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El Impuesto de Bienes Inmuebles aumentaría la desigualdad

Actualizado el 17 de agosto de 2012 a las 12:00 am

Si atentamos contra la producción agrícola, lo hacemos contra nuestra supervivencia

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El Impuesto de Bienes Inmuebles aumentaría la desigualdad - 1

El cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles se ha convertido en un tema de discusión que se ha enfocado de forma radicalizada en contra de los dos sectores que pugnan por su modificación. Por un lado, se encuentran los agricultores que claman por mejores condiciones para la producción y con ello, para su supervivencia en un mercado competitivamente desigual y estimulado por las políticas globalizadoras del Gobierno central. Por el otro lado, los municipios con la necesidad imperiosa de contar con recursos libres para poder materializar las crecientes exigencias de la población que les corresponde administrar, dado que la descentralización no se convierte en una realidad por parte del Gobierno central.

Lo que actualmente se plantea, visto desde los dos ángulos, la filosofía de pueblo lo ha resumido en el dicho: “Desvestir un santo para vestir otro”. Con una reducción del impuesto se favorecería la producción, pero se disminuiría el ingreso de recursos libres en los municipios que se aplique. Es digno recordar que la producción agrícola no genera capital a la hacienda municipal, como si lo hace la actividad industrial, comercial, servicios, inmobiliaria, entre otras. Esto hace que los ayuntamientos con grandes proporciones de territorio destinadas a la actividad agrícola, de por sí, se encuentran en desventaja económica con relación a los cantones urbanos, y ni que decir, aquellos que poseen grandes extensiones en protección forestal.

Si atentamos contra la producción agrícola, lo estaremos haciendo directamente contra nuestra propia supervivencia. No mejorar las condiciones para el productor agrícola, no es más que la última estocada que se dé a nuestra vocación productiva, con la que acabaremos con nuestra seguridad alimentaria. Esto sería el clímax para quienes han estado interesados en vendernos la idea de una economía globalizada con un modelo productivo industrial y de servicios.

Es claro que este modelo no nos ha convertido en propietarios; al contrario, nos ha llevado a transformarnos en una sociedad de obreros y servidores para transnacionales para quienes no existe el interés del desarrollo social y económico de nuestros pueblos. Nos hemos dado cuenta de cómo grandes capitales nacionales han sido absorbidos por inversionistas extranjeros, y grandes orgullos nacionales como Lizano, Gallito, Lacsa, Súper Mercados Unidos, entre muchos otros, dejaron de ser enteramente costarricenses.

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Es muy posible que al Gobierno central le interese más fomentar otras actividades que no sean la agrícola y la forestal, puesto que estas no le generan tantos ingresos por la vía de los impuestos y que requerían de mayores controles para poder obtener algo de ellos. Además, impediría que algunos cuantos comerciantes garanticen su subsistencia por medio de búsqueda de mejores precios sin importar el ingreso per cápita de nuestros ciudadanos.

En la esquina del frente, se encuentran los municipios que deben de trabajar con las uñas y son quienes se convierten en los culpables de las grandes deficiencias del Gobierno central. La ciudadanía espera obras visibles y palpables, pero “¿cómo puede hacerse chocolate sin cacao?”. La ciudadanía ni siquiera conoce de dónde provienen los escuálidos recursos con los deben de trabajar. La mayoría creen que son aportados por el estado y es razonable, puesto que el Gobierno central hace creer que se transfiere grandes cantidades de aportes en sus spots publicitarios y los municipios en su pobreza o en su servilismo político no tienen medios para desmentir las figuraciones hechas y al mismo tiempo enseñar a sus gobernados la forma en que se obtienen los ingresos y como deben ser administrados.

Todo esto hace que el tema en la palestra deba de tener un enfoque más analítico y racional. Por ello se debería de considerar la creación de un fondo solidario que sea financiado con recursos de los municipios que poseen grandes ingresos y que no son productores agrícolas o forestales y así compensar de forma proporcional a aquellos municipios que se verán obligados a aplicar exoneraciones para el estímulo de la producción agrícola. Además, se debería analizar el tema de las transferencias a las que actualmente está afecto este controversial impuesto.

Recordemos que nuestra Carta Magna establece, en el artículo 50, que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza...”. Así como están planteadas las cosas, el actuar legislativo no ha cumplido con esta máxima constitucional y deberá de realizar los ajustes para se logre el equilibrio entre el estímulo de la producción y el derecho al desarrollo sostenido de las comunidades. No es hacer más pobres a unos para que se alimenten mejor otros, es buscar que todos ganen y tengan acceso a los recursos requeridos para las inversiones que permitan dar una mayor calidad de vida a la ciudadanía como un todo, sin favoritismos.

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Busquemos la justicia, no propiciemos la desigualdad: todos tenemos los mismos derechos.

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