Opinión

¿Formalismo frente a pragmatismo?

Actualizado el 09 de agosto de 2013 a las 12:01 am

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¿Formalismo frente a pragmatismo?

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Don Johnny Meoño insiste en este diario (véase su artículo del 28/07/13) en su molestia acerca de la improvisación y la falta de conocimiento de nuestra normativa institucional, con las que suelen acceder al Gobierno los candidatos electos en los comicios nacionales. Creo que tiene razón cuando dice que los nuevos gobernantes acostumbran llegar o a inventar el agua tibia o investidos de un simple sentido común, desconociendo en ambos casos el acumulado efectivo que tiene Costa Rica en materia de normativa de gestión gubernamental.

Sin embargo, discrepo de don Johnny en cuanto a que esa base legal que habitualmente existe, haga innecesaria una revisión de nuestro entramado institucional en cualquier campo que tratemos. Por supuesto que es posible mostrar en cada tema que ya hay algún tipo de normativa al respecto (que, es cierto, generalmente se desconoce), pero actuar guiados solo por ello podría conducirnos a un formalismo normativo, que puede ser tan paralizante como el pragmatismo desconocedor que se critica.

Tomando el ejemplo ilustrativo que don Johnny utiliza en su artículo, el área de las políticas sociales selectivas y, en particular, las dirigidas a combatir la pobreza, seguir su recomendación significaría, tal como lo afirma, que no es necesario unificar las 22 entidades ejecutoras de los más de cuarenta programas, como tampoco crear una nueva autoridad rectora (que ejemplifica como un Ministerio de Desarrollo Social). Ello, porque, explica, hay normativa que resolvería los problemas identificados.

Sobre el primer asunto, me preocupa que llegue a desenfocarse el problema, porque, desde luego, no se trata de unificar instituciones o programas, sino de ordenar (por fin) este campo de actuación gubernamental. Al mapear con rigor los más de cuarenta programas, podremos cotejar dónde hay solapamientos innecesarios, falta de correspondencia entre objetivos y población meta, ausencia de protocolos técnicos, etc. Y eso no se arregla (solo) con asignar un mismo código presupuestario a todos esos programas. Hace falta un sistema de información que permita cotejar población objetivo con población beneficiaria, y también una autoridad rectora.

Autoridad rectora. Efectivamente, para ordenar el campo del combate a la pobreza es necesario, como viene insistiendo la Contraloría General de la República desde hace varios años, establecer con solidez una autoridad rectora. A este respecto, don Johnny afirma que no hay que crear nada nuevo porque esa función ya la tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Es cierto que un reducido segmento de la normativa que rige dicho ministerio le otorga competencias de rectoría en materia de lucha contra la pobreza. Sin embargo, esa importante institución no viene ejerciendo dichas funciones en la práctica, algo que no se puede atribuir solo al desconocimiento de ello por parte de los presidentes de turno.

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Todo indica que el MTSS se ha ido especializando en lo que es el centro de su competencia: las relaciones laborales y el desarrollo de la seguridad social. Hoy sería pedirle demasiado que cargara también con el intenso trabajo que significa tratar de ordenar la política social selectiva. Por tanto, el hecho de que todavía mantenga en su normativa ciertos artículos referidos a este campo, no debería plantearse como la razón por la que el MTSS deba ser, o no, la entidad rectora, excluyendo como consecuencia cualquier otra opción.

Como ha subrayado la Contraloría en varios informes, la cuestión de fondo es que no hay entidad rectora eficaz, y eso hay que subsanarlo de emergencia. La pregunta de si hay que dotar de mayores competencias y recursos a una institución existente (el MTSS, por ejemplo), o crear una nueva, parece un asunto secundario.

Buscar con lupa dónde puede haber normativa asociada ya existente para resolverlo puede ser formalista. Si es necesario, habrá que crear una entidad nueva y, sobre todo, tener el coraje de dar ese paso.

Cómo denominarla, también es secundario. Lo urgente es tener una autoridad rectora, ágil y competente, que ordene el esfuerzo público para combatir la pobreza.

No continuemos con posturas dilatorias, sean formalistas o pragmáticas. Los pobres no se lo merecen.

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