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Ficción pública, medios y democracia callejera

Actualizado el 23 de enero de 2013 a las 12:00 am

Cómosuperar elinmovilismopolítico

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Ficción pública, medios y democracia callejera

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En una interesante entrevista con Ágnes Heller, aparecida en 2008 en la revista InternationalePolitik, la filósofa exmarxista húngara hace mención de uno de los componentes fundamentales de la democracia norteamericana, el cual, según ella, ausente en las incipientes democracias este-europeas, constituye uno de los principales ingredientes en la construcción y funcionamiento de una democracia madura. Se trata de lo que los norteamericanos llaman public fiction, una especie de ficción democrática operativa que tiene por objetivo posibilitar el debate en la esfera pública, excluyendo la falacia ad hóminem como expediente argumentativo.

Esta ficción democrática permite atenerse en principio a la buena fe dialógica de los interlocutores, esto es, excluir la sospecha como reacción inmediata e irreflexiva al discurso ajeno. Gracias a este dispositivo ficcional, las democracias pueden avanzar hacia la toma de decisiones, compromisos y consensos sin el desgaste que supone siempre pensar que lo que el otro afirma, lo enuncia exclusivamente motivado por algún oscuro interés estratégico no declarado.

Si bien es cierto que todo discurso es un discurso interesado, la public fiction a la que se refiere Heller nos permite fijar la atención, en primera instancia, en el argumento esgrimido, haciendo de la arqueología de los intereses un recurso más bien de excepción. Dicho de otro modo, la función de esta ficción radica, precisamente, en excluir del proceso de legislación y búsqueda de consensos (parciales, coyunturales, nunca definitivos) la necesidad de ir a rebuscar a cada instante en la historia personal de los deliberantes, en la constelación de los intereses económicos y políticos existentes, antes detomar en serio cualquier argumento o toma de postura.

Un hipercriticismo empírico de este tipo, que remite en última instancia a una concepción de lo político basada en el modelo de lucha de clases, imposibilita evidentemente el proceso democrático. El diálogo argumentativo es sustituido por la genealogía cuasipolicíaca de los intereses, y la búsqueda de legitimidad se desplaza a una sociedad civil idealizada. A esta dinámica pueden contribuir los medios de comunicación si se convierten en satisfactores de un mercado de insatisfacción, en detrimento de su función como tribuna dialogal y de construcción de opinión informada.

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Gran parte de lo que en Costa Rica los politólogos llaman crisis de gobernabilidad hace referencia, en última instancia, al marcado desprestigio o ausencia de este constructo ficcional. Correlato de esta generalizada cultura de la sospecha es asimismo la denominada “democracia callejera”, que se presenta muchas veces como alternativa romántica al –con razón– desprestigiado ámbito de la política oficial. En este sentido, parece que todos nos hemos vuelto, laxamente hablando, ‘marxistas’ a nuestro pesar, pues la Weltanschauung (cosmovisión) de la lucha de clases gravita, si bien de manera inconsciente, detrás de gran parte de la percepción popular, así como también de las aproximaciones críticas de numerosos analistas sociales. La percepción dominante es la de una guerra social, de un conflicto de intereses irreconciliables, que opondría a políticos y empresarios (malos) con el ciudadano de a pie (esencialmente honesto). Salta a la vista que un escenario de este tipo conduce inevitablemente al inmovilismo político, así como a alianzas ‘frentistas’ espurias y efímeras, condenadas casi siempre al fracaso precisamente debido a esta atmósfera de desconfianza generalizada.

La rehabilitación de esta ficción pública en Costa Rica, que haga posible no solo la operatividad procedimental de las instituciones, sino, más fundamental aún, que devuelva la confianza justificadamente perdida en el ámbito político-institucional, requiere de una sociedad civil atenta, exigente y valiente, así como de medios de comunicación fiscalizadores y comprometidos con el adecentamiento de la función pública, pero nunca al precio de imaginarlos más allá del bien y del mal, o de creerlos representantes inmediatos de los intereses colectivos.

La relación entre instituciones, medios y sociedad civil debe ser, por salud democrática, siempre tensional, pues cuando el equilibrio operativo-ficcional se altera hasta el punto de que uno de los polos en juego se presenta como redentor o juez absolutamente imparcial, sobreviene entonces esa crisis de gobernabilidad o, peor todavía, la anomia social.

En virtud de que no existe un “grado cero” del interés, solo un equilibrio tensional entre las instancias apuntadas hará posible que, por momentos, siempre de manera intermitente, aflore eso que en política siempre se ha llamado “bien común”.

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