Opinión

La Grecia del Caribe

Actualizado el 03 de febrero de 2016 a las 12:00 am

Los congresistas republicanos amenazan con imponer una junta de control fiscal

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NUEVA YORK – Hubo una época en la que se pudo haber dicho que Puerto Rico, inmerso en una profunda crisis de la deuda, estaba retornando a sus raíces latinas. Después de todo, en su momento, los gobiernos latinoamericanos fueron los líderes mundiales del endeudamiento excesivo. Pero hoy, la deuda pública de Estados Unidos es de alrededor del 100% de su PIB, y la ciudad de Detroit acaba de declararse en bancarrota. Quizás finalmente Puerto Rico esté tornándose más estadounidense.

O quizás se esté poniendo más europeo, dada la semejanza entre sus problemas de deuda y los de Grecia. Luego de que este último país adoptara el euro, pudo obtener créditos a una tasa de interés que no era mucho más alta de la que pagaban los países del norte de Europa, a pesar de que su política fiscal distaba enormemente de la de Alemania o de Finlandia. El resultado fue una masiva acumu-lación de deuda con el fin de financiar gastos corrientes en lugar de invertir.

A Puerto Rico –un territorio estadounidense– también se le ha permitido endeudarse demasiado durante largo tiempo. Los bonos que emite su gobierno están libres de impuestos en todo Estados Unidos, con lo cual son de especial interés para sus inversores, quienes los han adquirido con gran avidez pese a que la situación financiera de la isla corre cada vez más peligro. Por lo tanto, según informa Bloomberg, la deuda de Puerto Rico –más de $70.000 millones– es más alta que la del gobierno de cualquiera de los Estados de Estados Unidos, a excepción de California y Nueva York, mientras que su economía es más pequeña que la de Kansas.

Otra semejanza se relaciona con los precios relativos. Luego de haber renunciado a su dracma, Grecia ya no pudo devaluar para reducir el valor de los salarios nacionales en términos de moneda extranjera, y así fomentar las exportaciones. Con este rezago en la competitividad, el déficit comercial se disparó, al igual que el desempleo.

La difícil situación de Puerto Rico es similar, pero otra vez con un giro que la hace más grave. La moneda de la isla es el dólar de Estados Unidos, y el Congreso de este país le ha impuesto a Puerto Rico el sueldo mínimo federal, a pesar de que su ingreso per cápita –como lo señala Anne Krueger– es de alrededor de la mitad del imperante en el Estado más pobre de la nación del norte.

La libertad que gozan los puertorriqueños de trasladarse a Estados Unidos no ha sido suficiente para evitar que el desempleo se haya transformado en un problema persistente: de alrededor del 11% con anterioridad a la crisis financiera del 2008, al 17% en el 2010, su punto más alto, y por sobre el 12% recientemente.

Al igual que en el caso de Grecia, hay muchos culpables de por medio. Los críticos apuntan a instituciones presupuestarias débiles, contabilidad confusa y un populismo fiscal generalizado entre los políticos de la isla. Los orgullosos puertorriqueños responden que ha habido complicidad por parte de los bancos y de los fondos de cobertura estadounidenses, los que con gusto han acumulado la deuda de su nación. Las dos partes tienen razón.

Puerto Rico y sus líderes pueden aprender tres lecciones de importancia a partir de Grecia. Primero, es inútil pretender que se puede evitar la reducción de la deuda. Y llegado el momento, el recorte debe ser de tamaño suficiente para eliminar el sobreendeudamiento y fomentar la inversión privada.

La Unión Europea titubeó durante años antes de reconocer que era necesario rebajar el monto de los créditos otorgados a Grecia por el sector privado. Luego negoció un recorte que resultó insuficiente y terminó vacilando nuevamente, recurriendo a triquiñuelas contables para evitar una reducción en el valor de los créditos al sector público de Europa. La historia habría sido muy diferente si se hubiera reconocido desde el principio que era imprescindible reducir la deuda de manera sustancial.

