Opinión

Faltas a la verdad

Actualizado el 10 de mayo de 2014 a las 12:00 am

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Faltas a la verdad

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Respecto a la nota intitulada “HNN varió sin permiso medicina a seis menores con trasplante”, publicada en La Nación el 8 de mayo, deseo manifestar lo siguiente, dado el derecho fundamental de contar con información objetiva, imparcial, pero, sobre todo, veraz:

Primero. La resolución constitucional mencionada por el periodista Carlos Arguedas C. dista mucho de la realidad jurídico-técnica desarrollada por la Sala Constitucional, misma que se tramitó bajo el expediente número 13-008800-0007-CO, cuya resolución es la 2013-015485 de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de noviembre del dos mil trece, la cual fue notificada en forma integral a este centro médico desde el 16 de diciembre del 2013.

De la lectura integral y dentro del contexto señalado por los señores magistrados, rechazo enfáticamente lo mencionado en la publicación, por cuanto la parte dispositiva del Recurso de Amparado es clara y contundente al señalar: “Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Rodolfo Hernández Gómez, en su condición de director general, a Sara Fernández Rojas, en su condición de jefe del Servicio de Nefrología, y a Marianella Howell Ramírez y a Pablo Saborío Chacón, ambos en su condición de miembros de la Junta de Nefrólogos creada ad hoc por orden de este Tribunal Constitucional, todos del Hospital Nacional de Niños, o a quienes respectivamente ocupen tales cargos que, de manera inmediata, valoren, en conjunto, la conclusión a la que arribó la citada Junta con respecto al caso de los tutelados A.C.J. y D.B.M. y, consecuentemente, tomen la decisión que estimen pertinente en cuanto al fármaco que estos deben de consumir, todo conforme a la técnica médica y farmacológica del caso. (…) En lo demás se declara sin lugar el recurso. (…)” (el resaltado no corresponde al original).

Debo aclarar que existe como antecedente inmediato judicial al recurso de amparo señalado, la resolución 2013-011116 de las quince horas treinta minutos del veintiuno de agosto del dos mil trece, en la cual la Sala Constitucional indicó: “(…) En primer lugar, el que en un inicio se despachara al amparado el Micofenolato de Mofetilo en su forma original no obedeció a indicación expresa de su médico tratante, sino a que era en ese momento la presentación que la Caja adquiría y tenida disponible. (…) este Tribunal no encuentra razones objetivas para declarar con lugar el recurso, sino, por el contrario, advierte que en todo momento las autoridades médicas accionadas han suministrado al paciente amparado la atención y los medicamentos que han sido considerados por su médico tratante como los requeridos para tratar sus padecimientos. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso”.

Segundo. Ahora bien, retomando la resolución constitucional 2013-015485, La Nación falta a la verdad, por cuanto no es cierto que dicha resolución fue comunicada “la semana anterior”; reitero: se notificó desde el 16 de diciembre del 2013 y la referencia mencionada por el periodista es un voto salvado del magistrado Paúl Rueda, siendo que el voto de mayoría fue lo dispuesto en la parte dispositiva señalada.

No obstante, siendo respetuosos de la resolución indicada, este centro médico ha cumplido con lo dispuesto en el Recurso de Amparo, aunque no comparte la posición en lo que respecta al consentimiento informado, ya que se demostró, con prueba técnico-científica, que es el mismo medicamento farmacológico, por cuanto no se está variando el principio activo y no corresponde a un cambio de tratamiento terapéutico, situación que fue obviada por los señores magistrados.

Tercero. Con respecto al medicamento Micofelonato de Mofetilo, es de señalar que, a nivel macroinstitucional, la CCSS realiza la compra correspondiente, amparada a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Así, dentro de los principios que permean dicha fuente normativa, se encuentra el de libre concurrencia; por tanto, los proveedores que participan de previo deben de cumplir con estudios de biocompatibilidad y análisis de las reacciones adversas al medicamento, en el Centro Nacional de Farmacovigilancia.

Así, todos los medicamentos que se ponen a disposición de la población deben ser equivalentes farmacéuticos, bioequivalentes (demostrado in vivo o in Vitro, dependiendo del principio activo) y, por lo tanto, son equivalentes terapéuticos.

Cuarto. En relación con los efectos adversos, La Nación falta a la verdad, por cuanto la fuente del periodista, sin criterio médico y conocimiento alguno de la materia, se atreve a sentenciar y sacar de todo contexto técnico-médico las actuaciones de este hospital, mismas que se encuentran respaldadas con criterios científicos, por cuanto el “Análisis de las reacciones adversas atribuidas al Micofelonato de Mofetilo” es contundente al indicar: “(…) El Micofelonato en su forma original o genérica presenta efectos adversos frecuentes como anemia hasta en un 46% y alopecia hasta un 5%”, condiciones que los pacientes resuelven con el trascurso del tiempo y los ajustes al medicamento, no teniendo relación alguna con la casa farmacéutica.

Debo ser enfático: los niños son internados, antes y después, en este hospital para resolver situaciones propias del trasplante, no por condiciones inherentes a un medicamento específico. Lo anterior fue ratificado por la Junta de Nefrólogos Ad-Hoc nombrada por la Sala Constitucional, misma que determinó que, sea en la modalidad de original o genérico, los pacientes referidos en el recurso de amparo presentaban reacciones por las condiciones crónicas propias del injerto, no del medicamento.

Dicha Junta de Nefrólogos, en asocio con la médico tratante, son los especialistas técnico-médico-científicos que han valorado a los pacientes desde su ingreso a este centro médico, por cuanto su criterio fue determinante para la declaratoria sin lugar con respecto a las demás menores amparadas, incluida la menor María Jesús Segura Arguedas, desvirtuando la posición de la Medicatura Forense y respaldado por la Sala Constitucional.

Quinto. Con respecto al caso puntualizado en la publicación, nuevamente tanto La Nación como los padres de la menor Segura Arguedas faltan a la verdad, y es lamentable que se descontextualicen frases y conocimiento médico-científico, sin previamente haber verificado la información con la fuente primaria-técnica. Así, la menor María Jesús era una paciente crónica de este hospital, que fue sometida a un trasplante como única alternativa de vida –situación que presentan los menores en este proceso–, pero, gracias a las múltiples intervenciones de los funcionarios de este centro médico, la paciente en la actualidad goza de una excelente condición de salud que le permite su desarrollo integral con una adecuada funcionalidad del riñón trasplantado y sin presentar ningún efecto adverso a las terapias utilizadas.

Lo anterior fue respaldado y ratificado por la Sala Constitucional en la lectura integral del fallo, que se echa de menos por el periodista de La Nación , al señalar en el considerando IX: “(…) En otros términos, no se tiene, entonces, por demostrado que la citada médico tratante, o bien algún otro galeno especialista de la Caja, considere que, para el caso particular de las amparadas, se les deba proporcionar el medicamento original por ser mayormente efectivo y que, de otra parte, este ultimo les haya sido denegado de forma infundada. Bajo tal orden de consideraciones, esta jurisdicción constitucional no observa quebrantado, de modo alguno, el derecho fundamental a la salud de las amparadas María Jesús Segura Arguedas (…)”.

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