El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Alfredo Hasbum, escribió el viernes 23 de octubre, en estas páginas, en el artículo intitulado “Urgente necesidad de un tope a las pensiones de lujo”, que el Gobierno ha tenido la valentía de presentar una iniciativa para terminar con dos situaciones que describe puntualmente, y que se refieren al reajuste del 30% que tienen los exdiputados de antes de 1992 y a otro que permite que los hijos de algunos funcionarios mantengan el privilegio de su pensión, aun cuando hayan cumplido los 18 años.
Al mismo tiempo, insta a los diputados para que demos prioridad a la aprobación del proyecto sobre pensiones presentado recientemente por el Poder Ejecutivo, bajo el expediente número 19.661.
Lo que no dice el señor viceministro es que la solución a esas dos situaciones y a otras similares fueron presentadas por diputados de la fracción liberacionista desde los inicios de esta Administración, y que, precisamente, ambos proyectos están listos para ser aprobados por el plenario.
Se trata del expediente 19.184, que elimina el privilegio del 30% a los exdiputados, y del 19.264, que elimina el privilegio de la pensión vitalicia de los hijos, uno de ellos dictaminado en forma unánime afirmativo y el otro a punto de ser dictaminado en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Tampoco dice el señor viceministro que el Poder Ejecutivo no ha tenido ningún interés en enviar estos proyectos a sesiones extraordinarias cuando tenía la posibilidad de darles prioridad, ni ha instado a su fracción parlamentaria para que los impulse mediante acuerdos políticos.
Valga decir que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, el 19.661, contiene también un odioso privilegio: el aumento del tope de pensión para un selecto grupo de alrededor de 3.000 funcionarios que se verían beneficiados a la hora de retirarse.
El viceministro omite que para llenar, al menos en parte, el hueco que esto significaría, se baja de 100% a 80% el monto de la jubilación de alrededor de 1.700 funcionarios de nivel medio, profesionales, técnicos, oficinistas y otros que ingresaron a la Administración hace más de 30 años con salarios que no eran precisamente de privilegio. O sea, que hablando de privilegios, el proyecto 19.661 del Poder Ejecutivo mantiene esas odiosas prácticas.
Con todo respeto, señor viceministro, esta diputada no necesita que usted alabe mis iniciativas. Lo que el país necesita es que el Poder Ejecutivo deje atrás vanidades estériles que le están costando a los contribuyentes millones de colones.
Si esos loables proyectos a los que usted hace referencia se hubiesen aprobado hace tiempo, como lo hemos solicitado tantas veces, hoy el erario tendría un poco más de recursos.
En cuanto al proyecto del Poder Ejecutivo, le reitero mi posición. Nuestra fracción no le dará los votos a menos que se corrija una nueva injusticia que favorece a unos cuantos exdiputados, políticos y funcionarios de jerarquía superior, en detrimento de otros que desde los niveles medios le han servido por muchos años al país.
Sandra Piszk es diputada del Partido Liberación Nacional.