El titular del Ministerio de Cultura considera “invasivo” el proyecto que albergará a la Asamblea Legislativa. A criterio de una diputada, el lugar donde sesionan actualmente es una ratonera y, por lo tanto, se necesita un sitio mejor.
Eso se sabía desde hace tiempo y fue la razón por la que se llamó a concursar a los arquitectos para escoger, entre ellos, el diseño que mejor se adaptara a las comodidades de los diputados y a las necesidades urbanas de los ciudadanos que esperaban respeto a los valores patrimoniales. Solo que nadie advirtió que olvidaban pedir criterio a la oficina de Patrimonio Nacional, que es la que conoce y vela por preservar los valores históricos de los edificios costarricenses. ¿Cómo es que nadie notó esta omisión?
El ministro de Cultura se amparó en la ley que lo faculta para no avalar el diseño del edificio, por considerar, entre otras razones, su carácter invasivo, lo cual quiere decir que el mismo hace uso del espacio aéreo para “no tocar” lo existente y, así, burla la exigencia de no afectar físicamente el conjunto patrimonial.
Se podría tomar como que el nuevo edificio tiene un gesto amenazante, pero que no llega a consumar la agresión.
En esta ocasión ya no estamos hablando de que si me gusta o no me gusta el diseño, de si no hay otras propuestas que pudieron ser mejores, de si se parece a otros edificios conocidos… o de que si los diputados no pueden esperar más por un sitio mejor.
Se trata, ahora, de juzgar si los legisladores buscan la adecuada manera para que la ley actual no se cumpla, en un último gesto de poder, en los minutos que quedan de su mandato popular.
Los próximos diputados encontrarán, en la bandeja de entrada, la delicada tarea de decidir sobre un tema que parece ser una zancadilla a lo dispuesto por una ley que sería irrespetada por otra ley.
No nos queda más que esperar, después del 1.º de mayo, el desenlace de esta farsa que ya lleva gastados tiempo, dinero y paciencia de los ciudadanos.
Ojalá que los nuevos padres de la patria, muchos de ellos primerizos, adviertan las imprevisiones e imprecisiones que jalonaron el proceso del edificio del Congreso.
La disyuntiva a la que se enfrentan es aceptar como válido el calificado criterio del Ministerio de Cultura sobre la agresión a la imagen de los edificios históricos o avalar la tesis de que es prioritaria la comodidad de los diputados para trabajar por el bien de nuestra patria, sentados encima del patrimonio.