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Fin de la continuación de una historia arrocera

Actualizado el 31 de enero de 2015 a las 12:00 am

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Fin de la continuación de una historia arrocera

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Respecto al artículo de la abogada María Lourdes Echandi G., intitulado “Arroz: la historia continúa”, y publicado en La Nación el pasado jueves 22 de enero, aclaramos algunos conceptos errados en esa historia, tendientes a confundir a la opinión pública, y procedemos a ponerle fin, dada la reiteración de argumentos usados por varios autores que ya no ofrecen nuevos criterios a los lectores.

La decisión de la Sala Constitucional, en cuanto a negar la razón a la Asociación de Consumidores Libres, no obedeció a presiones, como tendenciosamente se afirma, sino a la inexistencia de fundamento en los argumentos que esa asociación esgrimió en el recurso de amparo contra los decretos cuestionados. La afirmación de la articulista abogada resulta muy irrespetuosa para el sistema judicial costarricense.

Efectivamente, durante los últimos 15 años, como lo afirma la señora Echandi, los “defensores” de los consumidores han realizado todos los esfuerzos posibles para atacar y desmantelar la actividad arrocera nacional, al punto que las acciones judiciales han sido profusas. En la vía judicial también han fracasado, por lo que no les ha quedado otro recurso que atacar al sector arrocero mediante sus amigos de cierto medio de prensa.

Precisamente, en el recuento de esta historia, recordamos que otro intento fallido fue la interposición de la acción de inconstitucionalidad que plantearon contra la ley 8285, “Ley de Creación de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). Los argumentos también fueron rechazados por la Sala. Si bien es cierto que la Sala consideró conveniente, con apego a la Constitución de la República, reformar algunos artículos de la ley de Conarroz, para que se dé una representación razonable y proporcional al consumidor, la acción fue rechazada en cuanto al resto de las disposiciones objetadas.

Así que, otra vez, los tribunales le dijeron a la Asociación, que se dice defender a los consumidores, que no tenía razón y que, salvo la necesidad de que los consumidores estén representados en los órganos de Conarroz, en todo lo demás la ley 8285 se apega a la Constitución. Ajuste a la legislación, que en ningún momento compete a Conarroz o al sector, sino que es responsabilidad directa de la Asamblea Legislativa emprender las modificaciones a la ley vigente.

Por otra parte, es muy claro el desconocimiento de la autora sobre las inconsistencias y necesidades de actualización de las fórmulas y valores de cálculo de la Medida Global de Ayuda (MGA), así como las abismales diferencias existentes respecto de los techos límite consolidados por parte de los países desarrollados, miembros ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), en relación con los países en desarrollo, que han contribuido a crear una situación ficticia y distorsionada, respecto de los supuestos “subsidios” que, según se dice, otorga el Gobierno al sector arrocero.

Los sistemas de fijación de precios, sobre la base de modelos de costos de producción, no solo no implican una transferencia directa de subsidios encubiertos directos por parte del Estado a la actividad arrocera, sino que, más bien, constituyen un tema de plena validez y debate en la actualidad, en el seno de la OMC.

En ese organismo mundial, países en desarrollo, liderados por la India y el G-33, han obtenido concesiones importantes por parte del resto de las partes contratantes, para reconocer que, como parte de la evolución del proceso de aprobación de la Declaración Ministerial de Bali de la OMC, en materia de seguridad alimentaria se debe reconocer la legitimidad de los esquemas de sostenimiento de precios de los países en desarrollo, como una herramienta válida de la política económica que estos países pueden aplicar para asegurar sus fuentes de producción alimentaria propias, como en el caso del arroz.

La nueva decisión sobre los esquemas o programas de existencia de alimentos de los países en desarrollo asegura, efectivamente, que la “cláusula de paz”, acordada en Bali, expirará en diciembre del 2015, una vez que se haya alcanzado un acuerdo sobre los mal llamados “subsidios” que, según las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y algunos articulistas irresponsables han venido señalando de forma equivocada, se otorgan al sector arrocero del país.

De acuerdo con esto, los miembros acordaron abstenerse de impugnar o cuestionar, mediante los mecanismos de solución de controversias de la OMC, la existencia de dichos programas, bajo las normas de subsidios agrícolas de la OMC, mientras se negocia una solución permanente y se actualizan los marcos de referencia y métodos de cálculo válidos para la cuantificación real de las medidas de ayuda global. Esa es la realidad de los hechos, señora abogada.

Por lo tanto, no se puede calificar el uso de estos instrumentos como una acción violatoria o prohibitiva que atente contra los derechos de los consumidores, cuando la condición de que en el mercado internacional del arroz se comercialice únicamente un 8% de la producción de arroz mundial deja claro que la comercialización internacional de este grano es la de un mercado de excedentes, del cual unos pocos comerciantes buscan sacar provecho cuando las coyunturas internacionales así lo permiten, al existir volúmenes de arroz, que, bajo los precios distorsionados del mercado internacional, se pueden importar en determinados momentos. Situación que, sin embargo, contrasta con la crisis de existencias o ausencia de remanentes de arroz en el mercado mundial del periodo 2007-2009, que llevaron al consumidor de países sin producción nacional a pagar elevadísimos precios para tener la oportunidad de compra del grano.

Los mecanismos de defensa comercial que los países miembros de la OMC tienen el legítimo derecho de poder utilizar, a fin de salvaguardar una actividad de las distorsiones del mercado internacional, no pueden considerarse una acción desleal o incorrecta que va a ocasionar un incremento porcentual en el precio del arroz al consumidor, por cuanto lo único que la medida provoca con su aplicación es controlar el ingreso de excedentes de arroz pilado procedentes de algunos países de Suramérica, lo cual no afecta en ningún sentido nuestros compromisos de apertura comercial e importaciones procedentes de nuestros principales socios comerciales, que seguirán llevando a cabo sus exportaciones de arroz bajo condiciones de acceso preferencial arancelario bajo la cobertura de los tratados de libre comercio vigentes.

En consecuencia, es falso y temerario afirmar que, con la vigencia de la medida de salvaguardia, se afectan las exportaciones de los principales países proveedores, además de que eso tampoco incidirá en mayores precios al consumidor final.

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