EscucharEl ministro de Hacienda, don Edgar Ayales, ha hecho una convocatoria pública a la ciudadanía para debatir sobre problemática fiscal, a través de la instalación de cinco mesas de trabajo en procura de alcanzar un diálogo nacional sobre el tema en mención.
Digno de elogio es el esfuerzo del señor Ayales, respecto a uno de los problemas más serios que encara nuestro país desde hace rato, y sobre el que no se han ofrecido respuestas convincentes que vayan a la raíz, con visión de totalidad y no meramente buscando el manido expediente de aumentar impuestos y dejar todo igual.
En esta mi tercera ocasión en que me desempeño como diputado y he estado profundamente involucrado en ese tema no solo criticando lo que se hace o se deja de hacer, sino planteando propuestas concretas, de las que he dado cuentas ante el Parlamento y el país. Sigo creyendo, como al principio, que el punto de partida para abordar la realidad fiscal nacional es la contención y la racionalidad del gasto público.
Por supuesto que eso no basta para atender una crisis de las dimensiones como la que estamos viviendo. Pero, mientras no haya un auténtico ejercicio de mesura en lo que se gasta, y se renuncie expresamente a lo superfluo, al gasto paralelo e innecesario, ninguna creación de nuevos tributos va impactar favorablemente en las finanzas públicas y seguiremos siempre girando en torno al círculo vicioso de aumentar deuda para atender gastos corrientes, sin poder siquiera soñar con dar pasos sustanciales en el desarrollo de la nación y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
De ahí que, con esas observaciones, me permito saludar con optimismo el esfuerzo que emprende el ministro Ayales, esperando que no se vea enturbiado por quienes, al calor del ambiente electoral que vive el país, pretendan convertir esas mesas de diálogo en tribunas para impulsar arengas efectistas.
Pero repito aquí lo que hasta el cansancio he pregonado en diversos foros y lo he hecho llegar a las autoridades de gobierno: el problema fiscal del país, el manejo de las finanzas públicas, las planillas paralelas, las millonarias consultorías y los suntuosos gastos superfluos no ocurren únicamente, ni en primer lugar, en el Poder Ejecutivo, donde además se maneja apenas alrededor de un 35% de todo el gasto público.
Buena es la pretensión de organizar la casa del Ejecutivo, pero más importante aún es involucrar a todas las entidades autónomas y descentralizadas, y, más allá, a todos los poderes del Estado e instituciones que perciben recursos del erario público.
Por eso, la intención del ministro Ayales es buena, pero insuficiente. A las cinco mesas convocadas, falta una: la que corresponde a estas otras entidades del aparato estatal, donde se gasta el grueso de las finanzas públicas, y cuyos presupuestos, en no pocos casos, ni siquiera pasan por el control del Poder Legislativo, sino que reciben apenas una insuficiente supervisión de la Contraloría General de la República.
Además, el debate no puede ni debe estar exclusivamente circunscrito al tema del dinero, sino que lo trascendente de estos diálogos es revisar y redireccionar, si es del caso, el rumbo de todo el aparato del Estado, sus niveles de rendimiento y de interacción.
Las finanzas públicas son apenas una suerte de combustible que alimenta todo el andamiaje del Estado, sin que determinen su rumbo.
En este contexto, no se trata únicamente de discutir de dinero o de impuestos. Se trata de que, a propósito de estas jornadas de reflexión para revisar temas de naturaleza fiscal, demos un salto cualitativo hacia la reforma del Estado, presente en muchas agendas, pero que nunca se ha echado a andar.
Pretender estructurar todo un diálogo nacional teniendo como propósito estratégico el tema fiscal necesariamente obliga a ir más allá de lo que compete al Poder Ejecutivo. Obliga a un examen del Estado, y eso en ningún momento debe entenderse como violentar autonomías ni normativas propias de las diferentes instituciones y entidades públicas.
Ya nuestra Constitución Política, en su artículo 176, referente al Presupuesto de la República, que involucra a los tres poderes y al Tribunal Supremo de Elecciones, fija normas en cuanto a su preparación, donde se determina que un departamento especializado del Ejecutivo “tendrá autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los ministros de gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones”. Y agrega: “En caso de conflicto, decidirá definitivamente el presidente de la República”.
Asimismo, el 180 constitucional apunta en una dirección similar, otorgándole derechos discrecionales al Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con el gasto público. Dice así: “El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y solo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo”.
A partir de esta normativa resulta legal y constitucional impulsar procesos para conocer cómo se están gastando los recursos públicos, como el que se debe hacer en las mesas de diálogo, sin que ello se interprete como violación a autonomía de los poderes o de las instituciones.
Respetuosamente le sugiero al ministro Ayales que agregue una mesa más a ese esfuerzo de diálogo nacional, a fin de involucrar a todas las instituciones descentralizadas y a todos los poderes de la República, para así tener un cuadro completo del manejo del gasto público y la realidad de nuestro sistema institucional.
A partir de ahí habrá más claridad en las metas que, como país, nos tracemos y en la necesaria coordinación que debe existir en todo el andamiaje del aparato estatal. Un producto muy apropiado cuando estamos en la antesala de cambios de autoridad en el Ejecutivo y el Legislativo.
