EscucharEn su reciente presentación a la Asamblea Legislativa de la situación fiscal del país, la contralora general de la República, Marta Acosta, brindó una serie de datos que paran el pelo. Lo peor es que son ciertos y reiterados en el tiempo.
Por cada ¢100 que le ingresan a las arcas públicas se gastan ¢170. La diferencia se financia con deuda pública. Es una dinámica insostenible, que amenaza lo que atesoramos como los bienes más valiosos de la nación: la salud, la educación, la seguridad y la producción, entre otros.
Luego de la disertación de la Contralora se puede recurrir a mucha retórica, pero hablar mucho y hacer nada nos mantendrá en el mismo sitio en que nos encontramos hoy, con el agravante de que el deterioro de la Hacienda Pública se profundiza diariamente.
Desde diciembre anterior, en un artículo que me publicó el diario La Nación , hice un llamado a formular una “agenda legislativa estratégica”, cuyos contenidos, en su orden, eran entrarles primero a los disparadores estructurales del gasto público (pensiones, salarios, transferencias, exoneraciones y convenciones colectivas); aprobar una serie de leyes para impulsar el crecimiento económico (empréstitos para obra pública, convenios de protección de inversiones y reforma energética); y luego de aprobada esa agenda, valorar nuevos o mayores impuestos.
Hoy, esa “agenda legislativa estratégica” sigue estando vigente, pero la situación descrita por la Contralora demuestra que el estado de las finanzas públicas es mucho más apremiante. Hay que adoptar medidas de carácter coyuntural y, entre ellas, formular el proyecto de presupuesto de la República para el 2016 a la luz de un criterio de crisis.
No se puede seguir gastando como si viviéramos en tiempos de normalidad, cuando la presión del gasto público está por estallarnos en las manos.
Recortes. Del presupuesto del 2016 deben suprimirse las partidas de gasto para viajes y viáticos al exterior, con excepción, quizás, de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Turismo y Comercio Exterior. Igualmente, deben eliminarse las partidas destinadas a información, publicidad, relaciones públicas y alimentos en los tres Poderes del Estado, con excepción de los recursos destinados a la alimentación de la Policía, los internos carcelarios, los comedores escolares y otros grupos pequeños de servidores públicos que sean indispensables.
Deben suprimirse las partidas para adquisición de vehículos, salvo los destinados a Seguridad Pública; reducir montos de consumo de combustible y eliminar las partidas para contratación de asesorías y consultorías externas.
Estoy seguro de que entre los funcionarios que trabajan en el Estado existe suficiente talento para hacer bien las cosas necesarias sin tener que recurrir a una especie de planilla adicional por concepto de consultorías externas.
Sumado a ello, hay que suprimir las partidas destinadas a transferencias a otras instituciones públicas o entes privados, salvo en aquellos casos en que deba hacerse por ley o estén destinadas al cuido de niños y niñas, adultos mayores y otros segmentos de la población en situación de vulnerabilidad social.
Es urgente revisar y suprimir el pago de cuotas de afiliación a organizaciones internacionales multilaterales o pedir una moratoria de un año y dejarlas sin contenido presupuestario durante el 2016.
El Ministerio de Hacienda debe revisar la ejecución efectiva de los créditos ya aprobados y renunciar a aquellos que tienen ya tres o más años sin avance significativo; hay que parar la sangría que causa el pago de comisiones por dinero prestado que no se utiliza.
Las transferencias de dinero del Estado que a junio próximo no estén debidamente comprometidas en las instituciones receptoras deben ser reingresadas a la caja única, salvo aquellas desembolsadas a las juntas de educación y juntas administrativas de los colegios públicos.
Otros gastos. Una decisión que debe tomarse antes de aprobar el presupuesto 2016 es la de eliminar las exoneraciones y exenciones vigentes, salvo las que son fruto de contratos para atraer inversión a las zonas francas.
Si Hacienda considera que algún otro beneficio fiscal debe mantenerse, deberá justificarlo a la Asamblea Legislativa.
Los salarios en el sector público deben limitarse, estrictamente, a reconocer el monto de la inflación acumulada en el período respectivo; no hay espacio para incrementos reales.
El Poder Ejecutivo debe emitir ya una directriz para indicar a las instituciones públicas que sus presupuestos para el 2016 deben seguir los mismos lineamientos que se proponen para el presupuesto del sector público central.
Todos tenemos que socarnos la faja, no se vale que las hijas ricas del Estado gasten como en Jauja cuando el país se encuentra en la lipidia.
Estoy seguro de que la nueva composición de la Comisión de Asuntos Hacendarios, bajo el liderazgo de la diputada Rosibel Ramos, hará una excelente labor en estos tiempos tan difíciles, pero eso no es suficiente.
El Poder Ejecutivo, desde el proceso de formulación del proyecto de presupuesto que está confeccionando en este momento, también debe hacer lo propio.
El presupuesto del 2016 del Poder Ejecutivo y demás instituciones debe ser el reconocimiento por parte del Estado de que estamos en crisis, que la dinámica actual del gasto público es insostenible y que, mientras se aprueban las reformas sobre los disparadores estructurales del gasto, se deben adoptar medidas críticas y coyunturales.
Ya no hay tiempo para procrastinar.
(*) El autor es diputado del Partido Unidad Social Cristiana
