El informe Propuestas para fortalecer la funcionalidad y la calidad de la democracia costarricense de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática presentado en enero de este año, incluye, entre otras recomendaciones, la creación de un Consejo Económico y Social (CES) como un “órgano de consulta y deliberación sobre temas de interés nacional y el trazado de los Planes Nacionales de Desarrollo en una perspectiva de largo plazo”. La propuesta no solamente reconoce la importancia de definir una visión consensuada de desarrollo de largo plazo; sino que subraya la necesidad de involucrar la sociedad civil en la construcción de esta visión.
La creación de un CES es coherente con la propuesta de adoptar un sistema de Gobierno más parlamentario, el cual requiere la generación de espacios de diálogo pluralistas e inclusivos. En América Latina, hay CES en Brasil, México, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Perú y República Dominicana. También existe una institución comparable a nivel del Mercosur. Sin embargo, ninguna de estas instituciones funciona dentro del marco de un sistema parlamentario. La adopción de un sistema parlamentario y la creación de un CES tendrían el potencial de convertir a Costa Rica en un modelo de democracia social de consenso para la región.
No existe un arreglo institucional “modelo” para que el CES sea efectivo, pero puede decirse que el éxito y la legitimidad de un CES dependen esencialmente de tres factores: (1)representatividad, (2)imparcialidad y (3)un consenso generalizado sobre la necesidad del diálogo social y sus objetivos.
Representatividad. En relación al primer factor de éxito, la representatividad del CES, la propuesta de la Comisión indica que se deberá “[garantizar] la mejor representatividad de la sociedad”, pero no especifica la forma en que se logrará. La Comisión recomienda que el CES tenga representación tanto de actores del sector público como de la sociedad civil. Considero poco pertinente la inclusión de actores del sector público en el CES, pues le quitaría autonomía e independencia.
El CES ha de ser un ente técnico de reflexión sobre políticas públicas socioeconómicas desde las fuerzas vivas de la sociedad civil; si lo integra el sector público, se convertiría en un ente politizado y haría de esta institución juez y parte de la política nacional que ella misma ejecuta. Como es el caso en los Países Bajos, en Francia y en España, representantes del sector público asisten a las reuniones de las comisiones del CES y tienen la oportunidad de brindar información relevante en los debates, pero no son parte formal del CES para preservar su independencia de los poderes del Estado.
Garantizar la representatividad del CES constituye un reto especial en el contexto costarricense, donde se está frente a una sociedad civil fragmentada y poco estructurada. Los criterios para la selección de los integrantes del CES han de tomar en cuenta, al menos, los siguientes elementos: cantidad de miembros (grado de participación), organización interna, capacidad de propuesta, capacidad de movilización (poder de veto social), efectividad de su comunicación externa y su independencia de partidos políticos.
Por otra parte, es fundamental que en el diseño del CES se respete la primacía de la política, es decir de los representantes elegidos por el pueblo –Parlamento y Presidencia–. Aunque los dictámenes del CES no podrán ser vinculantes, será difícil para los gobernantes y diputados negar los dictámenes del CES si estos están consensuados entre las principales fuerzas socio-económicas del país, es decir, si surgen de un consejo verdaderamente representativo.
Autonomía. En relación al segundo factor de éxito, la imparcialidad del CES, considero desafortunada la recomendación de la Comisión que se designe al Mideplán para llevar su Secretaría Técnica. Esta disposición no le facultará disponer de la autonomía necesaria para una labor efectiva e imparcial. Si bien es cierto no conviene crear instituciones nuevas para todo y nada, en el caso del CES debe hacerse una excepción por la importancia de los temas socioeconómicos en la política nacional. La única forma para que el CES logre ser una institución imparcial es la creación de una administración autónoma del sector público.
Lo anterior implica que los funcionarios de la Secretaría Técnica del CES no sean funcionarios públicos, pero que pertenezcan a un cuerpo autónomo al igual que los funcionarios de la Contraloría General de la República o del Tribunal Supremo de Elecciones. De igual forma, el financiamiento del CES no puede depender del presupuesto del Estado, sino que tiene que disponer de autonomía en materia presupuestaria. Se podría pensar en un modo de financiamiento parecido al de las universidades públicas, quienes reciben un porcentaje fijo del presupuesto nacional, pero conservan total autonomía sobre su administración.
Asimismo, es fundamental realizar un esfuerzo para incrementar la capacidad técnica de los sindicatos y de otras organizaciones sociales que integrarán el CES. Para asegurar la calidad del criterio técnico del CES, debe apostarse a incrementar la capacidad de los institutos independientes de investigación, como el INEC, la CGR, y centros públicos de investigación, que pueden proveer de insumos técnicos al CES que harán evitar la politización de las discusiones en su seno.
Consenso. En relación al tercer factor de éxito, el consenso, la creación de un CES difícilmente podrá tener viabilidad si no se fundamenta en un amplio consenso político y social. La creación del CES en sí no es de ninguna manera una garantía para el éxito del diálogo social. Más allá de su arreglo institucional, es imprescindible tomar en consideración la cultura política y las tradiciones sociohistóricas de Costa Rica. Tiene que existir un sentido del interés general que supera intereses personales, sectoriales o corporativos, es decir una cultura política de compromiso y la voluntad de llegar a consensos entre los actores sociales. La viabilidad del CES depende en gran medida de la actitud de los actores sociales quienes tienen que pasar de una lógica antagonista –la democracia de la calle– a una lógica constructiva, propositiva y de diálogo.
Dennis P. Petri Politólogo latinoamericanista, autor de varios estudios sobre diálogo social y la institucionalidad del Consejo Económico y Social. Fue asesor de la Secretaría Internacional del Consejo Económico y Social de los Países Bajos en 2008-2009