Opinión

Con la Iglesia hemos topado

Actualizado el 14 de junio de 2014 a las 12:00 am

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La política es un juego de malabarismo, especialmente si se arroja el diábolo –a veces diavolo– de la religión, dos temas que hacen saltar chispas y no son recomendables en sobremesas familiares que se pretenden saldar en paz.

Política y religión comparten, además del descaro en la manipulación léxica, la falsedad con la que muchas personas las asocian, a quienes da la razón el ejemplo de tan triste convergencia en el debate sobre la inconstitucionalidad del nombramiento, por el presidente Luis Guillermo Solís, del obispo luterano Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia.

Cerca de lo absurdo. Los argumentos de los afectados para defender la violación del artículo 142 de la Constitución (donde se especifica la exigencia de pertenecer al estado seglar para ser ministro) rayan en lo absurdo: por una parte, se escudan en que la religión oficial del Estado es el catolicismo (como si el resto de no seglares de otras religiones fueran por ello más seglares que los no seglares católicos), y, por otra parte, se aferran a la segunda acepción que la Real Academia Española brinda de “clero” (partiendo, asimismo, de la segunda acepción de “seglar”: “que no tiene órdenes clericales”) como “clase sacerdotal en la Iglesia católica”. De esta forma, saltándose a la torera la primera acepción –y, por lo tanto, la más común– de este concepto (“conjunto de los clérigos”), ensayan una carambola éticamente inconciliable (políticamente se puede, ¡ay!, conciliar todo).

Volviendo a la Real Academia Española, la primera acepción de “clérigo” es “hombre que ha recibido las órdenes sagradas”, así que, simplemente siguiendo el hilo de las definiciones, Melvin Jiménez no es seglar. Como si esto no fuera bastante claro, y en un afán casi ridículo de rizar el rizo, este señor nos explica que tiene una “dispensa” de su iglesia ( La Nación , 14/05/14) para no actuar como obispo durante el ejercicio de su ya tambaleante ministerio. Las órdenes sagradas, también por definición, no son de quita y pon: o se mantienen o se renuncia a ellas definitivamente (recuérdese el caso de Fernando Lugo, obispo católico devuelto en el 2005 al estado laical –suspensión a divinis– y, posteriormente, presidente de Paraguay durante el período 2008-2012). Nadie puede servir a dos señores.

En cualquier caso, este asunto de amiguismo, que se ha vuelto carnavalesco por sus conatos de justificación, trae a colación otro debate de más largo recorrido: la declaración de Costa Rica –único país con religión oficial católica en el continente– como Estado laico, apoyada explícitamente por el presidente Solís (con mal pie empieza su intención teórica distinguiendo a dos religiosos en puestos clave de su gobierno: el aludido ministro de la Presidencia y Gustavo Meneses, sacerdote católico, como presidente de Incopesca; ambos –que por lo visto equivocaron su profesión– recibieron órdenes sagradas según sus respectivos credos, y, al aceptarlas, se supone que entendieron su vocación). En casa de herrero, cuchillo de palo.

Fe y poder. Una fe cautiva del poder no es tal. Cuando el emperador romano Constantino se convirtió a la Iglesia católica tras tres siglos de persecución, de algún modo la Iglesia se convirtió a Constantino. La teocracia, cuyos máximos exponentes fueron los papas medievales Inocencio III y Bonifacio VIII (este último, mediante la bula Unam sanctam, apelaba al reconocimiento de su soberanía universal como requisito de salvación), da frutos de dominio, no de autenticidad evangélica. Mientras sigamos vinculando creencias trascendentes a andamiajes temporales, las raíces mismas de esas creencias se pudren. La sana separación entre Estado e Iglesia no implica recusar las características propias de la población: Constituciones de Estados laicos como España, Argentina y Panamá mencionan expresamente la religión católica tanto por su condición mayoritaria como por sus aportaciones a la sociedad en materia educativa y de red asistencial a los necesitados.

En virtud de una torpeza (que no deja de ser burla a la Constitución, a creyentes y no creyentes), nos hallamos ante la coyuntura idónea para reavivar esta asignatura pendiente y establecer mecanismos de fiscalización de los fondos asignados a la Iglesia católica en aras de certificar que lleguen a sus beneficiarios.

Francisco Ulloa, el mismo obispo de Cartago que acogió con parabienes a Solís en la basílica de los Ángeles el pasado 18 de mayo (apenas 48 horas después de que la bandera de la diversidad sexual ondeara en la Casa Presidencial junto a la bandera de Costa Rica, y sin pronunciar un solo pero), estuvo, en su etapa como presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en el ojo del huracán de varios escándalos al alimón con el obispo de Alajuela, Ángel San Casimiro, destapados por La Nación en el 2008 y el 2010 –demasiado pronto olvidados y sin imputaciones penales hasta la fecha–, referidos a intermediación financiera ilegal (por un monto superior a los $10 millones, incluyendo los préstamos a Inversiones La Ribera, S. A.): en el primer caso, fue demandado por la empresaria suiza Anna Moscarelli (a quien prestaron $3 millones), que le atribuye la supuesta pérdida de $30 millones por tres hoteles en Costa Rica utilizados como fideicomiso de garantía, señalando –oportunamente en la cuestión que nos ocupa–, ante la inoperancia de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) y de la justicia costarricense: “Tal pareciera que no existe una dicotomía orgánica entre Estado y religión” ( La Nación , 15/06/11).

En estas irregularidades gravita, al mejor estilo de las novelas negras, la figura de un difunto, el administrador de Servicios Pastorales, Jorge Torres, sobre el que los obispos se apresuraron a cargar, nunca mejor dicho, el muerto (ganándose, de paso, otra demanda de la compañera sentimental de Torres por injurias contra su memoria): ¿cómo interrogar a alguien desde ultratumba? Por increíble que parezca, Ulloa se atreve. Ante la pregunta del periodista Ernesto Rivera sobre cómo pudo Torres prestar dinero sin avisarle, el obispo de Cartago zanjó: “Esa es la gran pregunta, preguntémoselo a él… cuando yo llegue al cielo, lo primero que voy a hacer es preguntarle por qué lo hizo” ( La Nación , 11/04/08).

La respuesta es de antología escatológica: propone sonsacar a un finado, da por sentado su llegada al cielo y, una vez allí, su prerrogativa de realizar indagaciones divinas.

Tanta seguridad, más que soberbia, denota trivialización de la fe y profunda ignorancia teológica.

Separación necesaria. Disculpen esta digresión para llamar la atención sobre la necesidad de separar Iglesia y Estado (más allá de conveniencias) y de rescatar del culto –que en América Latina tiene mucho de folclórico y ritualista– su esencia espiritual y vivencial. Como botón de muestra, la rendición de cuentas del embajador costarricense ante la Santa Sede, Fernando Sánchez (vertiginosa transición del “memorando del miedo” a vestir santos), exponiendo, como gran logro de su misión diplomática, la colocación de una réplica de la Virgen de los Ángeles en una parroquia del Vaticano (La Nación, 20/04/14): con toda consideración hacia sus gestiones, cualquier beato voluntarioso podría haber hecho lo mismo sin pedir permiso a nadie (de hecho, muchos se dedican a llenar el Vaticano de imágenes, estampas y hasta reliquias que aparecen en los rincones más insospechados).

A Dios se llega por el amor, no por la superstición; y al Estado, por el respeto a la Constitución. Con Costa Rica no se juega, y con la inteligencia del pueblo aún menos.

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