EscucharLas principales convenciones colectivas del sector público se firmaron en los años 70 y 80. Fueron acuerdos donde se negociaron las condiciones de los trabajadores y se establecieron una serie de prebendas que, actualmente, recargan los costos operativos de la mayoría de las instituciones públicas.
De los 295.000 empleados estatales, 125.000 reciben privilegios, lo que significa el 6,2% del total de la fuerza laboral. Las convenciones colectivas tienen el inconveniente del conflicto de intereses: se crean entre el sindicato y los representantes de las instituciones, y ambos son beneficiarios.
Las convenciones tienen una duración de tres años y pueden ser denunciadas por una de las partes hasta un mes antes del vencimiento, de otra forma se prorrogan automáticamente por un periodo igual.
En forma irresponsable, en cada nueva negociación, los sindicatos han venido históricamente logrando nuevos beneficios. A tal punto que se puede afirmar que son vitalicias.
¿Cómo las autoridades políticas responsables no previeron las consecuencias de la expansión de los gastos de cada institución? ¿Acaso desconocían que los derechos y beneficios que se dieron están por encima del Código de Trabajo? ¿Nunca analizaron los costos a largo plazo? ¿Cómo cedieron a las presiones y comprometieron la estabilidad financiera?
Empleo público. Los principios del empleo público están establecidos en los artículos 33, 57 y 191 de nuestra Constitución. En estos artículos se regula la igualdad y se define que el Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos para garantizar eficiencia.
No obstante, el Servicio Civil regula 47 instituciones que son el Poder Ejecutivo y los adscritos. Las convenciones colectivas están vigentes en 51 municipalidades y 20 instituciones públicas, de un total de 329 entidades que conforman el aparato estatal. Otras instituciones, por grados de autonomía, leyes especiales, reglamentos y estatutos tienen su propia estructura salarial.
Esto nos lleva a un caos y a desigualdades en salarios, sanciones, vacaciones, etc. Por niveles socioeconómicos según ingresos, en el Gobierno central los que menos ganan tienen un salario que representa el 76% y los pluses el 24%; en los niveles superiores, el salario es el 41% y los pluses el 59%, lo cual genera una brecha social importante.
En los Estados que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto en personal público representa el 23%; en Costa Rica es un 70% más.
En nuestro país, el salario promedio de un funcionario es más del doble que en el privado. Está claro que existe una gran debilidad en la planificación del empleo gubernamental.
La desigualdad es preocupante cuando el salario mayor es 55 veces más alto que el recibido en el quintil más pobre. Para un sueldo básico, 15 anualidades son aproximadamente ¢70.000 y para un gerente, ¢1.200.000.
Fragilidad fiscal. La economía se está desacelerando, agravada por un aumento en el desempleo y la deuda. El gasto sigue creciendo más que el ingreso, los salarios en el Gobierno aumentaron un 9,5% en el primer semestre del año. Los intereses tuvieron una variación del 19,5%.
Todo parece indicar que, para controlar el crecimiento del gasto en el 2016, habrá que controlar remuneraciones, pensiones y transferencias corrientes.
Los salarios en el Gobierno no pueden crecer en términos reales, por lo que habrá que limitar los pluses automáticos y no contratar más gente.
Las pensiones con cargo al presupuesto equivalen al 2,7% del PIB y el aumento es de un 12% este año, con el agravante de que no se tiene información clara.
Hablar de reducir ¢20.000 millones en pensiones para el 2016 es ridículo, si sabemos que se van ¢798.000 millones.
Es predecible que los ingresos fiscales no aumentarán debido a la actual desaceleración. La carga tributaria viene cayendo desde el 2009 y difícilmente superará el 13% PIB.
Para el 2014, la deuda pública era de ¢10,4 billones y crece todos los años. Las transferencias han crecido de un 5% del PIB en el 2008 a un 8% en el 2015.
Si la economía de Estados Unidos sigue evolucionando como se presenta este año, está claro que los intereses aumentarán para normalizar la política monetaria. Tal suceso tendrá un costo importante en nuestra deuda externa y en una economía como la costarricense, donde mucho del crédito está dolarizado.
La realidad es que el crecimiento del gasto está presionado por remuneraciones, pensiones, el servicio a la deuda y las transferencias.
“Socarse” la faja. No hay otra alternativa más que entrar en un programa de gran austeridad. No tenemos otra salida que buscar nuevos ingresos y hay que revisar las convenciones colectivas para limitar los excesivos privilegios crecientes, en especial a los que tienen altos salarios.
El trabajo en el sector público debe remunerarse bien, pero no caer en excesos inmanejables e inequitativos. Y, desde luego, hay que exigir competitividad.
No podemos aumentar los impuestos para seguir pagando incentivos y pluses salariales a una minoría.
Todas las instituciones deben ser ordenadas, con una política clara, que alcance a todo el empleo público.
El problema fiscal es un asunto nacional y todos vamos a resultar afectados. Mal haríamos, en especial los sindicatos, en defender más privilegios, con una situación fiscal tan compleja. No hay otra salida que un sacrificio solidario.
La fragilidad financiera actual exige que los partidos políticos, el Gobierno, los sindicatos, los gremios empresariales, los empleados públicos y en general toda la sociedad busque una salida ante una crisis inminente, que afectará, sobre todo, a los sectores más vulnerables.
No alimentemos la lucha de clases y las amenazas de la democracia de la calle. El sacrificio debe ser parejo y los que deben poner la cuota más alta son los que tienen mayores recursos.
La Asamblea Legislativa debe dar prioridad a proyectos que corrijan el problema fiscal. Llegar al 2016 sin ajustes en los ingresos y gastos es un grave error.
En los últimos años hemos vivido una fiesta; llegó la hora de socarnos la faja. Hay que cuestionar las convecciones colectivas. Todos los partidos responsables deben asumir posiciones transparentes, no estamos para populismos.
Los derechos adquiridos de los empleados públicos deben respetarse. Las medidas contra la evasión y elusión son impostergables. La reforma al empleo público y nuevos ingresos tributarios son necesarios y urgentes. No obstante, debemos ser muy cuidadosos en cómo la hacemos.
Tenemos que volver a crecer en forma ordenada, fomentar un Estado más eficiente, ágil, transparente y austero.
No podemos seguir teniendo 329 instituciones, que en su mayoría duplican funciones, gastos y han creado un complejo estado de ingobernabilidad. Es fundamental que busquemos consolidar y lograr economías de escala. Busquemos las soluciones basadas en el diálogo.
Jorge Woodbridge es ingeniero.
