Opinión

Ingobernabilidad e inercia

Actualizado el 03 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

La informalidad aumenta por falta de una respuesta ágil del sector público

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Ingobernabilidad e inercia

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El sector público requiere, hoy como nunca antes, simplificarse para tener más control y, ante todo, conseguir una mejor gobernabilidad y ahorro.

No puede ser que duremos decenas de años para construir una carretera o arreglar un puente. No se vale que un desarrollador deba esperar casi un año para conseguir la aprobación de los permisos para construir un edificio.

Cada día aumenta la informalidad por la falta de una respuesta ágil de un sector público que no se moderniza y, al contrario, crece, sin que le exijamos resultados, ni evaluemos costos o sostenibilidad a largo plazo.

Estamos atrapados en miles de trámites que asfixian a los emprendedores. Paradójicamente, en lugar de fortalecer el programa de mejora regulatoria del Ministerio de Economía, nos plantean crear un nuevo ente para reducir trabas a las empresas.

Además, se afirma como una realidad que los costos operativos de la nueva institución saldrán de los ahorros generados por las reestructuraciones. Parece sencillo, pero la historia nos dice que la realidad es otra.

La nueva institución funcionaría como un órgano semiprivado, fuera del régimen del Servicio Civil. Está claro que debemos mejorar la capacidad de respuesta del sector público y tenemos que romper la inercia y la apatía cultural en el campo administrativo.

Antes de crear nuevas instituciones, debemos analizar el problema cultural que se agrava por la inamovilidad laboral en el Estado.

Tiempo de austeridad. Lo urgente es detener el desperdicio de recursos públicos, lo cual sucede cuando el Estado emprende nuevas aventuras, como la refinería de petróleo, por ejemplo.

Todavía no hemos aprendido la dura lección que significó para Costa Rica Codesa, la locura de meter al Estado a hacer de empresario.

La calidad de nuestra infraestructura es cada vez más deplorable, pero ahora se plantea, como tabla salvadora, crear una nueva institución, en lugar de revisar cuidadosamente la estructura humana y financiera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de las instituciones bajo su tutela.

Contamos con más de 329 instituciones. Lo preocupante es que nacen otras y ninguna se cierra, a pesar de que varias están obsoletas o no cumplen sus objetivos.

El Gobierno Central tiene 18 ministerios y 81 órganos adscritos que cuentan, a su vez, con departamentos de prensa, archivo, planificación, asesoría legal, proveeduría, recursos humanos, servicios generales y cómputo.

Tal maraña genera duplicación de funciones, poco control, costos aumentados, estructuras salariales diferentes, ineficiencia y responsabilidad diluida.

Para el ciudadano es un problema muy serio porque debe ir a diferentes oficinas, cuando lo lógico sería que cada ministerio reúna en un solo edificio los órganos relacionados con su dependencia.

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) tiene a su cargo seis museos, un centro de música y de cine, dos teatros, una comisión de defensa del idioma, un consejo de la persona joven y el Archivo Nacional. Como parte de su responsabilidad, debe coordinar el Sinart y la Editorial Costa Rica.

Dichas instituciones tienen directivas conformadas por diferentes actores de nuestra sociedad. Por ejemplo, en el Teatro Mélico Salazar, solo un miembro de sus directores es nombrado por el ministro.

Las juntas directivas, usualmente, son nombradas por los ministros, los miembros de las academias, el Consejo de Rectores, las asociaciones profesionales, las fundaciones, los gremios empresariales, los sindicatos, la Procuraduría, las universidades públicas y otras organizaciones.

Cabe preguntarse qué ministro tendrá la capacidad de dirigir semejante concierto.

El Ministerio de Agricultura (MAG) también nos sirve para dimensionar el asunto.

El MAG debe coordinar y fijar directrices a seis entes públicos no estatales, como Icafé, Conarroz, Corporación Hortícola, Laica, Corporación Ganadera, Salineros y Cabuya. Como parte de su responsabilidad, también tiene bajo su responsabilidad el CNP, el Inder, el Incopesca y el Senara, instituciones autónomas con su propia estructura.

Además, como empresas públicas que el MAG debe ordenar y coordinar están el INTA, la Junta Avícola, la Junta Porcina, la Oficina de Semillas, el Sepsa, el Servicio Fitosanitario del Estado, Senasa y Corbana.

El complejo cuadro de organización lo componen, asimismo, el PIMA, una institución semiautónoma, y la Fanal, un híbrido de institución.

Pero lo más complicado en este panorama es que los directores de dichos entes son nombrados por bancos, cooperativas, cámaras, productores y asociaciones. ¿Valdrá la pena fusionar instituciones y buscar operatividad y reducción de costos?

Vamos ahora con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

A su cargo están el Cosevi, El Consejo de Transporte Público, el Conavi, el Consejo Portuario, Aviación Civil, el muelle de Golfito, el Tribunal Administrativo de Transportes, el Consejo de Concesiones, el Instituto Geográfico Nacional e instituciones autónomas como el Incoop, Japdeva y el Incofer.

En Vivienda tenemos el INVU, el Ministerio de Vivienda y el Banhvi.

El resultado es la falta de coordinación y políticas claras.

Soluciones. Un cambio significativo es reordenar las juntas directivas de los 81 órganos adscritos a los ministerios. La idea es darles más autoridad a los jerarcas para que asuman sus responsabilidades.

Es imposible mantener estructuras feudales que debilitan la gobernabilidad. Hay que unificar dietas y establecer entre cinco y siete el número de sus integrantes.

Debe exigírseles a los miembros de las juntas directivas requisitos profesionales y experiencia.

Es fundamental centralizar los órganos adscritos en un solo edificio para reducir costos de alquiler, facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios y centralizar salas de juntas, trabajos secretariales, auditoría, computo, recepción y análisis contables.

Esta sola acción bajaría dramáticamente los costos operativos. Tal reestructuración es posible sin necesidad de grandes reformas legales.

El presidente Luis Guillermo Solís debe volver a convocar a las personas más calificadas del país para hallar soluciones. No podemos seguir dando mayores privilegios a cientos de empleados públicos. Debemos ordenar el empleo en las 329 instituciones.

Llegó el momento de buscar salidas valientes a los graves problemas sociales que se han generado por la falta de enfrentarnos, con seriedad, a los cambios estructurales que están generando altos costos e ineficiencia a la operación del Estado.

Jorge Woodbridge es ingeniero.

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