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Inspectores superpoderosos

Actualizado el 25 de junio de 2017 a las 10:00 pm

Sin una sentencia condenatoria, se les impondría a los patronos sanciones millonarias

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Inspectores superpoderosos

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En estos días se discutirá en la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de ley para fortalecer la inspección de trabajo (expediente 19.130). La pretensión es darles fuerza a los inspectores de la Dirección Nacional de Inspección (DNI) del Ministerio de Trabajo para que, sin contar con una sentencia condenatoria, impongan directamente a los patronos sanciones millonarias, e incluso a los representantes patronales a título personal, cuando consideren que existen infracciones a las normas laborales.

Las preguntas inmediatas son: ¿Por qué quieren hacer este cambio y por qué las diputadas Patricia Mora y Sandra Piszk han impulsado con tanto ahínco este proyecto para delegar en funcionarios del Gobierno Central, a quienes ni siquiera se les exige ser abogados, la delicada responsabilidad de interpretar y aplicar la ley? Como si fuera poco, se les faculta para castigar a los “culpables” con altas multas y hasta con el cierre temporal de sus empresas.

En nuestro país existe un procedimiento judicial claramente establecido en el Código de Trabajo para juzgar las infracciones. No estoy abogando por la impunidad, sino en contra de una reforma arbitraria.

Cambio de reglas. Me sorprende que haya intención de cambiar las reglas del juego. Estamos a pocos días de la entrada en vigor de la aclamada reforma procesal laboral (RPL); fueron precisamente los diputados que están hoy en Cuesta de Moras quienes nos dijeron que habían votado a favor de aprobarla porque así nos garantizaban que las demandas se tramitarían en menos tiempo del acostumbrado. Entonces, ¿por qué quieren ahora sacar las infracciones de las salas de juicio para dárselas al Ministerio de Trabajo?

No quisiera pensar que los diputados están dudando de la capacidad de los jueces de hacer efectiva la promesa de justicia pronta y cumplida.

Otra pregunta básica: ¿Confiamos tanto en el buen juicio, la objetividad y, principalmente, en la imparcialidad de los inspectores de la DNI como para servirles en bandeja de plata una dosis sustanciosa de autoridad represiva que podrían utilizar a su antojo en contra del sector productivo de este país?

No dudo que quienes proponen implementar estos cambios lo estén haciendo con las mejores intenciones; sin embargo, podrían acabar recetándole al país un remedio más letal que la misma enfermedad. El problema con el poder en la función pública es que cuando se contagia de arbitrariedad se descompone y nace la corrupción.

Tengamos claro esto: de aprobarse el proyecto, la continuidad de un negocio o el despido masivo de trabajadores, en muchos casos, dependerá de la decisión del inspector que visita la empresa. Con un desempleo del 9,1% no estamos para ponernos a experimentar con este tipo de iniciativas.

Debilitamiento. La solución no vamos a encontrarla fortaleciendo el aparato administrativo a costa de debilitar al sector productivo. Tenemos una tasa de empleo informal del 43,2% que abarca aproximadamente 891.000 personas, de la cuales 551.000 son hombres y 340.000, mujeres. ¿Cómo van a beneficiarse estos trabajadores del proyecto de ley si se quedan sin la actividad que les procura los medios de subsistencia?

Los cambios propuestos, en lugar de crear puentes que lleven de la informalidad a la formalidad, podrían incentivar la transición a la inversa.

Les pregunto a los diputados que han decidido votar a favor del proyecto: ¿Cuál estudio técnico han analizado para concluir que la erradicación de la informalidad se logrará aumentando los costos para las empresas, imponiéndoles multas millonarias y cerrando con candado los pequeños negocios?

Además, creer que este proyecto afectaría solo a los negocios informales es una ingenuidad y un desconocimiento total de la realidad del proceso de inspección. Le pongo este ejemplo: imagine que usted cumple las leyes laborales, pero un día recibe la visita de un inspector para notificarle que usted está pagando menos del salario mínimo al tener mal clasificados a los trabajadores.

Para el inspector, lo correcto es que les pague el sueldo de la categoría de especializados y para usted esos trabajadores son calificados. Estamos hablando de una diferencia en el salario de casi ¢41.000 por trabajador al mes. Si le sumamos el costo laboral, se acercaría a la suma de ¢60.000.

Esa discrepancia podría implicar que tenga que pagar varios millones para cubrir la sanción y, además, quedar obligado a ajustar las remuneraciones salariales en un monto mayor al permitido por sus ingresos. ¿Qué le queda? Podría optar por despedir una parte de la planilla, dedicarse a otra actividad o cruzar la acera hacia la informalidad.

Y, como si fuera poco, el proyecto propone que los patronos sancionados por infracciones sean acusados también ante la Caja Costarricense de Seguro Social y exhibidos para el escrutinio público en una lista negra que el Ministerio de Trabajo publicará en su sitio electrónico.

Carencias en control. Adicional a lo dicho, resulta curioso que quieran darle más fuerza a la DNI cuando, según criterio de la Contraloría General de la República (informe DFOE-EC-IF-16-2013), presenta importantes carencias y debilidades en el proceso de control y seguimiento de las labores que le son asignadas.

Quienes están en la informalidad en su gran mayoría no son criminales ni personas indeseables a las quienes debamos castigar quitándoles la plata de la bolsa, ni mucho menos los medios de subsistencia. Hay que buscar la manera de formalizar su actividad, no de destruirla.

Los diputados, en lugar de ocupar el tiempo persiguiendo a la gente que trabaja y produce, deberían sentarse a discutir cómo hacer para que en este país la formalidad no sea tan cara.

La autora es abogada laboralista.

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