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INI: Un remedio en busca de enfermedad

Actualizado el 14 de julio de 2015 a las 12:00 am

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INI: Un remedio en busca de enfermedad

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El Partido Acción Ciudadana (PAC) siempre ha defendido la noción de que los problemas de ingobernabilidad y mala gestión pública se resuelven colocando personas idóneas –probas y conocedoras– en los puestos de decisión.

El proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de Infraestructura (INI) refleja esa misma creencia. Sin embargo, como quedó harto demostrado tras el descalabro del FIA, no basta con el nombramiento de personas con esas características cuando el sistema de contratación y las lentas ruedas de la burocracia impiden avanzar a un ritmo razonable.

El borrador de dicho proyecto guarda enormes similitudes con la ley de creación del Conavi, pero introduce un cambio importante: el INI será una institución autónoma, mientras que el Conavi es un órgano de desconcentración máxima adscrito al MOPT. Ello le permitirá adoptar un régimen de contratación especial, más ágil que el de la Ley de Contratación Administrativa, a la vez que le dará libertad de desarrollar un régimen laboral propio y evadir las restricciones del Servicio Civil.

El jerarca del MOPT, Carlos Segnini, hizo alusión al régimen laboral como el corazón de la reforma, y advirtió a los diputados que es mejor no crear nada “si lo van a meter dentro del Servicio Civil”. “Estaríamos creando casi lo mismo y eso no tiene sentido”, afirmó.

No cabe duda de que las intenciones del ministro Segnini son las mejores, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y ese sí que no tiene huecos.

Terreno fértil para privilegios. La experiencia demuestra que lo que empieza como una entidad técnica llamada a resolver los problemas del país en un área específica terminará convertida en el feudo de una camarilla sindical que exigirá cada vez más a cambio de menos: mejores salarios, anualidades más altas, bonificaciones por presentarse a trabajar, más días libres –y vacaciones más prolongadas a cambio de horarios cada vez más cortos– y un absoluto rechazo a las evaluaciones de desempeño y cualquier otra forma de rendición de cuentas.

La historia reciente es pródiga en ejemplos de lo que nuestros gobernantes son capaces de hacer con regímenes laborales laxos. Recordemos el incremento de la planilla de la CCSS en 10.956 almas entre los años 2005 y 2010, sin que semejante aumento se tradujera en mejoras en la atención al público o en una disminución de las listas de espera. Tampoco hubo consideración alguna a la repercusión fiscal de dicha medida.

No preocupan, entonces, los planes que el Gobierno tenga para el INI en estos tres años que le quedan de gestión, sino lo que pueda suceder dentro de cuatro, ocho o doce años con otras personas al mando. El mismo ministro comparó al INI con “un acordeón, que podría extenderse o achicarse de acuerdo con las necesidades”.

El INI podrá contratar personal actual del Conavi, pero las autoridades han manifestado que no serán muchos porque la intención es remozar la institución. Aquellos que no sean recontratados pasarán al MOPT o a otras instituciones, con lo cual la creación del INI generará un crecimiento neto de la planilla estatal, poco aconsejable en época de crisis fiscal.

El artículo 25 de la ley que creó el Conavi estableció un límite razonable para los costos administrativos y de personal de dicho ente, que “no podrán superar el cinco por ciento (5%) de sus ingresos”.

El proyecto de ley del INI no solo carece de una norma similar, sino que en su artículo 6 se le autoriza a dotarse “de la estructura organizacional que mejor estime” sin someterse a escrutinio del Poder Ejecutivo y, peor aún, el artículo 19 le da carta blanca “para financiar su operación en la proporción que lo considere pertinente” del Fondo Nacional de Infraestructura que la misma ley crea.

La mala gestión pública no es exclusivamente un asunto de calidad del personal. La verdadera pega está en los trámites de contratación administrativa y las múltiples instancias de apelación, aspecto en el cual la ley del INI no introduce mejoras. Se dice que si los funcionarios públicos fueran mejores, los carteles de licitación estarían mejor diseñados y no habría tanta apelación. Esta es una falacia.

Si para el correcto funcionamiento de una ley es necesario contar con superhumanos, entonces el problema es la ley, porque los superhéroes viven exclusivamente en el reino de la ficción.

Una de las ventajas de que el INI sea autónomo es que puede desarrollar un régimen de contratación especial, como los que poseen el ICE y la CCSS. Se supone que este sistema permite más agilidad en las contrataciones. En la práctica, sin embargo, también las instituciones autónomas sufren atrasos que se cuentan en años y décadas para llevar a cabo obras de infraestructura. El régimen especial de contratación de la Caja le ha permitido cierta rapidez en la adquisición de medicamentos, pero cuando se trata de construir hospitales o módulos nuevos, la historia es lamentable.

El trágico incendio del hospital Calderón Guardia ocurrió hace exactamente diez años. La construcción de la torre médica que vendría a reponer la infraestructura perdida todavía no se ha iniciado, y ahora el Gobierno considera que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos se haga cargo de la obra con la esperanza de desentrabar el proceso.

En el caso de la torre de Cuidados Críticos del Hospital de Niños, el atraso es de cinco años y no estaría lista hasta el 2018.

Todo cabe. El artículo 38 del borrador de ley del INI contiene una intrincadísima redacción para definir cuáles proyectos deberán ser desarrollados bajo el procedimiento ordinario de licitación pública, que es el que más atrasos genera. Un cálculo somero arroja que proyectos con valores superiores a ¢1.000 millones deberán ser licitados mediante este mecanismo, lo cual abarca prácticamente toda contratación de obra.

Los trabajos de sustitución de las rotondas pendientes en la Circunvalación, que no son megaproyectos bajo ningún criterio, se han calculado en un promedio de $17 millones por intersección; cualquier puente menor cuesta más de $2 millones.

En muchos sentidos, el INI se topará con los mismos obstáculos, atrasos y múltiples apelaciones que el Conavi, la Caja y otras entidades pública.

Existen otras provisiones a las que no me referiré por falta de espacio, pero es necesario mencionar una omisión muy significativa: el proyecto de ley no hace referencia a la concesión de obra pública, que seguiría operando bajo un marco jurídico que ha demostrado ser inadecuado para el correcto aprovechamiento de la modalidad.

Está clara la preferencia del Gobierno por el desarrollo de obra con recursos propios o mediante el mecanismo de fideicomiso, que los mismos bancos ya han empezado a cuestionar.

En épocas de crisis fiscal, la apuesta del Gobierno por incrementar planillas y construir con recursos propios es inviable, y resulta incomprensible que se desdeñe la posibilidad de involucrar al sector privado en el financiamiento de las nuevas obras.

La estructura organizacional del INI no va a solucionar el problema del atraso en la infraestructura de transportes del país, ni a revertir el deterioro de la existente. Parece que el remedio será peor que la enfermedad.

Eli Feinzaig es economista.

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