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Informaciones tendenciosas

Actualizado el 03 de abril de 2013 a las 12:00 am

Se hizo un tratamiento impreciso de una denuncia infundada

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El periódico La Nación , en su edición del miércoles 27 de marzo del 2013, publica una información bajo el título “ Fiscalía sigue causas contra 18 altos funcionarios públicos ”, en la que se hace un tratamiento impreciso e incorrecto de una infundada denuncia contra la señora presidenta de la República, que amerita nuestro total rechazo.

En relación con la denuncia que tramita el Ministerio Público, el Decreto 37262-MSP, el cual contiene normas de carácter general, fue publicado en el alcance No. 122 de La Gaceta , 168 del 31 de agosto del 2012, es decir, antes de haberse dado el desalojo administrativo en el asentamiento Guadalupe de Liberia, finca El Aguacate, el cual se hizo efectivo el 14 de setiembre.

En el transcurso del desalojo, la oficial de policía a cargo de la confección del acta, por error consignó el No. 37263 cuando lo procedente era 37262. Este intrascendente error material ni invalida el acto administrativo, ni es constitutivo de delito alguno, y mucho menos pueden extraerse de él elementos de imputación hacia la señora presidenta, quien es ajena absolutamente a este tipo de procedimientos de desalojo, los cuales se dan fuera de su ámbito de competencia y bajo la exclusiva responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública. Además, la señora presidenta ni siquiera ha sido notificada de la existencia de esa supuesta denuncia.

El decreto se refiere al “Reglamento para trámite de desalojos administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública”, es decir, que es una norma general para aplicarse a todos los desalojos que se tramiten y no a este o ningún otro caso concreto.

El infograma al que La Nación le dedica toda una página y que encabeza con una fotografía de la señora presidenta señala que “el proceso se refiere a un desalojo en Liberia ordenado por la presidenta”. Esto es simplemente falso. Como señalamos, la señora presidenta nada tuvo ni tenía que ver con estos procedimientos, que son, además, procedimientos ordinarios que regularmente lleva el Ministerio de Seguridad. Lo anterior debe ser motivo de aclaración por parte de este diario, pues no hubo absolutamente ninguna orden girada por la presidenta, ni ella tuvo que ver en nada con el acto en cuestión.

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Finalmente, debemos manifestar el malestar del Gobierno de la República por el enfoque y amplio despliegue que se le dio a esta información. No solo la presidenta nada tuvo que ver con las actuaciones del Ministerio de Seguridad, sino que se trata de actos que obedecen a potestades que el ordenamiento jurídico le otorga a ese despacho, el cual solo cumple con su deber legal cuando procede a ejecutar los desalojos respectivos. Es realmente inaceptable el juego malintencionado al que algunos recurren para tratar de enlodar el nombre de la señora presidenta y relacionarla indebidamente con supuestos actos delictivos.

Ya es de por sí enfermizo que algunos pretendan endosarle a la señora presidenta cualesquiera actuaciones no gustadas de la Administración Pública, aunque sean conformes con el ordenamiento. Pero ahora resulta que cualquier denuncia, por más descabellada que sea, amerita un espacio tan amplio en este diario.

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