Opinión

Frente Amplio impulsa el respeto a los derechos humanos

Actualizado el 13 de agosto de 2014 a las 12:00 am

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Frente Amplio impulsa el respeto a los derechos humanos

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Según el señor Fernando Zamora Castellanos, en su artículo titulado “Proyecto de ley atropella la objeción de conciencia” ( La Nación , 10/08/2014), el Frente Amplio pretende atropellar el derecho constitucional de objeción de conciencia al presentar un proyecto que sanciona la discriminación. Nada más lejos de la verdad.

Podemos asegurar que, de aprobarse este proyecto, quienes defiendan sus convicciones con respeto hacia la dignidad y los derechos fundamentales del prójimo seguirán gozando de toda la libertad que nuestro país puede ofrecerles.

De ninguna manera el proyecto de ley 19.062, presentado por el Frente Amplio, va en detrimento ni de la libertad ni de la objeción de conciencia, términos que el articulista confunde. La libertad de conciencia y la libertad religiosa son el marco de derechos humanos que resguarda la práctica de la objeción de conciencia, la cual es entendida como una negativa a cumplir con alguna directriz establecida a nivel jurídico, debido a que esta es incompatible con los valores morales y éticos de la persona, usualmente basados en principios religiosos. En este sentido, se refiere a un derecho de los individuos frente al Estado para exigirle abstención y protección de ataques de otras personas o entidades, pero, de ninguna manera, a una “patente de corso” para poder atacar a los demás, amparados en esa conciencia.

Lo que el citado proyecto busca es castigar conductas violatorias de los derechos humanos, que son delito en la mayor parte de mundo occidental: la discriminación contra sectores de la población y la apología o exaltación del odio. En Estados Unidos y otros países de tradición jurídica anglosajona hay regulaciones que sancionan los crímenes de odio, donde se ha producido un ejercicio abusivo de la libertad de expresión para promover la violencia y la discriminación contra otros seres humanos. Recientemente, en Francia fue condenada a prisión una excandidata a diputada por proferir públicamente insultos racistas contra personas negras. La excandidata trató de defenderse afirmando que ejercía su derecho a la objeción de conciencia.

La apología del odio no es un ejercicio normal y justo de la libertad de expresión ni, mucho menos, de la objeción de conciencia. Se trata de un uso abusivo que lesiona la dignidad humana, y que ha sido expresamente sancionado por los convenios de derechos humanos que Costa Rica ha firmado, en los cuales se considera que se trata de conductas que son mucho más graves que una injuria o una difamación. No solo se insulta a una persona o a un grupo de personas, se denigra a todo un colectivo humano, y se promueve la discriminación y la violencia contra este.

En ese sentido, el articulista incurre en graves imprecisiones, pues el proyecto de ley 19.062 no pretende perseguir a quien asume una posición política determinada, no comparte una política pública o ejerce la crítica desde sus creencias religiosas o convicciones éticas. Una cosa es la crítica y el debate de ideas y otra muy distinta, la apología del odio y la discriminación.

Del artículo se desprende que el visceral ataque a la iniciativa del Frente Amplio se deriva de un temor infundado a que el proyecto 19.062 impida la oposición a determinadas medidas que buscan reconocer derechos a parejas del mismo sexo. Nos llama la atención que este “temor” esté por encima del imperativo de combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación y violencia que sufren muchas personas en nuestra sociedad. ¿Será necesario recordar que hoy en día en Costa Rica la apología del odio y la discriminación afectan no solo a las personas homosexuales? También las mujeres, las personas con discapacidad, las personas pobres, las personas indígenas, negras, chinas o de cualquier grupo étnico minoritario e, incluso, personas que son discriminadas por sus creencias religiosas.

El señor Zamora falta a la verdad al señalar al proyecto de ley 19.062 como censura previa contra los medios de información o instituciones sociales. La iniciativa de ley no propone sanciones previas de ninguna clase para la prensa o para ninguna persona, simplemente pretende que cada uno asuma la responsabilidad de sus actos.

La propuesta es plenamente concordante con las obligaciones asumidas por Costa Rica en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, tras regular en su artículo 19 la libertad de expresión como piedra angular de un Estado de derecho democrático, prohíbe en su artículo 20 la apología del odio “que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. De acuerdo con esta norma, el Estado costarricense debe establecer esta prohibición por medio de la ley, obligación que hasta el momento no se ha cumplido.

En el Frente Amplio creemos que, si la intolerancia implica crimen y perjuicio evidente a las personas, prima el rigor de la ley, esta debe ser sancionada y el daño reparado. Fuera de esta restricción legal, válida en todo Estado de derecho, es plena la libertad.

En una sociedad que se precie de inclusiva, se debe confrontar al intolerante con la realidad que todos comparten como espacio vital y promover un diálogo en que nadie se sienta con el derecho o la impunidad para violentar a quien considera diferente.

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