En respuesta al artículo publicado en este diario por la periodista Amy Ross el pasado 2 de julio, me permito aclarar las inexactitudes de dicha información que hacen aparecer la administración de Fonabe como un monumento a la ineficiencia durante toda una década.
En el año 2006 asumí la presidencia de la Junta Directiva de esa institución cuando Fonabe era un fideicomiso del Banco Nacional que la Contraloría General de la República había ordenado cerrar.
Aunque se puede escribir toda una antología sobre lo encontrado, únicamente me limito a mencionar dos hechos importantes. Existían cerca de 60.000 beneficiarios, de los cuales a unos 26.000 se les concedía una ayuda mensual y al resto una única ayuda al año. Sin embargo, en mayo del 2006 muy pocos habían recibido los beneficios.
El segundo hecho importante es que, en el momento en que ingresamos a la institución, la mitad de sus funcionarios renunciaron, dejándonos sin sistema de información, sin un manual, sin descripción de los procedimientos.
¿Qué se hizo entre el 2006 y buena parte del 2007? Crear una nueva institución, cerrando el fideicomiso y abriendo una nueva bajo las reglas de operación del sector público . Fue así como se procedió a negociar con la Contraloría General de la República para mantener en funciones a la institución; con el Ministerio de Hacienda para que nos permitiera girar los recursos y pagar a los estudiantes que estaban pendientes; con el Banco Nacional para finiquitar el fideicomiso en las mejores condiciones; con el Servicio Civil para iniciar el traslado de los funcionarios a dicho régimen; con el Ministerio de Planificación para la aprobación de la nueva estructura administrativa; con la Autoridad Presupuestaria para la aprobación de las plazas dentro del presupuesto del Gobierno.
De esta manera, a inicios del 2007 se comenzó a trabajar con la caja única del Estado, tal y como fue ordenado, se trasladaron los funcionarios al sistema del Servicio Civil, se rediseñaron lo procedimientos para adecuarlos a los nuevos requerimientos públicos, se reordenó internamente la institución para que realizara compras y contrataciones bajo el régimen público, se efectuó una intenso trabajo con el Servicio Civil para ubicar los nuevos puestos dentro del manual de dicha institución, se aprobó la nueva estructura administrativa por parte de Mideplan y se logró la autorización, por parte de la Autoridad Presupuestaria, para el nombramiento de los 50 puestos que tenía Fonabe.
Pago a beneficiarios. No es de extrañar, entonces, que a finales del 2006 solo nos alcanzó el tiempo para pagar a los beneficiarios que estaban dentro del sistema y reintegrar el dinero sobrante, único hecho que ha venido siendo noticia recurrente cada vez que se refieren a Fonabe.
Logramos armar una estructura lo suficientemente sólida para el año 2007, tanto es así que se nos encargó el programa Avancemos, con resultados sorprendentes en el 2008.
Resultados. Tal y como está legalmente documentado, en el 2008 se logra pasar de las 26.000 becas que se tenían a 349.000 beneficiarios a finales de ese año, siendo ese el momento en que se ordenó trasladar al IMAS alrededor de la mitad de dichos beneficiarios, para ser administrados por bajo el programa Avancemos.
Alcanzar esos objetivos solo fue posible gracias al empeño de los 50 funcionarios de Fonabe, a la Dirección Ejecutiva, al apoyo de la Junta Administrativa y, muy especialmente, al esfuerzo de todo un ejército de docentes que, integrados en comités de beca, fueron quienes realizaron la tarea de seleccionar a los estudiantes acreedores a los beneficios.
Pero, curiosamente, este número de beneficiarios nunca ha sido noticia. Por el contrario, en el reportaje de la periodista Ross se hace referencia a 10.000 beneficiarios que se trasladaron al IMAS en enero del 2009, y que correspondían a las últimas solicitudes que se recibieron en la institución en el 2008, hecho que describe la periodista como un atraso por parte de la entidad.
De la misma manera se menciona en ese reportaje una debacle a inicios del 2010, que es absolutamente falsa. Ese año lo iniciamos sin grandes altibajos debido al proceso de mejora continua en que se venía trabajando. Esto lo puedo asegurar, puesto que salí de esa institución en mayo del 2010.
A pesar de que dejamos procesos, manuales, contratos y hasta la licitación para iniciar un sistema de información donde apostábamos a incrementar la eficiencia, me sorprende realmente que después de este período no se aprovecharan esas ventajas y, por el contrario, se tomaron unas decisiones sorprendentes.
Sorprende cómo se destruyeron los procedimientos y se terminaron pagando erróneamente cientos de millones de colones, cómo intentaron tirar los nuevos sistemas de información y devolver la gestión al estado en que estaba años atrás, generando los problemas de falta de pago. Pero, además, me sorprende la poca visibilidad que se les ha dado a dichas ineficiencias; me sorprende que, al evaluar a este Gobierno, siempre se recurre a mencionar al anterior; me sorprende la insistencia de hacer ver errores en la administración anterior, sin tomar en cuenta el trabajo realizado; me sorprende que en este país es imposible hacer un trabajo serio y honrado porque, de todos modos, aparecemos como un inepto más.
De la misma manera me han sorprendido las órdenes de la Contraloría General de la República para cerrar el fideicomiso. Para mí, que he estudiado Administración y que me dedico a enseñar esa materia, siempre me pareció una decisión errónea que no ayudó en nada al buen uso de fondos públicos.
Por todas esas razones me he venido preguntando qué se pretende con ello: ¿será que se quiere administrar los dineros de estas instituciones totalmente fuera de la institucionalidad pública? Esa propuesta la escuché en una oportunidad a un grupo de personas que no estaban ligadas de modo alguno con la institución, y me pareció en ese momento que lo único que lograríamos sería ver los más de 30.000 millones de colones destinados a esta labor social, administrados por entes privados sin mayor control, y creo que el tiempo me está dando la razón.
Sin embargo, queda la satisfacción de que los 15.000 educadores que participaron en esa construcción, los funcionarios, los beneficiarios y sus familias saben que sí es posible lograr una administración eficiente desde el Gobierno. ¿Será esta una de las razones por las cuales ambos Gobiernos son calificados de manera distinta?