Opinión

Incoherencias confesas

Actualizado el 25 de octubre de 2013 a las 12:00 am

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Monseñor Dagoberto Campos, en su tesis “Relaciones Iglesia-Estado en Costa Rica: un estudio histórico-jurídico”, afirma que la figura constitucional mediante la cual Costa Rica es un Estado confeso católico, es frágil, contradictoria e imprecisa, y propone la firma de un concordato, entendido como un convenio o acuerdo internacional entre la Santa Sede y el Estado costarricense.

Al darle el imprimátur, el obispo de Tilarán, Héctor Morera, indica que “la materia tratada en esta tesis no va contra la fe y buenas costumbres, ni contra las enseñanzas de la Iglesia católica”. El jurista Rubén Hernández señala que así se ajustaría “nuestra legislación a las modernas corrientes que rigen en la materia”.

Antes de 1821, la Corona concibió a la Iglesia como parte del Estado, bajo la figura del patronato: “Las autoridades civiles estaban obligadas a propagar la fe católica al mismo tiempo que ejercer y defender la soberanía de la Corona, justificando la acción estatal por motivos divinos”. El Pacto de la Concordia (1821) reza: “La religión de la provincia es y será siempre la católica apostólica romana, como única verdadera, con exclusión de cualquier otra”.

En 1884 se dieron las llamadas “leyes anticlericales”: la instrucción pública no incluye la religión como parte del currículo, se establece el matrimonio civil y el divorcio, se secularizan los cementerios y se prohíben las procesiones fuera de los templos, entre otras medidas.

Entre 1940 y 1942 se derogaron algunas leyes anticlericales. La Constitución de 1949 declaró la religión católica como la del Estado y, por eso, se le asignan recursos financieros en el presupuesto nacional, exoneraciones tributarias, otorgamiento de pasaportes diplomáticos al arzobispo y obispos, y respaldo a colegios semioficiales a cargo de congregaciones religiosas.

Desde un punto de vista lógico, no se puede “ser” y “no ser” al mismo tiempo. ¿Cómo defender un Estado confeso y no vivir la figura del matrimonio tal como lo manda la Iglesia católica: único, entre varón y mujer, y “hasta que la muerte los separe”? Nuestros políticos, haciendo gala de su incoherencia católica, tienen como lema: “Haz lo que digo y no lo que hago”. En su vida personal se han beneficiado de las leyes laicas para divorciarse y casarse civilmente, pero adversan al Estado laico y el matrimonio igualitario.

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Laura Chinchilla Miranda, presidenta, consagrada en la basílica de los Ángeles “hija predilecta de María”, se casó en primeras nupcias por matrimonio civil el 23/01/1982 y se divorció el 22/05/1985. Volvió a casarse el 26/03/2000. En mayo del 2012, Benedicto XVI, coherente con su doctrina, la recibió como jefa de Estado, pero sin que pudiera ser acompañada a la audiencia por su marido, por haberse tratado de un matrimonio civil.

De los candidatos a presidente para la elección del 2014, Johnny Araya Monge (PLN) tiene cinco matrimonios y cuatro divorcios (24/11/1979-10/10/1983; 10/12/1983-01/10/1987; 16/02/1988-30/07/1990; 01/09/1990-11/04/2007; 05/07/2013); Óscar López (PASE), dos matrimonios y dos divorcios; Carlos Avendaño (RN), Rodolfo Piza (PUSC) y José Manuel Echandi Meza (AN), dos matrimonios y un divorcio; y Luis Guillermo Solís Rivera (PAC) y Otto Guevara Guth (ML), un matrimonio y un divorcio.

Según la doctrina católica, el matrimonio es un sacramento: una única vez. No se acepta el divorcio ni el matrimonio civil. (La excepción es la viudez, que da la opción de volver a contraer matrimonio religioso). En febrero de 1942, El Mensajero del Clero editorializa así: “El matrimonio, desde antes de hacerse contrato, ya está determinado por las leyes que Dios le impuso y, por consiguiente, no está sometido a la libre voluntad del hombre porque tiene leyes con respecto al tiempo, al uso, al objeto de las obligaciones que tiene para los que lo contraen. Y es por eso que, en el matrimonio civil, decimos que no hay matrimonio porque se desconocen las leyes que tienen por naturaleza y voluntad de Dios”.

Nuestros políticos no practican el matrimonio como lo manda la doctrina católica; usufructúan las leyes laicas en sus matrimonios y divorcios, pero adversan la laicidad del Estado, toda vez que defienden el matrimonio católico en lugar del matrimonio civil igualitario. Preocupante resulta que, como modelo de conducta, apliquen el mismo lema –“lo que digo, no lo que hago”– en todos los demás campos.

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