Opinión

Graves acusaciones contra industria tabacalera

Actualizado el 06 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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Graves acusaciones contra industria tabacalera

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Gravísimas acusaciones hace el Dr. Roberto Castro, jefe de la Dirección de Vigilancia de la Salud, el pasado 15 de agosto en el periódico La Nación , en contra de la industria tabacalera del país, actividad legalmente establecida y siempre respetuosa de la legislación establecida, al sugerir irresponsablemente que “la evasión fiscal sobre la producción e importación de cigarrillos se ha menospreciado”.

Indica el Dr. Castro que el pago de tributos por parte de la industria tabacalera se basa en una declaración jurada de los mismos fabricantes e importadores del producto, pero lo que no dice es que, en Costa Rica, todos los contribuyentes, absolutamente todos, realizan sus pagos de impuestos guiados por el mandato legal de autodeclarar y pagar.

No se ha dado cuenta el Dr. Castro, o aún no quiere entenderlo, que en Costa Rica, como en cualquier país donde se respetan los principios legales y constitucionales, para emitir criterios, señalar y hacer acusaciones sobre empresas o individuos es imprescindible aportar pruebas, comprobar que lo dicho es cierto o, en su defecto, rectificar o corregir. Sus aseveraciones, de no ser ciertas, no pueden caer en el olvido y, como funcionario público, deberá aportar las pruebas que confirmen sus graves acusaciones. British American Tobacco estará a la espera de las pruebas que aporte el Dr. Castro, pero apela también a que el Ministerio de Salud lo llame a cuentas por sus deliberadas declaraciones, pues un funcionario público, al utilizar espacios públicos para opinar, lo hace en nombre de la institución que representa.

La preocupación del Ministerio de Salud, de Hacienda, de la Policía Fiscal y de Aduanas debería centrarse en frenar la creciente evasión fiscal, producto del contrabando de cigarrillos que, según lo han expresado en los medios de comunicación las mismas autoridades, deja pérdidas anuales por más de $36 millones.

La industria formalmente establecida en el país ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de las exigencias de ley. En lo tributario, British American Tobacco (BATCCA) aporta más de $50 millones anuales por concepto de pago de impuestos.

Desde la entrada en vigencia de la ley 9028, Control del Tabaco y Efectos Nocivos sobre la Salud, en marzo del 2012, la producción, comercialización y exposición de productos de tabaco han estado altamente reguladas por nuevas disposiciones legales, directrices institucionales y nuevos tributos, a los cuales hemos atendido y cumplido a cabalidad, como es debido.

Pagos que se realizan diligentemente en cumplimiento de la ley –y así lo pueden constatar las autoridades competentes–, impuestos de renta, patentes, ventas, selectivo de consumo, y de cigarrillos, el específico a los productos especifícos de tabaco.

A partir de la implementación del impuesto establecido en la ley 9028, la industria legal del tabaco ha aportado más de ¢16.071 millones al Ministerio de Salud. Pagos que jamás obtendrá el fisco de los productos de contrabando, cuyo consumo diario está estimado por las autoridades en 800.000 cigarrilos ilegales diarios, con un trasiego de alrededor de 300 millones de unidades al año. El impacto de los que sí evaden está más que demostrado, e impacta tanto a las arcas del Estado como a la salud pública.

Las manifestaciones del funcionario trascienden sus competencias en el Ministerio de Salud y, por eso, hacemos un llamado al Gobierno de la República, y a las dependencias relacionadas con temas tributarios y fiscales, para que le expliquen al Dr. Castro dónde están los verdaderos evasores.

Ante acusaciones tan serias sin fundamento, esperamos que el Ministerio de Salud presente públicamente los fundamentos de la postura del funcionario o bien solicite, en un marco de transparencia, las debidas acciones y aclaraciones para evitar información pública que induzca a error.

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