En estos últimos días, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) ha sido centro de múltiples titulares de prensa por un informe de la Contraloría General de la República (CGR). Lo que fue un informe rutinario de control ha llevado incluso a algunos políticos a solicitarle al gobierno que intervenga el Infocoop.
Lo político. En el contexto político se dan tantas interpretaciones del informe como intereses existan en los distintos escenarios o promotores con intereses particulares, aspectos que son muy ajenos al contexto de la interpretación técnica. Y es aquí donde nace la gran diferencia entre ambas interpretaciones.
Lo técnico. Desde la óptica de la Auditoría, es decir la interpretación técnica, el informe genera recomendaciones de mejora en los controles de los procesos evaluados. Estas mejoras son planteadas en un contexto que permite generar un plan de acción que posteriormente deberá ser evaluado por la misma CGR, y del que la Auditoría Interna de la institución deberá estar vigilante.
Las observaciones del informe son dirigidas, fundamentalmente, a hacer más robusto el esquema de riesgo de crédito, en un entorno que, por ser una institución de desarrollo, debe asumir un nivel mayor de riesgo, aunque eso no significa que deba debilitar su estructura de control. Este entorno de más riesgo es lo que le ha permitido al Infocoop brindar financiamiento en condiciones sumamente favorables a cooperativas de diversos sectores, las que en los últimos tiempos se han visto muy perjudicadas –principalmente del sector agroindustrial– y del que dependen miles de familias.
Pero, adicionalmente, el informe de la CGR establece mejoras en el cálculo de la tasa de equilibrio. Al respecto, es importante destacar que el Infocoop no contempla en su fórmula para el cálculo de tasa de equilibrio el costo de inflación y crecimiento anual, y esto se ha justificado en razón de los ingresos anuales que por ley le deben transferir los bancos del Estado, lo que, en términos financieros, son recursos frescos que vienen a incrementar el patrimonio de la institución.
Fortaleza institucional. Es preocupante que, a partir de interpretaciones, o como decimos los costarricenses, “el correo de brujas”, se pretenda debilitar una institución pionera en el desarrollo cooperativo del país, y del que dependen miles de costarricenses. Y lo que es más grave aún, que pongan en tela de duda los procesos de fiscalización de la Auditoría Externa, de la Auditoría Interna y de la misma Contraloría General de la República, porque ninguno de estos entes ha emitido un criterio que ponga en duda el manejo de los fondos públicos o ha establecido responsabilidades por el uso indebido de recursos.
Desde el punto de vista técnico, los programas de fiscalización que desarrollan las auditorías Interna y Externa permiten brindar una razonable certeza del uso adecuado de los recursos y un seguimiento oportuno a las recomendaciones para que el sistema de control interno fortalezca la institución.
Diferentes enfoques. Como se puede observar, dista mucho el enfoque técnico del enfoque político. No está en nuestro alcance referirnos a la parte política porque eso es propio de la Junta Directiva y su visión estratégica, pero si es importante destacar que lo político no debería estar por encima de lo técnico porque eso iría en perjuicio de las mejores prácticas de un adecuado sistema de gobierno corporativo.
Es justamente ese equilibrio entre lo técnico y lo político, junto con los entes de fiscalización, lo que hace que una Institución como el Infocoop se vea fortalecida en su sistema de control interno, que haga las mejoras correspondientes y que esto redunde en un mayor y eficiente uso de los recursos.
No es adecuado interponer intereses personales, políticos o de otra índole sobre los del bien común de miles de cooperativistas que integran el Infocoop. La estrategia y el control deben ir de la mano bajo un esquema que permita avanzar y seguir apoyando al sector cooperativo, con nuevas metodologías de control para cumplir con las disposiciones de la Contraloría General de la República, las que deben entenderse como disposiciones y no como sanciones.