Opinión

¿Gobierno transgénico?

Actualizado el 20 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

El Gobierno tiene la oportunidad de defender los intereses nacionales

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El debate sobre la liberación de maíz transgénico en Costa Rica ha sido una gran oportunidad para reflexionar sobre cuál es el futuro del agro que realmente merece este país. Queremos espacios para discutir la conveniencia nacional, evaluar los verdaderos costos y riesgos de estos lucrativos agro-negocios transnacionales que no dejan beneficios concretos en conocimiento o en transferencia tecnológica para Costa Rica.

Sin embargo, este negocio ya registra impactos ecológicos como los eventos descontrolados de propagación de plantas y rebrotes de algodón transgénico en Cañas en 2005. Además, en Chomes se dieron intoxicaciones con uso de pesticidas en campos de algodón transgénico sobre más de 180 mujeres trabajadoras en el mes de octubre y en julio del 2010 (IRET, 2011). Los argumentos que llaman a rechazar este maíz, han sido expuestos por más de 60 diferentes instituciones, donde se destacan la de los Consejos Universitarios de la Universidad Nacional (UNA) y del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR, el Centro de Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultural, el Instituto de Desarrollo Rural y diferentes programas académicos de la UCR, la UNED y más de una veintena de pronunciamientos de organizaciones culturales, agricultores, diputados, indígenas, jóvenes, ecologistas, académicos, estudiantiles, empresarios y miles de costarricenses. Por otro lado, algunos argumentos en defensa de esta actividad vienen de miembros de la propia Comisión Técnica Nacional en Bioseguridad (CTNBio).

Pero esos integrantes no han respondido, aún, las cartas o pronunciamiento expuestos por quienes adversan la siembra transgénica y se han dedicado a evadir las discusiones, alegando que solo se discutirán aspectos netamente “científicos”.

Prefieren reducir el debate a que una fila más de alambre de púas logrará detener el polen de maíz transgénico.

Ha quedado en evidencia que la CTNBio no cuenta con profesionales en ciencias sociales idóneos para evaluar el impacto social, cultural o económico que están señalando el Ministerio de Cultura o la Defensoría de los Habitantes. Además, indígenas de Talamanca resaltan el valor cultural de las semillas de maíz frente a estas variedades transgénicas “sin corazón ni espíritu”.

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Los defensores del maíz transgénico tampoco han emitido criterio sobre los impactos socioeconómicos apuntados por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde) de la UNED. Aún esperamos respuesta sobre lo señalado por más de 70 apicultores en una carta a la CTNBio:

“La miel de abejas contaminada con polen transgénico es penalizada y rechazada por nuestro mercado meta en la Unión Europea”.

El tema de fondo es si realmente la Comisión da la talla para la tarea que tiene por delante. Muchos de los criterios recibidos en esta comisión aportan elementos culturales, legales o socioeconómicos. Sin embargo, la ministra de Agricultura y algunos integrantes de la CTNBio han indicado que solo considerarán elementos netamente técnico-científicos. El otro gran ausente en la discusión es el estudio de impacto ambiental. Para un experimento con tantas implicaciones debería realizarse una evaluación ambiental como lo estipula la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad.

Soberanía comunitaria.

Desde 2005, diversas comunidades y grupos organizados han impulsado un proceso de declaraciones de municipios “libres de transgénicos”, amparados en el principio precautorio y por medio de acuerdos en 11 cantones que representa el 18 % del país.

Entre estos, están los cantones de Paraíso y Oreamuno (provincia de Cartago), Santa Cruz, Nicoya y Abangares (provincia de Guanacaste), San Isidro, Belén y Barva (provincia de Heredia), Talamanca (provincia de Limón), Moravia (de San José) y Grecia (provincia de Alajuela).

El movimiento ciudadano y ecologista respalda la propuesta de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) que recomendó a la CTNBio “declarar una moratoria a la introducción de variedades de maíz transgénico a Costa Rica, hasta que no existan más estudios ecológicos y socioeconómicos que garanticen la integridad de la biodiversidad cultivada y natural existente en nuestro país”. Ahora, la palabra la tiene el Gobierno para desmarcarse de la política transgénica y defender los verdaderos intereses nacionales.

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