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Infraestructura: debate electoral

Actualizado el 21 de octubre de 2012 a las 12:00 am

No podemos darnos el lujode seguir perdiendoel tiempo

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Infraestructura: debate electoral

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En el año 2009, en pleno proceso electoral, la propuesta del Gobierno de turno de impulsar el Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) ocupó la atención de diversos sectores. Y como es costumbre, el debate se centró en atacar el proyecto con argumentos sumamente débiles y cargados del característico sesgo ideológico. Hoy en día, a las puertas de un nuevo proceso electoral, vale la pena tratar de anticipar lo que podrían ser algunas de las posturas en torno al tema infraestructura –especialmente en lo referente al papel del sector privado– y plantear argumentos que contribuyan al desarrollo de un debate serio.

El Estado cuenta con suficientes recursos. Quienes ideológicamente se oponen a la participación del sector privado posiblemente argumentarán que el Estado cuenta con recursos suficientes. Sin embargo, al analizar el Presupuesto del Conavi para el 2012, es evidente que el Impuesto a los Combustibles ($155 millones) y el Impuesto a la Propiedad de Vehículos ($90 millones) no aportan en conjunto ni un 10% de los $2.500 millones anuales que el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 estima se deben invertir para ponernos al día en el tema de transporte. Asimismo, debemos tener muy presente que infraestructura no se limita únicamente a vías de comunicación. En el campo de la infraestructura social, el AYA (2011, Rendición de Cuentas 2011) y el MEP (2011, Proyecto de Ley Expediente 18.258) estiman requerimientos de inversión por $1.800 millones y $1.000 millones, respectivamente. Mientras tanto, la Caja Costarricense de Seguro Social (2011, Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión Infraestructuras y Tecnologías 2012-2016) enfrenta un programa de desarrollo de infraestructura cercano a los $800 millones para el período 2012-2016.

APP, esquemas de poco alcance. Otro de los puntos que podrían escucharse durante el proceso electoral es que la inversión privada solamente es viable en menos del 10% de la red vial nacional. Respecto a este tema es necesario recalcar que los esquemas APP no son exclusivos de proyectos grandes, no implican necesariamente el establecimiento de tarifas directas sobre los usuarios (ej. peajes) y no se limitan a la figura tradicional de concesión. Las APP consideran una amplia gama de esquemas, entre ellos los contratos de administración, BOT (Build Operate Transfer, peaje sombra), llave en mano, sociedades mixtas (Joint Ventures), leasing , entre otros. Asimismo, la decisión de ejecutar un proyecto mediante la participación del sector privado no debe estar vinculada únicamente a la falta de recursos por parte del Estado.

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De hecho, las mejores prácticas a nivel internacional señalan el concepto de Valor por Dinero (VfM) como el elemento central para la toma de decisiones. Según el criterio VfM, un proyecto debe desarrollarse mediante una APP siempre y cuando a) la APP resulte en un menor costo a lo largo de todo el ciclo de vida vs. la alternativa estatal y b) el Estado y/o los usuarios tengan la capacidad de hacer frente a los costos y pasivos contingentes del mismo. De esta manera, el concepto VfM no solamente se convierte en una guía en el tema de inversión privada, sino también crea un incentivo para que el Estado abandone esa visión cortoplacista donde la planificación de proyectos se limita únicamente a su construcción y se hereda a las futuras generaciones el pago del financiamiento, mantenimiento, reconstrucción y demás costos asociados.

APP han demostrado que no funcionan. Se argumentará también que las APP en su figura de concesión no funcionan y que parte de eso se refleja en el escepticismo de una parte importante de la ciudadanía.

Es claro que hay mucho por mejorar, pero no es justo para el país quedarnos en la permanente crítica sin ofrecer soluciones concretas y sostenibles en el tiempo. En este sentido, tal y como lo he expuesto en artículos anteriores ( La Nación , 02/09/2012), el tema pasa por la ejecución de una verdadera Política Nacional APP, la cual tendría como pilar la sustitución del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) por un nuevo Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas (Conapp), que bajo un marco de independencia, persiga los objetivos de: a) Promover una óptima utilización de los recursos de los contribuyentes y/o usuarios; b) Garantizar los principios de independencia, transparencia, rendición de cuentas y acceso a información; c) Desarrollar los procesos de licitación y adjudicación en un marco de competencia y seguridad jurídica para los participantes; d) Garantizar la adecuada fiscalización de los proyectos, y e) Proveer de la capacitación y el desarrollo de conocimiento en temas APP entre las instituciones del Estado.

Utilicemos los recursos de las pensiones. Por último, es muy probable también que surja la propuesta de utilizar los recursos de los regímenes de pensiones. Y es que con un Sistema Nacional de Pensiones administrando recursos por más de $11.000 millones (Informe Trimestral de Pensiones, Junio 2012), es una excelente iniciativa considerando la necesidad de financiamiento para obras de infraestructura y la oportunidad que abriría a los diversos regímenes para diversificar su portafolio. Sin embargo, se debe tener presente que estos recursos son propiedad de los afiliados y es obligación de quienes los administran el realizar solamente aquellas inversiones que brinden una adecuada relación riesgo rendimiento en el largo plazo. Por lo tanto, el planteamiento de recurrir a las pensiones no es un sustituto de la ejecución de una Política Nacional APP, sino más bien esta última se convierte en un requisito previo para brindar a los fondos de pensión la seguridad, transparencia y seriedad requerida para poder direccionar parte de sus recursos a proyectos de infraestructura.

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Nos encontramos a las puertas de un nuevo proceso electoral y tanto ciudadanos como actores políticos tenemos la responsabilidad de encausar el debate hacia la discusión de las soluciones serias, concretas y sostenibles que el país se merece. Es hora de actuar; Costa Rica no puede darse el lujo de seguir perdiendo el tiempo.

Lic. Federico Villalobos Carballo . Economista especialista en Alianzas Público-privadas

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