EscucharLa Costa Rica de hoy se caracteriza por un debilitamiento en nuestro sistema político, por la pérdida de confianza en nuestros líderes, y de credibilidad por la falta de solución a los problemas sociales, políticos, económicos y ambientales. Hay una falta de apoyo a los políticos que se debe a los graves casos de corrupción acontecidos y la falta de transparencia. Nuestros partidos tradicionales han pasado de tener una fidelidad del 90% del electorado (hace 20 años) a un 30%, con un aumento de los indecisos hasta de un 50%.
La volatilidad electoral aumentó considerablemente en las últimas elecciones. Cada vez hay más problemas de legitimidad y credibilidad. Esta desconfianza ante la falta de transparencia y resultados ha generado que el apoyo promedio a nuestro sistema político cayera casi a la mitad en los últimos 30 años. Más del 60% de los ciudadanos están insatisfechos con la actual Administración. Todo este descontento se ha acentuado ante la falta de acción de un gobierno que tiene serias limitaciones de recursos, una maraña de trámites (la mayoría de ellos innecesarios) y una estructura compleja con más de 274 instituciones que conforman el sector público.
Para cualquier gobierno desarrollar un proyecto de infraestructura con el esquema de contratación administrativa requiere, en el mejor de los casos, tres años o más en procesos y trámites. Por estos largos y complicados procesos, Costa Rica tiene un gran atraso en el desarrollo de nuestra infraestructura. Esta realidad se agrava ante un Congreso secuestrado por minorías amparadas por un reglamento interno que prácticamente paraliza cualquier agenda legislativa. En promedio, en la Administración Chinchilla Miranda, se llevó más de 30 meses para aprobar un expediente en la corriente legislativa. Un 85% de los proyectos legislativos considerados por el Ejecutivo de prioridad para el desarrollo nacional no han sido aprobados en los últimos 4 años.
Sector público. En Costa Rica somos buenos para crear nuevas instituciones, ya que quintuplicamos el tamaño y la complejidad del sector público al pasar de 50 instituciones, en 1960, a más de 274 en el 2013. Pero lo grave de este crecimiento fue que pasamos de 29.500 empleados públicos a más de 300.000, en el 2012. Esto significa crecer de un 7.9% de la población ocupada en 1960, a un 15.5% en el 2012. De las 274 instituciones que hemos creado, el 35% depende del presupuesto nacional, un 19% de ingresos mixtos y un 46% de ingresos descentralizados. De las 274 instituciones, 98 corresponden al Poder Ejecutivo y 176 al Sector Público descentralizado. Cada institución con salarios distintos y que son gobernadas por Juntas Directivas integradas por representantes del Ejecutivo, ONG, colegios profesionales, empresarios, cooperativas, sindicatos, solidaristas, universidades y otros actores. Una total ingobernabilidad en un sector público hipertrofiado e inmanejable.
Salarios crecientes. Es importante señalar que el sector público que hemos creado en Costa Rica, no solo ha crecido en tamaño o en forma geométrica, sino que ha desarrollado una política expansiva y desordenada en los salarios. Solo en el Gobierno central, los salarios crecieron más del 35% en términos reales en los últimos seis años. Toda esta expansión de gastos se ha agravado ante una contracción de los ingresos estatales que ha significado un déficit creciente que se proyecta en un 6% del PIB para el 2014. Déficit que se ha venido financiando con mayor endeudamiento interno y externo que, al final, generará mayores gastos, un aumento en los intereses y menores recursos para el sector productivo.
Más empleados y más pluses asfixian al Gobierno y las instituciones del sector público. Los trabajadores del Estado están regulados por el Estatuto del Servicio Civil, Convenciones Colectivas, Reglamentos Autónomos o Instituciones Autónomas con reglas propias. Muchos de estos trabajadores, tienen cesantías que van de los 15 a los 25 años y pluses por disponibilidades, dedicación exclusiva, anualidades, méritos, reconocimiento profesional, etc.
Si analizamos los salarios del sector público, en el Gobierno central significan el 36% del gasto total; en la Corte Suprema de Justicia, el 88%; en el TSE, el 82%; en la UCR, el 73%; y en la CCSS el 43%. En el Gobierno central, los incentivos salariales son el 100% de las remuneraciones básicas; en la CSJ, el 140%; en el TSE, el 100%; en la UCR, el 138%; en la CCSS, el 166%; y en Recope, el 250%.
Un cambio. Estamos ante un Estado inoperante, con grande privilegios, con gran disparidad, sin instrumentos de evaluación, sin homologación y con altas diferencias de salarios. Por esta situación, el futuro gobierno deberá hacer cambios radicales. No podemos seguir creciendo en instituciones y gastos. Los gastos totales gubernativos han crecido un 4,2 % del PIB en los últimos seis años. Al Estado solo le queda un 5% de gasto flexible, el resto de los ingresos se dedican a salarios, obligaciones y mandatos constitucionales.
No podemos hablar de nuevos impuestos si no se frena la expansión del gasto. Hoy más que nunca, debemos apoyar a las pymes, para que se genere más empleo y producción.
Nuestra democracia está cuestionada por el desempeño y la transparencia, pero los culpables somos todos los que hemos dejado de controlar los salarios, la calidad y el desorden en el sector público. No podemos seguir creando nuevas instituciones sin contar con recursos frescos.
Necesitamos hacer una reingeniería del sector público, antes de que sea tarde. Se debe limitar la creación de nuevas plazas y establecer más controles. Paralelamente, debemos generar nuevos ingresos al fisco, una vez que se establezca una política de austeridad en todos los gastos.
No se puede seguir alentando el tamaño y la expansión de privilegios. Se debe hacer un cambio radical. No es válido que los sindicatos se vayan a paros para pedir más privilegios. Debe acabar ya esta fiesta. Si no, el malestar social crecerá y habrá más desconfianza en nuestra democracia y en nuestros gobernantes.
