Fecundación in vitro: un debate al margen de dogmas

El pronunciamiento de la Corte se dio a raíz de un reclamo planteado por varias parejas costarricenses, afectadas en sus aspiraciones de realizarse como madres y padres por la decisión de la Sala Constitucional de marzo del 2000, que obligó al Estado a eliminar la fecundación in vitro.

Pasaron más de diez años para que el organismo interamericano se pronunciara, reparando un daño que afectó a muchas parejas en nuestro país, pero todavía prevalece la indefinición.

La Corte habló claro. Le ordena al Estado adoptar con la mayor celeridad las medidas apropiadas para dejar sin efecto la prohibición de practicar la FIV para que las personas necesitadas acudan a ella sin ningún impedimento. Al mismo tiempo, demanda el establecimiento de sistemas de control e inspección de las instituciones y personas encargadas de establecer la FIV.

Fijó un plazo de seis meses, contados a partir de diciembre del 2012, para que el Estado rinda informes de lo actuado y, a la fecha, encuentra al Gobierno y a la Asamblea en mora.

Obliga también la CIDH a incorporar la FIV a los programas y tratamientos de infertilidad, de conformidad con el principio de no discriminación, amén de otras disposiciones que obligan a actuar con celeridad en la dirección definida. La determinación de la Corte se ve fortalecida por las concepciones más avanzadas en materia de bioética y derechos humanos.

Es importante destacar, porque ha sido tema de debate parlamentario, el concepto que esgrime la Corte sobre la libertad, entendida como un derecho humano fundamental, en el que incorpora la maternidad como parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Califica la infertilidad como enfermedad, es decir, un asunto de salud pública sobre el cual el Estado debe actuar en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y establece como principio de la vida el momento de implantación del embrión en el útero femenino.

Siendo Costa Rica un Estado perteneciente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y obligado a acatar las disposiciones de sus organismos, corresponde acatar el fallo y ponerlo en ejecución con las valoraciones científicas y éticas incluidas en la resolución. Es decir, la Asamblea Legislativa debe aprobar una ley que se inscriba en el marco de las consideraciones y resoluciones de la Corte, y que fije las pautas para la práctica de ese mecanismo de fecundación asistida.

Quienes más han retrasado este debate impostergable evaden la discusión con argumentos apartados de lo dispuesto por la CIDH, fruto de sus propias visiones dogmáticas y de sus credos religiosos.

El documento de la Corte hay que analizarlo y ponerlo en práctica a la luz del derecho y la doctrina de los derechos humanos. Cualquier consideración de orden ética fundada en prejuicios o dogmas religiosos no cabe en esta discusión, porque por esa vía, jamás se puede llegar a los derechos humanos. Todo lo contrario.

Además, las concepciones éticas fundadas en dogmas religiosos son de naturaleza muy personal y no es posible que, a partir de esas creencias, se pueda legislar en temas relacionados con los derechos humanos. Un principio fundamental es tomar en cuenta la diversidad y pluralidad de criterios y respetarlos.

El jueves 28, la diputada María Eugenia Venegas planteó una moción para darle trámite al expediente presentado por el Ejecutivo sobre el tema. Tiene serias deficiencias, pero permite abrir el debate organizado y llegar a conclusiones.

Una mayoría de parlamentarios, incluyendo la bancada oficial, votó en contra, lo que significa seguir en mora con la resolución de la Corte. Ya eso de por sí es grave y susceptible de provocar sanciones del organismo interamericano, pero más grave aún es el hecho de que la prohibición para practicar la FIV ya no existe, lo que podría generar la puesta en práctica de esa técnica de fecundación asistida en hospitales y clínicas privadas, sin supervisión de las autoridades de salud, es decir, por la libre.