EscucharDesde que la Constitución Política costarricense sostuvo que todas las personas éramos iguales en dignidad y derechos, lamentablemente nos enfrentamos a una doble moral, en todos los grupos, en unos más que en otros, y que dista mucho del principio universal de igualdad.
Dentro del marco legal nos encontramos con el hecho relevante de que la moral, al igual que la religión, es un asunto de índole personal; sin embargo, los derechos son universales. De esta manera, uno no debe interferir con el otro, incluso pertenecer a un Estado confesional no afecta en nada los derechos civiles de sus habitantes. Normalmente, escuchamos a reivindicadores y políticos decir que las concesiones o el reconocimiento de algunos derechos son la salida, y que trabajar hacia la igualdad, es una utopía.
Lamentablemente, las poblaciones beneficiarias, que muchas veces están malinformadas, son las más afectadas por estas concesiones porque, al proponer legislación especial, se confirma el principio contradictorio: ser tratadas de forma diferente. No existe nada más discriminatorio que el hecho de que una persona, por su orientación sexual, por ejemplo, sea tratada de forma diferente por no ser heterosexual.
Las políticas recientemente aprobadas contra la discriminación por orientación sexual, o la de identidad de género para instituciones como el Inamu, la CCSS, los ministerios de Salud y Educación, las universidades públicas, entre otros, buscan precisamente ese trato idéntico en los servicios públicos, de manera que exista un acceso libre de discriminación a los servicios que todas las personas del país aseguramos por medio del pago de los impuestos, sin que existan excepciones por la orientación sexual, ni el color de piel, ni la religión.
Antiguo asunto. El tema de igualdad ni es solo nuestro, ni es nuevo. En América países como Canadá, EE. UU., México, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia y Brasil, se esfuerzan para obtener el reconocimiento de este principio, tanto para poblaciones sexualmente diversas como para otras que han sido excluidas socialmente, como mujeres, afrodescendientes, indígenas y todas aquellas subyugadas a ser parte de algo que “no calza” porque, al final, hemos de reconocer que en toda esta gama, la igualdad de condiciones viene a ser el punto de unión que puede garantizar una mejor convivencia social.
Costa Rica ha avanzado lentamente, pero a paso firme, en el tema de la discriminación. La Sala Constitucional ha indicado la necesidad de legislar en materia de reconocimiento de uniones entre parejas conformadas por personas del mismo sexo y que está claro que una “mayoría” no puede definir los derechos de una “minoría”. De la misma forma se ha pronunciado el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, nuestra Asamblea Legislativa se resiste a este reconocimiento.
El Código de Familia, por ejemplo, discrimina al reconocer que las uniones civiles o las uniones de hecho son exclusivamente entre un hombre y una mujer. Esta visión amerita actualizarse y considerar, legalmente, la unión entre dos personas con capacidad para unirse en vínculo: con ello se eliminaría la discriminación por orientación sexual y se garantizaría el principio de igualdad. Además, habría congruencia entre las definiciones de “familia”: legal y de la realidad social.
Desde el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (Cipac) pedimos que la igualdad se constituya en el norte y emblema de las reivindicaciones de los derechos humanos de todas las poblaciones.
