EscucharEn respuesta al artículo “ No es cierto, doña Alicia : El nuevo modelo del Gobierno no garantiza acceso universal y solidario”, que el señor Gerardo Fumero publicó en este medio el Foro, 03/03/2011, me veo obligada a hacer algunas aclaraciones al lector objetivo y ecuánime.
En primer término, las cifras y datos que utilizo en mi artículo, publicado en LaRepública, provienen del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, el cual en su página 35 indica: “La demanda energética viene aumentando entre el 5% y el 6% anual.
Los expertos estiman que con ese crecimiento, en veinte años se tendrá que duplicar la capacidad instalada para satisfacer la demanda.
Añaden que, simultáneamente, se está produciendo un descenso en el porcentaje de generación eléctrica producida a partir de fuentes renovables, y, por ende, un incremento de las opciones que utilizan derivados del petróleo como materia prima, la cual pasó de 0,8% en el 2004 a 7,4% en el 2008”.
Legislación necesaria. El actual modelo de desarrollo eléctrico sí requiere ser transformado para mejorar tecnológicamente y restablecer los niveles de confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro de energía para el futuro; por ello la Administración Chinchilla Miranda impulsa el proyecto de Ley General de Electricidad, expediente No.17812.
El país sí requiere de la pronta aprobación de legislación que ofrezca incentivar el uso de fuentes renovables de energía.
Por ello, se pretende la generación de energía eléctrica utilizando fuente limpias y de menor impacto ambiental, principalmente el recurso hidroeléctrico, que podría aprovecharse plenamente si regulamos el uso de fuentes renovables dentro de reservas indígenas y áreas silvestres protegidas, siempre salvaguardando el delicado equilibrio ecológico.
La legislación actual del sector energético cumplió exitosamente los fines para los cuales fue creada, pero hoy resulta omisa, parcial, dispersa, inconsistente, insuficiente y muchas veces obsoleta, interponiendo serios obstáculos al desarrollo.
Efectivamente, sí es una responsabilidad del Estado costarricense evitar el uso de hidrocarburos para la generación eléctrica; por ellos esta administración busca fortalecer las bases para ser, en el año 2021, el primer país del mundo que produzca el 100% de la electricidad que consume a partir de fuentes renovables de energía.
Por esto, la iniciativa legislativa dista mucho de constituir un retroceso, procurando crear las condiciones para la generación de energía limpia por medio de proyectos hidroeléctricos, geotérmicos y eólicos en todo el territorio nacional. Se busca establecer una ley marco de regulación que permita una relación clara entre el rector, el regulador y el operador, modernizando las estructuras vinculadas al sector e incentivando la inversión pública y privada para asegurar la producción de energías limpias a largo plazo.
En ese sentido, la ley que esta diputada vaya a apoyar, no irá en menoscabo del acceso universal y solidario, acorde con los principios socialdemócratas que orientan nuestro quehacer político en la Asamblea Legislativa.
