La serie de notas de La Nación , respecto al proyecto de ampliación y mejoramiento de la carretera a Limón, publicadas los días 25 y 26 de noviembre, es desafortunada por sus múltiples imprecisiones, comentarios sesgados y errores, que distorsionan la opinión pública en un tema en el cual el Poder Ejecutivo siempre ha estado dispuesto a contestar interrogantes originadas en el discurso politiquero, replicadas por medios de prensa que prefieren la nota amarillista que la información objetiva y responsable, por captar más audiencia.
Es muy lamentable que ello genere una falsa percepción de un proyecto tan importante como urgente, con el grave riesgo de que puedan conducir a que se prive, o al menos se demore y encarezca, la construcción de una obra pública vital para no solamente los limonenses, sino también para todo el país. A continuación, me referiré a las principales imprecisiones cometidas en la serie de artículos que definieron titulares de primera página, y que urge aclararlos a la opinión pública.
El titular y tema de fondo del reportaje del día 25 es erróneo, al afirmarse que “Gobierno aceptó constructora china sin revisar antecedentes”. Como se informó el día de la entrevista, desde que se comenzó a negociar el préstamo, el Gobierno de Costa Rica recibió notas de parte del Ministro de Transportes de China, en las cuales específicamente designaban a la empresa CHEC como contratista a cargo de las obras, lo cual es válido en nuestro ordenamiento jurídico. Al tratarse de un préstamo de país a país, y con una entidad pública, nuestra legislación faculta una contratación directa, permitiendo evitar un proceso licitatorio de años; no siendo extraño que en Costa Rica la adjudicación de concursos públicos tome hasta dos años.
La posibilidad de generar una contratación directa permite ahorrar costos, pues en contrataciones concursadas, durante el lapso entre la aprobación de fondos y la adjudicación, los materiales y procesos se encarecen; en el caso de la RN32, el precio de la obra ya está definido, sin posibilidad de que los precios se incrementen por encarecimiento de materiales, ni por cambios en alcances de obras una vez que se cuente con diseños finales. El precio es definitivo.
En el momento en que se planteó que CHEC ejecutara las obras, el MOPT no aceptó a ojos cerrados. Todo lo contrario: comenzó un proceso de análisis de dicha empresa, en que se valoraron sus atestados, se analizó la cantidad y calidad de obras ejecutadas, las capacidades de dicha empresa y su perfil en la ejecución de importantes obras, no solamente viales. La empresa CHEC no solo ha ejecutado obras por más de $15.000 millones en todo el mundo, sino que tiene un tamaño y organización aptas para ejecutar las obras de la RN32 eficiente y efectivamente, como fue constatado por el personal del MOPT desde el inicio de las negociaciones del préstamo y durante el proceso de formulación técnica de la obra.
Los cuestionamientos que recientemente se han ventilado en la opinión pública han sido aclarados por la empresa CHEC, dejando claro que ellos nunca han sido procesados judicialmente, ni sancionados, y que, más bien, en los países donde supuestamente se les ha cuestionado, han ganado reconocimientos por la excelencia de sus labores, como el que recibieron recientemente de parte de la agrupación de profesionales de la construcción de Jamaica.
La restricción de contratación de CHEC con el Banco Mundial obedece a una sanción impuesta a la empresa CRBC, muchos años antes de que esta empresa se fusionara con CHEC, a nivel de casa matriz, para constituir la corporación CCCC; sanción que abarca a CHEC por un cambio reciente de políticas del Banco Mundial, sin que inicialmente estuviesen cubiertos por tal restricción y sin que impida que subsidiarias de CCCC incluso trabajen en Estados Unidos de América o que se asocien con organismos vinculados, incluso, con el Banco Mundial.
La serie de reportajes de los días 25 y 26 critica que, para el estudio de razonabilidad de precios generado por Cal & Mayor, “solo (sic) se contaba con información parcial o mínima en aspectos tales como topografía, cartografía, medidas de impacto o mitigación ambiental”, de la misma forma que el titular del día 26 indica que “MOPT aprobó costo de ampliar ruta 32 con datos parciales”, cuando se refiere al estudio del Instituto Tecnológico.
En este tema se evidencia el desconocimiento del alcance de la obra y serios errores en el análisis de la información. Claramente se le explicó al periodista que esta obra es de diseño y construcción. Así que es imposible que los costos de la contratación obedezcan a diseños finales, que serán generados durante los primeros ocho meses del proyecto. Precisamente, una de las particularidades positivas de la figura de contratación de diseño y construcción es que el contratista asume todos los riesgos de imprevistos que puedan presentarse a lo largo de la obra, incluyendo los inherentes a cambios de alcances que se generen al contar con los diseños finales. También el incremento de costos de materiales y procesos serán asumidos por el contratista, sin que al país le representen pago alguno adicional. Se trata de una figura de contratación novedosa que facilita la ejecución de importantes proyectos, y que es mucho más económica, pues hay riesgos importantes asumidos por los contratistas y no por el Estado.
Por otro lado, el periodista tergiversa totalmente la solicitud del MOPT al Instituto Tecnológico respecto a un estudio de costos. Dicho estudio se solicitó para tener una salvaguarda adicional de que el costo es razonable para el país. En virtud de contar ya con dos estudios de costos exhaustivos, se acordó que el Tecnológico estudiara la razonabilidad de costos para los rubros de precio más importantes, tales como asfalto y cemento. Nunca se pretendió que abarcara todos los rubros de pago, pero sí aquellos que representan cerca del 80% del precio.
El estudio de costos del Tecnológico arrojó cifras coincidentes con los estudios de MOPT-Conavi y de Cal & Mayor para los rubros estudiados. Así, más bien, el MOPT fue exhaustivo en el tema de razonabilidad de precios, por cuanto hay tres estudios distintos, de diferentes organizaciones, que avalan el precio cotizado por los chinos, teniendo presente, por supuesto, que la figura de contratación se basa en anteproyectos, no en diseños finales, en una situación en la cual el riesgo por encarecimiento de la obra recae en el contratista, no en el Estado costarricense.