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¿Ignorancia o denegación de justicia?

Actualizado el 21 de abril de 2014 a las 12:00 am

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¿Ignorancia o denegación de justicia?

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Absorbida por la vorágine de noticias sobre el alto porcentaje de fallecimientos de bebés en cirugía cardíaca en el Hospital de Niños; el retiro del candidato del PLN de la contienda política; fallas en viviendas de bien social y el aumento en el precio del dólar, la publicación de La Nacion en su edición del 7 de marzo, página 16 A, “Sala III rebota 71% de casos por ignorancia de abogados”, pasó prácticamente inadvertida.

El reportaje se refiere a las manifestaciones del magistrado Carlos Chinchilla, presidente de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, durante una rendición de cuentas del período 2013. En él, se señala que dicha Sala rechaza siete de cada diez recursos que ingresan porque los abogados que las plantean ignoran cómo aplicar legislación (sic) y que ese desconocimiento de fiscales y defensores, al plantear recursos de casación y revisión, surgió luego de la entrada en vigencia de la ley de apelación de sentencia, en diciembre del 2011.

Por estar entrecomilladas en el reportaje, transcribimos las siguientes manifestaciones expresadas por el magistrado Chinchilla: Cuando se cambia el sistema, surge una segunda instancia (Tribunales de Apelación). No hay tercera instancia, sino un recurso extraordinario en la Sala Tercera. Tenemos una casación distinta, que requiere más conocimientos de doctrina. Hoy día los abogados no tienen esa experticia, no han logrado obtenerla porque habría que sentarse a estudiar todos los votos, pero yo les digo que no se preocupen, que en agosto vamos a hacer una campaña de divulgación de criterios ”.

El reportaje agrega que los magistrados propietarios, junto con letrados y otros funcionarios, elaboraron un listado de criterios de admisibilidad, según él para brindar capacitación a la comunidad jurídica que deba recurrir a la Sala Tercera, al Colegio de Abogados, a profesionales en derecho y a funcionarios judiciales. Además agrega que el año pasado ingresaron 1.461 asuntos nuevos: 794 fueron recursos de casación, 524 de revisión, 39 de causas contra miembros de supremos poderes y 104 a “otros asuntos”, y se resolvieron 1.629 casos. El 71% no pasó el filtro de admisibilidad, 10% fueron declarados con lugar y 19% sin lugar.

Doctrina . En publicación del 11 de marzo (página 14 A) La Nación señala que los tres recursos de casación que se presentaron en el caso del expresidente de la CCSS fueron rechazados por errores formales de admisibilidad. Según lo confirmó el presidente de la Sala, los recursos estuvieron mal presentados (…) fallaron en identificar los requisitos esenciales que debe tener la casación (…) y no analizaron aspectos de fondo.

El 15 de marzo, otro reportaje de La Nación (página 17A) informa que el abogado Adrián Bonilla Juncos presentó recurso de amparo ante la Sala Constitucional por considerar que los rechazos que emanan de una lista elaborada por los magistrados titulares, suplentes y letrados “no está en conocimiento de nadie más”, lo que conlleva violación al principio constitucional de tutela judicial efectiva.

Una correcta exégesis del tema nos obliga a presumir que –en opinión del magistrado Chinchilla– lo estudiado y conocido por los profesionales en derecho carece de validez, porque ahora “tenemos una casación distinta que requiere más conocimientos de doctrina”.

¿Qué es la “doctrina” en Derecho? El DRAE define la “doctrina legal” como sinónimo de jurisprudencia y señala que se deduce del conjunto de las sentencias de los tribunales. Por su parte, el Título Preliminar del Código Civil de Costa Rica en su artículo 9° limita la acepción a las resoluciones que de modo reiterado establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, señalando adicionalmente a texto expreso: “La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina”. Con ello se determina:

1) Que la jurisprudencia de las salas de casación sólo “informa el ordenamiento” sin que pueda ser considerada vinculante o de acatamiento obligatorio;

2) Que la “doctrina” corresponde – y de modo taxativo – a las decisiones de los magistrados en la aplicación de la ley y no es requisito de admisión de los recursos.

3) Que para que puedan “informar” el ordenamiento, deben ser resoluciones “reiteradas”.

Resulta evidente, de acuerdo con lo expuesto, que el magistrado Chinchilla incurre en grave ofensa a los profesionales en derecho al achacarles “ignorancia” y “falta de experticia” por desaplicación de la jurisprudencia o “doctrina” que emana de las resoluciones de la Sala que preside en recursos que no aparecen modificados en la ley que creó los Tribunales de Apelación.

Además su propuesta de que la tal “experticia” podría obtenerse sentándose a estudiar todos los votos, aunque agrega, con la misma displicencia con que se dan citas médicas para especialistas en la CCSS, “no se preocupen, en agosto (me imagino del 2014, sea dentro de seis meses) vamos a hacer una campaña de divulgación de criterios”. Mientras tanto, durante medio año más, las casaciones y revisiones seguirán siendo rechazadas en un 71%, como consecuencia de la “ignorancia y falta de experticia” de los abogados.

Filtro. Pero el problema va más allá. Los magistrados propietarios, los letrados y “otros funcionarios” (me imagino magistrados suplentes) han elaborado un listado de “criterios de admisibilidad” que no han divulgado, pero que aplican como “filtro de admisibilidad”. Con ello están materializando rechazos por “criterios” y no por disposiciones de ley, a pesar de que éstos –por no corresponder a normas formalmente aprobadas por el Poder Legislativo– conllevan la violación del artículo 41 constitucional en lo que corresponde a una justicia sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

Se está negando asimismo al recurrente el derecho al saneamiento de defectos formales saneables en cualquier gestión, como lo determina el artículo 15 del Código Procesal Penal (CPP), devolviendo al “ignorante” el recurso, señalando los errores incurridos y otorgando un plazo para corregirlos, en vez de rechazar ad portas el recurso, incurriendo en denegación de justicia, sin perjuicio de considerar también que, si hay razones jurídicamente válidas para modificar la admisión de las casaciones y revisiones, la Corte Suprema estaría incurriendo en incumplimiento de deberes al no dictar las normas prácticas necesarias para la aplicación del CPP.

El listado de “criterios de admisibilidad” que reserva la Sala III, podría emplearse para futuras capacitaciones de profesionales, tildados de “ignorantes”, “carentes de experticias doctrinarias” y “vagos e irresponsables” por no estudiar todos los votos emitidos por la Sala III.

Un comentario final: si de 1.629 casos conocidos por la Sala III en el 2013 se rechazó el 71%, estaríamos en presencia de 1.156 casos por los que los abogados “ignorantes y faltos de experticia” recibieron nada menos que ¢578 millones como honorarios, aplicando para el cálculo el arancel mínimo fijado por el Colegio de Abogados. Claro que entre la determinación de responsabilidades entre cobros indebidos por “incompetentes” y la “violación de norma constitucional” e “incumplimiento de deberes”, personalmente libero de culpa a los litigantes y con relación a los comentarios de prensa y opinión del magistrado Chinchilla me limito a recordar el viejo adagio medieval latino que dice: Excusatio non petita, pecata manifesta (disculpa no pedida, culpa manifiesta).

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