Opinión

Hacinamiento y justicia pronta

Actualizado el 26 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Hacinamiento y justicia pronta

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En las últimas semanas ha estado en boga el problema del hacinamiento carcelario y la pertinencia de las decisiones jurisdiccionales para combatirlo. Un numeroso grupo de reos próximos a cumplir su condena fueron puestos en libertad, bajo un régimen todavía penitenciario pero que no implicaba su encarcelamiento. Lamentablemente, la reincidencia de un pequeño porcentaje de este grupo de convictos, pocas horas o días después de su liberación, ha servido para que algunos medios, con fines claramente amarillistas, cuestionen la decisión judicial como si esta fuera la causa de los nuevos delitos cometidos por estos infractores.

Lo sucedido, aún con los mejores estudios criminológicos, penitenciarios, psicológicos y demás es un fenómeno inevitable. Ninguna legislación, ninguna autoridad de policía o carcelaria podría garantizar que quien sale de prisión con un beneficio no volverá a cometer un delito. Deberemos esperar pacientemente los resultados de esa válida medida adoptada por un juez de la República.

Dejando de lado esa discusión, aún abierta, propongo otra no menos importante y que también podría coadyuvar a reducir la sobrepoblación carcelaria para evitar mayores daños sociales.

Tradicionalmente, se le ha asignado a la pena de prisión un doble propósito. Por un lado, que el infractor retribuya a la sociedad por el daño causado y, paralelamente, que pueda rehabilitarse una vez que cumpla su sanción y se integre a esa misma colectividad.

Rehabilitación y derechos. La realidad penitenciaria costarricense remite a un marco de hacinamiento e irrespeto a los derechos fundamentales, lo que hace que tristemente la pena de prisión se agote en un fin retributivo o de mera sanción; es decir, que el convicto pague con largas condenas su delito, lo que a su vez reduce las posibilidades de rehabilitación y resocialización.

Ese problema se agrava cuando se envía a prisión a personas que, al momento de llegar a juicio, aunque se demuestre que cometieron un delito, ya se encuentran rehabilitadas y resocializadas en forma “natural”.

Es el caso muy común de sujetos que incurrieron en un hecho delictivo hace varios años y que, por la innegable mora judicial existente en nuestros tribunales, son sometidos a juicio, pero cinco, seis o más años después de la perpetración del delito. En esos casos, el retardo judicial se le cobra a la parte más débil del proceso penal: el acusado. Esto genera problemas sociales que, más bien, deberían evitarse.

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Así, los jueces, llamados a aplicar la ley con fundamento en las pruebas recibidas en el juicio, muchas veces, debemos imponer una sanción privativa de libertad a un individuo que ya se alejó de las drogas, que ha estudiado, que tiene trabajo y hasta familia. Son sujetos a los que les llegó la justicia cumplida, pero no pronta. Dirán algunos que ello será lógica consecuencia del acto cometido y que debe pagar, pero la realidad señala que enviar a la cárcel a una persona en esas condiciones no resuelve ningún problema social sino que más bien, contribuye a crearlos.

Urge entonces, señoras y señores de la Asamblea Legislativa, de la opinión pública y de la sociedad civil, poner al día el régimen penitenciario con los derechos humanos y con los verdaderos fines de una pena de prisión, que debe ser justa, razonable y, sobre todo, oportuna.

Para este tipo de casos debe dotarse a los jueces de nuevos instrumentos legales para imponer penas alternativas en regímenes no carcelarios, contando previamente con los estudios criminológicos y sociales pertinentes. Desde luego, tales medidas pueden y deben limitarse a casos donde no se haya transgredido bien jurídico de alta estima, como la vida, la integridad física, la libertad sexual, de manera que sean delitos contra la propiedad los que nutran el mayor campo de acción definido para estas regulaciones, pues precisamente son estos hechos los que presentan mayor incidencia carcelaria.

De esta manera, podríamos colaborar eficazmente con la reducción del hacinamiento carcelario y, a la vez, asegurarnos de que esos individuos retribuyan el perjuicio causado con su actuar, pero sin generar más pobreza, desintegración familiar y desempleo para ellos, sus familias y el país.

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