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Actualizado el 28 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

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En relación con la nota “Contraloría indaga a 3 asesores de Recope por refinería china”, publicada en este diario el pasado 22 de noviembre, deseo manifestar lo siguiente:

Es importante aclarar que dicha publicación sobre un proceso administrativo a tres asesores de la Junta Directiva de Recope –la cual decidió aprobar el estudio de factibilidad para la construcción de la refinería en Limón y seguir adelante con el proyecto– solo indica que la Contraloría General de la República inició procedimientos para tratar de determinar la verdad real.

La Junta Directiva tuvo en su poder para la decisión no solo lo manifestado por tres asesores en una breve sesión, sino también cinco informes formales, escritos y firmados por 16 asesores de Recope, y un equipo técnico de calidad mundial contratado como asesor externo. En total, participaron 20 asesores especializados en diferentes campos profesionales, o sea, un equipo de asesores multidisciplinario nacional e internacional de nivel mundial, calificado como lo dictan las mejores prácticas internacionales en gestión de proyectos.

Esos cinco informes a los que tuvieron acceso los miembros de la Junta Directiva de Recope para tomar su decisión indican claramente que el estudio de factibilidad estaba bien estructurado metodológicamente, y lo único que requería era mejorarlo y optimizarlo para garantizar datos mas claros y contundentes. Ningún asesor dijo que el estudio de factibilidad fuera incorrecto, pero sí se indicó que era necesario subsanar algunos aspectos para mejorarlo. Además, el informe de impacto social es contundente en afirmar que, si no se hace la refinería, se debe prescindir de 401 empleados de Recope, aumentando la crisis de desempleo y malas condiciones en Limón, que repercuten en todo el país.

Los resultados finales de diseño básico, la oferta firme de construcción y la verificación de una compañía independiente española contratada por Recope indican que, más bien, la inversión está por debajo en $100 millones con respecto al mercado internacional y, además, se alcanzan todos los requerimientos técnicos, de especificación de productos y financieros, y, por lo tanto, estos resultados finales han afirmado, sin lugar a dudas, que la decisión de aprobar el proyecto y construirlo fue una óptima decisión técnica. Por supuesto, como en cualquier otro proyecto, hay oportunidades de mejora y saneamientos que hacerle, lo cual es lo normal en cualquier proyecto que se administre en un rango razonable de riesgo.

Los beneficios del proyecto no solo son financieros, pues a cualquier Gobierno y al país le interesan más los beneficios sociales que los meramente financieros, y con este proyecto los hay en abundancia. Precisamente, el interés público y la probidad que debe guardar el empleado público, y, principalmente, la Junta Directiva y la Contraloría General de la República, son los beneficios sociales: generación de empleos directos e indirectos, activación de la economía, nuevos ingresos frescos tributarios, transferencia tecnológica y del conocimiento, desarrollo local y para el país, etc.

Claro, en este proyecto se tiene la nebulosa de quienes hacen el gran negocio con la no construcción de la refinería, los intermediarios extranjeros que le venden combustibles terminados al país, y que, por su intermediación, reciben en total más de $400 millones por año. Todavía no entendemos por qué este factor de los intermediarios extranjeros no es valorado por la Contraloría y otros personajes públicos y políticos.

Legalmente, no tiene sentido ningún procedimiento cuando los resultados técnicos, financieros y sociales son positivos e indican el beneficio-país. La ingeniería que se hizo está lista para iniciar la construcción y fue validada por un grupo de nueve ingenieros, el contrato de construcción fue validado por una compañía de nivel mundial y la legalidad de la contratación de HQCEC está demostrada como correcta, y que todo se debió a un error de traducción y que la Contraloría refrendó documentos no traducidos oficialmente, por lo que sus informes carecen de fundamentación legal. La Contraloría lo sabe, pero no entendemos por qué razón no ha ratificado con tan evidente claridad sobre el proyecto.

Es lamentable que pesen más las posiciones políticas y la no aceptación sincera de errores de interpretación que el bienestar y futuro de Limón y del país, y el mantener buenas relaciones diplomáticas y comerciales con una nación que es la única con el potencial para ayudarnos, y que será, a muy corto plazo, la primera potencia económica del mundo, la cual nos dará oportunidades de crecer en exportaciones, empleo y bienestar social.

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