En momentos de crisis como los que se avecinan, una forma de combatir la desocupación amenazante es estimular la construcción, lo cual resulta difícil en estos tiempos en que los precios de los materiales se disparan hacia arriba, y el valor de la mano de obra también.
Sin embargo, algo se lograría si los diputados se pusieran a estudiar y pensar en todas las condiciones negativas que ha generado la ley de inquilinato actual y que, lejos de promover, más bien aleja a los inversionistas que pudieran tener interés en construir para alquilar.
Hay gente que cree que levantar edificios para servir al comercio y atender necesidades de vivienda es un negocio especulativo y entonces considera necesario ponerle toda clase de obstáculos al empresario que desee invertir sus recursos en nuevas viviendas y locales comerciales, suponiendo que con esto favorecen al inquilinato, cuando en realidad lo que están haciendo es disminuyendo la oferta, con lo cual crecen los precios de lo que ya existe.
Una medida razonable para favorecer a los que alquilan viviendas sería regular los precios de acuerdo con el valor de la propiedad estimado en la Tributación Directa; así el Gobierno también ganaría al estimular una declaración de bienes que se ajuste a la realidad.
Lo que hoy dispone la ley está muy lejos de respetar el concepto de propiedad establecido en la Constitución, que al fin y al cabo es un principio democrático en el que la propiedad representa un ahorro, o sea, trabajo acumulado y conseguido a través del esfuerzo personal. El legislador está en la obligación de velar por los intereses de las mayorías y, por lo tanto, debe establecer las reglas de juego para evitar especulaciones, pero teniendo cuidado de no alejar al inversionista.
Una empresa que desee prosperar no puede en este momento invertir en viviendas cuando la ley congela los alquileres por cinco años mientras el colón se devalúa todos los días.
Mucho más ruinosa es la inversión en locales comerciales en los que la ley actual convierte a los inquilinos en usuarios "ad perpetuum" y deja al propietario sin ninguna oportunidad de recuperar su propiedad, o sea, el ahorro del trabajo acumulado a través de toda su vida.
No se sabe a cuenta de qué, la ley actual convierte al inquilino de un local comercial en usufructuario vatalicio de una propiedad en la que no ha invertido ni una gota de su propio sudor, pagando con el tiempo una renta devaluada y dejando al propietario la carga de pagar los impuestos.
Así no se estimula la construcción, que es una actividad positiva, generadora de fuentes de trabajo pues, además de la construcción propiamente dicha, hay muchas industrias colaterales que prosperan al margen: maderas, bloques, techos, pinturas, cerrajerías, puertas, ventanas, etc.
?Por qué no razonar haciendo a un lado la demagogia política y procurando poner las cosas en un justo medio?
La construcción de viviendas de bajo costo es una tarea que corresponde al Estado pues no hay forma de convertir esa actividad en un negocio rentable, a menos que se disponga de algún subsidio estatal.
En cuanto a los demás servicios, una ley de inquilinato razonable y adecuada a los tiempos actuales permitiría el auge de la industria de la construcción que solo beneficios traería pues incrementaría las fuentes de trabajo, suministraría una mayor oferta de viviendas y locales comerciales y aliviaría en parte la enorme necesidad de albergue familiar que seguimos padeciendo, no obstante la existencia de numerosas entidades burocráticas dedicadas a la solución de ese problema.