Opinión

Iniciativa que merece ser apoyada

Actualizado el 05 de noviembre de 2016 a las 12:00 am

Lo que procedería es uniformar la totalidad del sistema de pensiones del sector público y privado

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La preocupación generalizada en la Asamblea Legislativa por la difícil situación económica de las finanzas públicas ha despertado en los sectores más conscientes del país la esperanza de que, en vez de continuar comulgando con vulgares mentiras patrioteras de quienes hasta el momento han tratado de vendernos el cuento de que vivimos en Jauja y que, comparados con nuestros vecinos, estamos en el paraíso terrenal, finalmente se tomarán las medidas necesarias para sanear la Hacienda Pública y rectificar el rumbo que tradicionalmente nos han marcado grupos de presión y políticos demagogos.

Precisamente porque el país ya está cobrando conciencia de que ha llegado la hora “de socarse la faja” y tomar medidas heroicas, antes de que sea demasiado tarde, resulta chocante la defensa ensayada por altos funcionarios del Poder Judicial para preservar incólumes los beneficios que les concede su régimen de jubilaciones –excepcional y privilegiado– que concede pensiones hasta de más de ¢ 9 millones, según lo manifestó el diputado Franklin Corella ( La Nación, 29 de octubre).

El artículo 33 de la Constitución Política consagra el principio, no que todos seamos iguales, como a veces irreflexivamente se afirma, pues tal cosa no tiene sentido alguno, sino de que la ley debe aplicarse por igual a todos los que se encuentren en las condiciones que la misma norma concreta establece.

Por tanto, resulta altamente ofensivo para los pensionados de otros regímenes menos favorecidos que integrantes de la Sala Constitucional, a la que corresponde garantizar la aplicación de las normas y los principios constitucionales, salgan a defender públicamente un régimen de esta clase, simplemente por cuanto ellos resultan ser beneficiarios directos.

Amenazas. Pero el malestar aumenta si, como lo afirma La Nación del 29 de octubre, uno de los protestatarios manifestó en una desafortunada intervención, en la Corte Plena, que existe el peligro de que los funcionarios judiciales que en el futuro vean caer su pensión a un límite máximo de ¢ 4.700.000 puedan ceder ante cualquier tipo de ofrecimiento “inadecuado e irregular”.

En otras palabras, para ese magistrado, en Costa Rica la justicia tiene un precio y este es que se mantengan los actuales privilegios a los funcionarios judiciales, ahora y en el futuro.

La iniciativa que comentamos establece un sano precedente, pues reivindica la facultad que el artículo 121 de la Constitución le otorga a la Asamblea Legislativa para dictar las leyes que estime oportunas, reformarlas y derogarlas, sin que tal facultad pueda quedar condicionada a respetar “derechos adquiridos al amparo de leyes anteriores”.

Uniformar regímenes. Aunque apoyo la iniciativa, por cuanto establece un sano precedente, el proyecto en realidad se queda corto, pues lo que pretende es simplemente fijar un tope de ¢4.700.000 a las futuras pensiones del Poder Judicial y un impuesto del 20% a las actuales, que excedan ese tope.

En justicia, lo que procedería es uniformar, hasta donde sea posible, la totalidad del sistema de pensiones del sector público y privado a fin de tratar de que no haya en nuestro país discriminaciones caprichosas e injustificadas.

Naturalmente, pese a su justicia innegable, debemos contar por anticipado con la tenaz oposición de los sindicatos del sector público, cuyos agremiados solo tienen una idea fija: hacerse burgueses, aunque esto sea por el camino de lo que ellos llaman “hacerse socialistas”.

El autor es abogado.

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