EscucharCorría el 2006, doña Albertina tenía ya 62 años y había parido varios hijos. Tiempo atrás, a la hora de pasar las actas de bautismo de la parroquia de Ujarrás de Buenos Aires, un funcionario la anotó erróneamente como “Albertino”, e hizo que se le asignara como sexo registral el masculino.
Pasó casi toda su vida sin cédula; sus hijos, inscritos sin mamá, porque nacieron en un rancho en Ujarrás y no en una clínica, dudaban hasta del parto mismo.
El Registro le pidió certificado médica sobre su sexo; ella –indígena cabécar– caminó más de cinco horas en varias ocasiones sin conseguir ser atendida por un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Un buen día, puso la queja ante la Defensoría de los Habitantes. Yo conté la historia en esta Página 15, y cuestioné el hecho de que nuestros indígenas no son ciudadanos en su propia tierra ( La Nación, 28/8/2006). Unos días después, la periodista de este medio Angela Ávalos amplió la historia en un reportaje ( La Nación, 4/9/2006).
Una de las hijas de Albertina contó de las “decenas de gestiones ante el Registro Civil que no fructificaron”.
Según el reportaje, “la gestión de la Defensoría posibilitó que el centro de salud de Buenos Aires agilizara la emisión de una constancia médica en donde se certifica que Albertina es una mujer y no un hombre” y que “en cuestión de 15 días” el Registro Civil resolviera el error.
Así, una mujer heterosexual, inscrita por error del Registro como varón, pasó casi toda su vida sin cédula y le pidieron certificado médico para asegurarse de su sexo “verdadero”.
Matrimonios. En el 2013, un reportaje de La Nación dio cuenta de otra dramática situación: 24 mujeres y 8 hombres aparecían inscritos como casados, pero con personas que no conocían.
Kattia Obaldía contó su tragedia de no poder contraer matrimonio como pensaba, porque “ya estaba casada” en el Registro. “Usted no sabe cuánto daría yo por firmar el papel y casarme con la persona que yo decidí, pero siento que agarraron mi mano, me casaron y me usaron como cualquier cosa”, declaró ( La Nación, 9/8/2013).
Para el momento del reportaje, llevaba ya “siete años de casada”. El Registro no pudo corregir el error, pese a que –según Migración– el marido extranjero de Kattia nunca había estado en Costa Rica.
En el 2016, Jazmín, una mujer lesbiana –a quien el Registro la inscribió por error como hombre cuando digitalizó su nacimiento– decidió casarse con otra mujer.
El notario efectuó el casamiento con documentos a la vista de “un hombre y una mujer”. El Registro inscribió el matrimonio civil. La prensa dio cuenta del hecho y, casi en forma inmediata, el Registro Civil le cambió el sexo a Jazmín y anuló su matrimonio.
No le pidieron certificado médico. Tampoco esperó décadas.
Los funcionarios del Registro, a Albertina le causaron un enorme daño: no pudo votar ni ejercer sus derechos civiles, no pudo inscribir a sus hijos paridos, no pudo tener acceso a la seguridad social, y el “error” se corrigió por la acción de la Defensoría y la indignación que generó contar el caso en La Nación.
A Kattia le arruinaron la vida; no le anularon el matrimonio y no pudo casarse con quien amaba como era su deseo.
A Jazmín se la pretenden arruinar: la están llevando a juicio por burlarse de una ley que la discrimina y por haberse casado con la mujer que ama en un país que le niega ese derecho.
El matrimonio de Jazmín y Laura es una burla al Registro Civil, que en esta ocasión se apuró a actuar con inusitada diligencia.
Ojalá esta historia nos lleve a tomar conciencia, como sociedad, de que los derechos humanos son para todos, que los derechos civiles son para todos, y que no puede haber en una democracia ciudadanos de primera clase con plenos derechos y ciudadanos de segunda clase con derechos restringidos.
La autora es odontóloga.