Lo mismo sucede con Puerto Rico, excepto que su situación es más complicada a causa de los caprichos de la legislación estadounidense. Puerto Rico no puede declararse en quiebra acogiéndose a lo dispuesto en el capítulo 9 del Código de Quiebras (tampoco lo puede hacer ninguno de los 50 Estados que conforman Estados Unidos). En 1984, el Congreso aprobó una enmienda que también les niega a los municipios y entidades públicas puertorriqueñas acceso a la protección que brinda el capítulo 9 en relación con las bancarrotas.

En fecha reciente, Puerto Rico intentó aprobar una ley que tiene como modelo el capítulo 9 y que permitiría una reestructuración ordenada de la deuda de los municipios y de las entidades públicas. Pero los acreedores impugnaron este intento ante la justicia, y se supone que la Corte Suprema de Estados Unidos fallará sobre la materia antes de que finalice junio.

Por lo tanto, todavía no se sabe con exactitud cómo se llevará a cabo la reducción de la deuda en Puerto Rico. Pero no cabe duda de que sí habrá una reducción; y cuando ocurra, más vale que ella sea contundente.

La segunda lección es que las autoridades deben poner la política fiscal en una senda sostenible, y reconocer al mismo tiempo que la respuesta no reside exclusivamente en la austeridad.

La economía de Puerto Rico se había estado contrayendo desde antes de la crisis, y los recortes de gastos y los aumentos de impuestos desde que la coyuntura estallara solamente han empeorado la situación.

En vista de que la proporción entre su deuda y su PIB continúa aumentando, al mismo tiempo que la austeridad profundiza su recesión, Puerto Rico corre el riesgo de compartir el destino de Grecia.

A cambio de prestar ayuda, los congresistas republicanos amenazan con imponer en Puerto Rico una junta de control fiscal semejante a la que se estableció en 1995 para hacer frente a la crisis fiscal de Washington D.C. Mala idea. Una solución semejante no solo olería a colonialismo y sería políticamente insostenible, sino que además carecería de la flexibilidad necesaria para evitar una depresión en Puerto Rico y, al mismo tiempo, poder asegurarles a todos, entre ellos los inversores, de que en el futuro la política fiscal se mantendría prudente.

Una solución mucho mejor consistiría en establecer una regla de responsabilidad fiscal como la que se ha adoptado en países que van desde Nueva Zelanda hasta Suecia, Colombia y Chile.

La idea es mantener el gasto por debajo de lo que el gobierno pueda recaudar en impuestos a largo plazo (asegurando así la sustentabilidad), y permitir déficits cuando la economía opere por debajo de su potencial y la recaudación del fisco sea anormalmente baja (garantizando así la flexibilidad y contribuyendo a la estabilización macroeconómica).

En Chile, esta regla permitió que el gobierno repagara la deuda de modo gradual y eventualmente se convirtiera en un acreedor neto, al mismo tiempo que redujo la volatilidad de la inversión pública y el producto. No existe motivo por el cual una solución semejante no hubiera de funcionar en Puerto Rico.

La tercera lección que se desprende de Grecia es que no basta con ajustes de tipo macroeconómico; los países cuya deuda es muy alta también necesitan contar con una estrategia de crecimiento que sea creíble. Puerto Rico no constituye una excepción a lo anterior.

Durante mucho tiempo, la economía de dicha nación creció con base en los incentivos fiscales a las empresas. Pero a partir de 1996 el Congreso de Estados Unidos eliminó esos incentivos, sin elaborar ningún plan de desarrollo. Por el contrario, Puerto Rico está trabado por una ley de principios del siglo XX que exige que todo el comercio con Estados Unidos se realice a través de onerosos barcos estadounidenses, lo cual aumenta sus gastos en transporte y socava su competitividad económica.

Todo esto tiene que cambiar. Puerto Rico no va a pagar su deuda –ni siquiera lo que le reste luego de su reducción– a menos de que su economía crezca. Los acreedores y legisladores estadounidenses deben aceptar esta realidad, y actuar de manera acorde.

Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, es professor of Professional Practice in International Development en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Columbia University, Estados Unidos. © Project Syndicate 1995–2016

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