Un grupo de ciudadanos, hombres todos, pertenecientes a las cúpulas de poder, casi todos corresponsables del amargo momento que vivimos como país, recomiendan una serie de medidas para mejorar el funcionamiento institucional y la democracia. Y pensamos que estábamos curados de espanto.
El informe de los llamados notables, con la notable ausencia de mujeres, evidencia el concepto de gobernabilidad en el mundo ideal del PLN: sin controles, sin contrapesos, sin oposición y sin diálogo. En resumen, sin democracia.
Es una visión disfrazada de democrática, pero que niega las mismas reglas de la democracia, como el sistema de pesos y contrapesos, el respeto al electorado que apostó por el multipartidismo, la rendición de cuentas y los controles institucionales. Aplicar esas recomendaciones equivaldría a institucionalizar la “mesa gallega” en el ejercicio del poder. Explico:
La oposición amordazada bajo la amenaza de disolución por parte del Ejecutivo.
La despenalización de los “errores humanos” es un contrasentido en la lucha contra la corrupción. Fácilmente se buscaría el “error humano” de la trocha.
Los informes de la Contraloría y la Procuraduría no serían más que “saludos a la bandera” si dejan de ser vinculantes, como recomiendan los notables, aunque señalen deficiencias de ejecución y uso irregular de recursos en programas del Gobierno. El informe incorpora elementos de parlamentarismo que parecen atractivos, pero al leerlos en el marco de esa visión de Estado, entran en una contradicción visiblemente intencional, que procura la instauración de un modelo superpresidencialista. Mesa gallega: presidencialismo y concentración de poder. Más concentración de poder, menos controles y un ejecutivo todopoderoso, esos son los objetivos que se esconden detrás de este documento. Salvo las importantes observaciones separadas de Manrique Jiménez, esos objetivos parecen muy coincidentes entre los “notables”. El informe se limita a una revisión superficial del diseño institucional sin profundizar en otras causas más importantes, relacionadas con las prácticas del partido en el poder y la idoneidad de las personas que ejercen cargos públicos.
Sobre el funcionamiento de la Asamblea Legislativa se ha dicho bastante y no entraré a analizar las recomendaciones. Particularmente estoy de acuerdo con la eliminación de la consulta facultativa por el fondo y con establecer plazos de votación, pero estableciendo trámites diferenciados, según la complejidad y alcance del proyecto.
Es más relevante iniciar la transición hacia un sistema parlamentario y permitir candidaturas a diputaciones fuera de los partidos políticos. También introducir un mecanismo que regule la admisibilidad de los proyectos de ley, y así evitar el ingreso de vergonzosas ocurrencias que, en su intento de convertirse en ley, malgastan recursos y tiempo de los legisladores. Mejores leyes, más concordantes y sólidas. ¿Cuándo empezaremos a medir la Asamblea por la calidad de las leyes y la eficacia y oportunidad del control político, y no por la cantidad de leyes que emite?
El sistema político debe actualizarse en procura de una democracia más participativa y una institucionalidad eficiente y transparente, pero el camino sugerido por los notables va en la dirección opuesta. Con el mismo entusiasmo e interés, tendríamos que analizar políticos, académicos, medios de comunicación, sectores sociales y productivos y la sociedad como un todo otros documentos de grupos de la sociedad civil que ofrecen mejores rutas hacia esa modernización.