costa Rica, por ley, es prudente y ético no hacer nada experimental en investigación por la salud, nos declaramos satisfechos o por lo menos atenidos a lo que otros hagan por nosotros, aunque no se tome en cuenta los rasgos de nuestra población.

Dentro de la problemática, se ha abandonado a quienes sufren padecimientos infrecuentes, sentenciándolos al sufrimiento e incluso a la muerte sin poder hacer nada por su salud. En otros países, se ha legislado para favorecer la investigación a favor de estas minorías, que, por su número y costo, no atraen la investigación de grandes empresas. Las legislaciones debían constituir un elemento de desarrollo a la investigación y no un obstáculo ó un vacío.

En Costa Rica, las investigaciones clínicas con medicamentos, financiadas por empresas farmacéuticas transnacionales, han sido por abrumadora mayoría de fase tres y cuatro, con medicamentos ya en el mercado y donde el principio de “beneficencia” se da para el paciente y las instituciones de salud que no tienen que asumir esos tratamientos. Estos procedimientos, científicamente evaluados, producto de los resultados de la investigación, reflejan nuestra idiosincrasia biológica. Estos estudios están también en el “limbo legal”

La aplicación de tratamientos en base a características específicas de las personas (tumores con características genéticas específicas, deficiencias enzimáticas, etc.) es un logro que con el tiempo traerá tratamientos específicos para cierto grupos, pero particularmente para las poblaciones evaluadas por la investigación científica, adherida al principio de beneficio al paciente.

Derechos cercenados. El derecho a la vida, a la salud y a sobrevivir cuando nunca se disfrutó de salud o se adquirió una enfermedad, es realmente lo que se pisoteó con el recurso de amparo que patrocinó una gran injusticia. En la práctica, se ha negado incluso el derecho a la oportunidad en salud.

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Quienes dedicaron todo su esfuerzo laboral a las investigaciones clínicas, especializándose en distintas facetas de su desarrollo, como los monitores que dan seguimiento al cumplimiento de protocolos, los expertos en buenas prácticas clínicas y aspectos regulatorios en la investigación, los empleados administrativos y profesionales de la salud que perdieron su trabajo o tuvieron que migrar al exterior, ojalá solo vivan una pesadilla transitoria y puedan recuperar la privilegiada posición que como país forjador de investigación, abandonamos gracias a un “recurso de amparo”.

En realidad se está viviendo una situación en la cual no se puede llevar a cabo una actividad no prohibida por la ley. ¿Qué sucedería si la población, mejor informada, descubriera que es válido recurrir a la honorable Sala Constitucional para iniciar trata- mientos novedosos y oportunos a sus padecimientos? ¿Con qué criterios se les va a responder? ¿Dejó de ser el Ministerio de Salud de Costa Rica su órgano técnico y rector en salud?

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