Opinión

Informar con la verdad

Actualizado el 09 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

Opinión

Informar con la verdad

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Quiero referirme a la respuesta que, en nombre de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, envié a la Comisión Permanente de Gobierno y de Administración de la Asamblea Legislativa en la discusión de la Ley para la Libertad Religiosa y de Culto, sobre todo por el desvío del espíritu, intención de fondo y mensaje general, es decir, de la interpretación del texto que hiciera el periodista Esteban Mata, en el periódico La Nación , en la edición del 2 de setiembre del 2014, bajo el titulo “Obispos rechazan injerencia en otras religiones”.

Un proyecto cuya meta sea expresamente la libertad religiosa, ya garantizada tanto en el artículo 75 de nuestra carta magna como en los instrumentos de derecho internacional suscritos por el país y que tienen rango mayor a la ley, debe promover que en Costa Rica todo ser humano pueda ejercer libremente el derecho a profesar y manifestar, individual o comunitariamente, la propia religión o fe, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, las publicaciones, el culto o la observancia de los ritos, y que no deba haber obstáculos a quien quisiera adherirse eventualmente a otra religión o no profesar ninguna.

Nos adherimos a la tesis de la necesidad de propiciar un ordenamiento jurídico que cumpla su deber de respetar y defender la dignidad de todos y la efectiva tutela de este derecho fundamental, sin enfatizar la seguridad jurídica y el apoyo económico del Estado a un sector, en menoscabo de los otros.

Desde esta tesis, los ciudadanos católicos y, en general, todos los creyentes tenemos el mismo derecho a aportar a la discusión pública las ideas sobre el justo orden, y “de allí que nos extrañe que en este proyecto, sin justificación de fondo, queda excluida la Iglesia católica de cualquier marco que legitime, también, su seguridad jurídica. Este tipo de limitaciones arbitrarias, que sin duda alcanzó a otros credos religiosos, no necesariamente cristianos, no expresan el legítimo pluralismo y el principio de laicidad propio de un Estado moderno”.

Mientras transitamos hacia un Estado laico, con una formulación madura sobre el modo correcto de entender la distinción y colaboración entre los poderes civiles y la religión, pareciera, más bien, que este proyecto quiere darle al Estado la potestad de tener cierta injerencia religiosa que le permita, de modo abusivo, marginar e, incluso, excluir a algunos creyentes de la vida pública, una política que es propia de los Estados autoritarios.

La información de Esteban Mata pareciera tener como propósito principal el confrontar a la Iglesia católica con los sectores promotores, asunto en el que no tenemos ningún interés, y, al mismo tiempo, desviar la atención hacia el tema de algunos subsidios o contribuciones que la Iglesia, como otros cultos, recibe en razón de actividades que, sobre todo en el campo de promoción humana, realiza.

Al respecto, repito las enseñanzas del Concilio Vaticano II: “La misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil; más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tanto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio...” ( Gaudium et Spes , Nº 76).

Como signo de nuestra apertura al diálogo, invito a seguir caminando en la discusión de una sana laicidad del Estado costarricense para que sea ese el ámbito en el cual una eventual ley sobre libertad religiosa pueda fraguarse.

Óscar Fernández Guillén, obispo de Puntarenas y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

  • Comparta este artículo
Opinión

Informar con la verdad

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota