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Fecundación in vitro: un problema político

Actualizado el 30 de octubre de 2010 a las 12:00 am

Un sector de la sociedad impone a otro su punto de vista sobre la reproducción humana

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Como humanistas seculares, creemos que el ser humano goza de una capacidad soberana y creativa para construir su propia vida como considere conveniente, según los dictados de su propia razón y sentimiento. Este libre albedrío solo tiene como límite los derechos de terceros, donde incluimos no solo los derechos humanos, sino también los de los animales y demás entorno natural.

La controversia respecto a la fecundación humana in vitro (FIV) se ha dado respecto a sus medios. Esto porque algunos consideran seres humanos, de hecho y derecho, a los embriones utilizados en el proceso. Pero otros no les dan ese estatus. Por el contrario, la ciencia utiliza toda una gama de términos para evidenciar un gradual proceso evolutivo o embriogénesis: cigoto, mórula, blástula' hasta llegar al feto dos meses después. Tampoco es autónomo, sino que requiere “del irremplazable potencial del ambiente materno”, tal como indica el doctor Felipe Mora en su artículo “In utero, la tercera mitad” (LaNación, Página Quince, 15/10/10).

Desde una perspectiva científica, entendemos al embrión como un conjunto de células en proceso de hominización, donde la aparición de un sistema nervioso desarrollado nos dirá que estamos ante una conciencia sensible a respetar. No es un ser humano, sino uno potencial. El embrión es potencia, no acto, hubiera dicho Aristóteles' Uno come torta de huevo, no torta de pollo, dijo el filósofo Fernando Savater al respecto. Al embrión le lleva un tiempo convertirse en persona social y jurídica que justifique el control legal del soberano cuerpo femenino.

La visión de la fecundación como una instancia mágica donde cierta entidad metafísica (alma) resulta encarnada, podrá ser aceptada por quienes lo tengan a bien, pero no es de recibo para quienes tenemos una versión filosófica distinta de la vida y el mundo. Ellos consideran que ya estaríamos ante un nuevo ser humano pero, véase la contradicción, no lo bautizan, ni le dan cédula, ni celebran su cumpleaños desde entonces.

La Constitución costarricense no indica que la vida humana empiece con la concepción. En su momento, la Sala IV hizo su propia interpretación. Ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo consideran así. Si bien la Convención Americana sobre D.H. dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”, el término “en general” fue explícitamente puesto para permitir a las legislaciones particulares adecuarlo (Ver Conferencia sobre D.H. OEA/Ser.K/XVI/1.2, p.159, y el caso Baby Boy).

Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los afectados por tal arbitrariedad del Estado costarricense, promovida por sectores conservadores de este país. El proyecto actualmente planteado por el Gobierno resulta absurdo e inviable, al obligar la implantación de todos los óvulos fecundados, y grosero e indignante, al exigir exámenes psicológicos a quienes quieran acceder a tal técnica. Una manera velada de decir sí' pero no.

La ciencia, el derecho, la filosofía, la religión' nos podrán dar criterios valiosos para tomar decisiones personales y legislativas. Pero resulta evidente que nunca va haber acuerdo al respecto.

Problema político. Más bien, consideramos que el problema de fondo es político: un sector de la sociedad está imponiendo a otro su punto de vista filosófico y religioso sobre la reproducción humana, algo del fuero privado de cada quien. Un abuso totalitario de tradición añeja, con graves limitaciones a los derechos reproductivos. Nadie señala a los opositores a la FIV qué hacer con sus propios embriones; deberían, pues, dejar a los demás decidir por los suyos. Lo más sabio y prudente es que, en estas cosas, cada quien viva con sus valores.

Si bien debe utilizarse el criterio científico para definir algunos plazos jurídicos razonables respecto a la protección del feto, como han hecho todas las democracias desarrolladas, creemos en el derecho insustituible de cada mujer para decidir sobre su propia reproducción, según sus conciencia, y no obligar a nadie a actuar contra su voluntad.

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