Opinión

Gobierno pretende eliminar control presupuestario legislativo

Actualizado el 29 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Gobierno pretende eliminar control presupuestario legislativo

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Tal como lo publicó La Nación el pasado 9 de agosto, el Gobierno, mediante el Proyecto de Ley 18.732, pretende eliminar las juntas directivas de las instituciones autónomas (con exclusión de la Caja, del INS, de los bancos del Estado y de la Aresep) y sustituirlas por un presidente ejecutivo de libre nombramiento por el Consejo de Gobierno.

Se olvida el Proyecto de que los directores aparecen en la Constitución como “responsables por su gestión”, y que debería obtener primero una reforma a la Carta Magna en esto y en cuanto al Título XIII sobre la hacienda pública (arts.176 y siguientes) , que somete al Poder Central (el Ejecutivo) la aprobación de su presupuesto por la Asamblea Legislativa, lo cual es una de las piezas centrales del sistema republicano democrático vigente en Costa Rica.

Por el contrario, la aprobación del presupuesto de las instituciones autónomas, planteado por sus juntas directivas –que, con su eliminación, como se pretende, sería a gusto del Gobierno–, solo requiere, conforme el artículo 184.2 de la Constitución, la aprobación de la Contraloría General de la República. De esta forma, instituciones autónomas como el ICE, tan determinantes por el monto de su presupuesto y el carácter técnico de su hacer, o el INVU, para citar dos ejemplos, pasarían a ser menos que meros despachos ministeriales disfrazados, por estar sin control legislativo alguno, pues su presupuesto tampoco pasaría por la Asamblea Legislativa.

Con este gallo-gallina, y con el pretexto (falso) de la ingobernabilidad, se pretende concentrar en la Presidencia poderes absolutos sobre la hacienda y el gasto público, violando principios constitucionales fundamentales del sistema democrático, representativo y republicano que nos rige, como si el nuestro fuera un régimen dictatorial.

Politiquería rampante. Por ahí es por donde anda la procesión, lo cual no ha sido advertido por los diputados –según sus primeras reacciones ante la información de La Nación a la que aludo–, y a espaldas del pueblo se pretende torpemente destruir al ICE, al INVU, al AyA y demás instituciones autónomas y semiautónomas afectadas, y sustituirlas por la politiquería rampante que prospera inevitablemente cuando no hay control alguno, o bajo el control omnímodo del presidente.

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Parece que, con el uso de ciertas palabras mágicas como ”control excesivo”, gestión “ágil y efectiva”, “eficacia y eficiencia” y “gobernabilidad democrática”, se anestesia el sentido crítico de los oyentes para que no se den cuenta de que se pretende todo lo contrario. Porque, si ahora lo que falta es control por parte de las juntas directivas, en el caos o la decisión centralizada de uno no puede haber ni agilidad ni eficiencia ni, mucho menos, “gobernabilidad democrática”. Se agrava todo eso y terminan de despuntar las orejas del lobo bajo la cofia de la abuela, pues ese mismo proyecto (art.11) le resta expresamente al escaso control de la Contraloría General: “definir los fines y objetivos de la función pública, ni elegir los medios que serán empleados para la satisfacción del interés público”, lo que sí ocurre en la Asamblea Legislativa con el Presupuesto Nacional.

Comisión de Notables. Tampoco es cierto, como lo alega el Proyecto que analizo, sometido con carácter prioritario a la Asamblea Legislativa, que esta propuesta se origina en la Comisión de Notables, tanto porque los puntos medulares que planteo no fueron objeto de su análisis, según consta en su informe final, como porque, respecto del hilo conductor que lleva a ese ovillo –eliminación de las juntas directivas y sustitución por un presidente ejecutivo de libre nombramiento por el Gobierno–, la Comisión se dividió en dos y no alcanzó a recomendar nada en cuanto tal (ver Recomendación 61, p. 30 del informe).

Los señores diputados, empezando por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, donde está ahora, según parece, deben analizarlo con el mayor cuidado y advertir su profunda inconveniencia e inconstitucionalidad, y que atenta contra sus más básicas atribuciones para el cuidado de la hacienda pública, como es el dictado y discusión del Presupuesto Nacional, del que se pretende sustraer una porción importante y determinante del gasto público, con los pretextos que aquí se analizan.

La creación de las instituciones autónomas (Título XIV de la Constitución, arts. 188 a 190) fue objeto de amplios debates en la Asamblea Nacional Constituyente (ver actas 166, 177, y 182 ), pues se quería que el Estado pudiese actuar descentralizadamente en servicios públicos técnicos, sin politiquería ni clientelismos . Así funcionó muy bien durante más de cuarenta años, y a ello debe el país sus adelantos notables en electrificación, y las ciudadelas periféricas del INVU en la GAM.

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Más bien, se incurrió posteriormente en el exceso de pretender que la autonomía en materia de gobierno lo era también frente a la ley.

Por ello, se requirió una reforma constitucional en l968 al artículo 188, para que quedase claro, como lo dice el texto ahora expresamente, que gozan “de independencia en materia de administración, y están sujetas a la ley en materia de gobierno”.

Con lo que se pretende, con este desafortunado proyecto, ambas materias quedarán sujetas a la voluntad única del presidente, y fuera de toda voluntad legislativa también en ambas materias. O sea, una concentración total de poder, evidentemente violatoria de la Constitución , y que en la empresa privada también se condenaría por ineficiente, pues la administración descentralizada ahí también es mucho mejor.

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