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¿Guerra o paz en Colombia?

Actualizado el 17 de septiembre de 2016 a las 12:00 am

A menos que se le permita al pueblo opinar, la paz tal vezno perdure

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CIUDAD DE MÉXICO – El acuerdo de paz del gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) será firmado el 26 de setiembre y definido por el pueblo colombiano en un referendo el dos de octubre.

El acuerdo pone fin a una guerra que ninguno de los bandos podía ganar y ayuda a garantizar un futuro para Colombia que habría sido imposible si el conflicto continuaba. La insurgencia de las FARC fue una causa permanente de incertidumbre económica e impidió que el gobierno construyera infraestructura extremadamente necesaria –especialmente para tecnologías de comunicaciones– en todo el territorio, vasto y difícil, del país.

Una vez removido el obstáculo de las FARC, Colombia ahora puede avanzar hacia una estabilidad macroeconómica a largo plazo, un crecimiento más acelerado y una reducción más rápida de la pobreza y la desigualdad.

El presidente, Juan Manuel Santos, estaba en lo cierto al presionar para sellar un acuerdo antes del fin de su segundo mandato en el 2018; pero su visible ansiedad generó varias desventajas para su gobierno –que posiblemente terminen afectando el referendo–.

Para empezar, las FARC pudieron prolongar las negociaciones. Esto les permitió ganar apoyo de terceros y restablecer su liderazgo, que había sufrido pérdidas importantes en los últimos años con las muertes de Tirofijo, el nombre de guerra del fundador del grupo, Manuel Marulanda, y Jorge Briceño Suárez, el icónico comandante militar conocido como Mono Jojoy.

De la misma manera, como Santos había apostado su presidencia a la firma de un acuerdo, las FARC insistieron en concesiones que anteriormente habrían parecido poco realistas. Dos concesiones, en particular, marcaron los términos del debate actual de cara al referendo.

En primer lugar, el acuerdo otorga a las FARC una representación a largo plazo en el Congreso (aunque los miembros de las FARC no podrán emitir votos hasta el 2018). Si las FARC ganan solo el 3% de los votos nacionales en el 2018, de todas maneras tendrán cinco de las 106 bancas en el Senado y cinco de las 166 bancas de la Cámara de Representantes. Esta condición es entendible, porque garantiza la inclusión política del grupo, ofreciendo así una alternativa a la violencia. Sin embargo, los críticos del acuerdo sostienen que es una concesión excesiva.

En segundo lugar, el acuerdo establece un régimen de justicia transicional para ocuparse de violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de guerra cometidos por las guerrillas de las FARC y las Fuerzas Armadas colombianas en el pasado. Bajo este régimen, los participantes en el conflicto que han cometido crímenes podrán confesarlos ante un tribunal nacional con asesores internacionales, y recibirán una sentencia de “restricción de libertad” de ocho años, que está más cerca de una libertad condicional que de la cárcel.

Esta indulgencia atrajo críticas de parte de los opositores del gobierno, pero, al igual que los escaños parlamentarios garantizados, tiene sentido. Obviamente, no se les podía pedir a las guerrillas que depusieran sus armas y aceptaran extensas sentencias a prisión. Por otra parte, ciertos oficiales militares colombianos de alto rango también habrían quedado expuestos a estos castigos.

Los términos polémicos del acuerdo no fue lo único que erosionó la popularidad de Santos, que también se vio afectada por el desempeño económico. Colombia depende fuertemente de las exportaciones de materias primas como el café, el carbón y el petróleo, y los gobiernos en toda la región se han vuelto blancos de la ira popular desde que los precios de las materias primas comenzaron a desplomarse del pico que habían alcanzado en el 2013. No sorprende entonces que, a medida que fue cayendo la economía de Colombia en los últimos años, también lo hiciera la popularidad de Santos en las encuestas, que hoy ronda los 11y 13 puntos, como sucede con otros líderes latinoamericanos.

Los rivales políticos de Santos han venido explotando estas desventajas para oponerse al acuerdo de paz. Entre estos adversarios está el expresidente Álvaro Uribe, en cuyo gobierno Santos se desempeñó como ministro de Defensa del 2006 al 2009. Uribe, quien dejó el cargo de presidente después de ocho años, en agosto del 2010, es inmensamente popular en Colombia y, si bien no puede aspirar a la presidencia nuevamente, puede hacerle la vida miserable a Santos.

Hasta ahora, Uribe, a través de su cuenta activa de Twitter, no se anduvo con rodeos para criticar a Santos y al acuerdo, y rápidamente se está convirtiendo en la cara de la campaña del “No” en el referendo de octubre. Si Santos permite que el voto se dirima entre “Uribe contra Santos” en lugar de “guerra contra paz”, el campo del “No” podría ganar.

Santos debería dejarle en claro al pueblo colombiano que no existe un acuerdo de paz perfecto después de años de guerra. El acuerdo es el mejor en circunstancias difíciles y es mucho mejor que la alternativa: un conflicto crónico y un crecimiento económico débil.

No hay ninguna garantía de que los votantes colombianos aprueben el acuerdo –como quedó demostrado este año, los plebiscitos pueden ser riesgosos–. Pero, a menos que se le permita al pueblo opinar, la paz tal vez no perdure. En definitiva, Santos está en lo cierto y Uribe no. Es de esperar que el proceso democrático confirme el valor predominante de la paz.

Jorge G. Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México (2000-2003), es profesor de Política y Estudios Latinoamericanos y Caribeños en la Universidad de Nueva York.© Project Syndicate 1995–2016

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