EscucharNo me extraña que el señor diputado salga como escudero de los poderosos en contra del interés público y que mis señalamientos de los públicos defectos de la autopista a Caldera los atribuya a que “odio” a Óscar Arias. Por eso confunde que los peajes sean tributos a cargo de los usuarios, que pagan la obra, la cual pasa a formar parte de la infraestructura pública, y que , como todos los demás tributos, los paga el cuerpo social por el funcionamiento del Estado.
El concesionario es solo un conducto para pagar los préstamos y recoger los peajes. Y confunde la “contribución especial” que no cobran (y que es “especial” y ligada a los efectos económicos de la obra pública) y a la que aludí, con el propuesto impuesto a las ganancias de capital, que es general y universal, y por eso otra cosas.
Se olvida el señor Molina que el suscrito, desde estas mismas columnas, promovió con argumentos legales que don Óscar se pudiese presentar a la reelección en 1996, porque el artículo 132 de la Constitución Política no le prohíbe la reelección al expresidente, luego de pasados dos períodos después de haber sido presidente, caso del señor Arias en ese momento. Se olvida también el señor Molina que quien se comparó con un “águila” frente a los caracoles (todos los demás ciudadanos) fue el propio don Óscar. Solo que yo no me arrastro y soy independiente de criterio.
Dice don Fabio que por aquel supuesto y evidentemente inexistente odio a don Óscar, yo me opuse al TLC. Todas las razones para esa oposición eran ciertas y las probé con las propias leyes norteamericanas, desde estas misma columnas, tal como le consta a los lectores de La Nación, que no padecen de amnesia selectiva como el señor Molina.
No era cierto, como se dijo aquí, que no se les subirían los impuestos a las medicinas, más allá de lo que estas pagaban en los propios Estados Unidos, según lo ordenaba la Trade Act del 2002 (Public Law 107-210), que le establecía al Presidente las bases y límites para negociar el Tratado.
Asimismo, tampoco era cierto, como aquí se decía, que los Estados Unidos quedaban en un pie de igualdad, como parte del Tratado, igual que los demás firmantes. Consta claramente en la Implementation Act HR-3045 del 2005, o ley de aprobación del Tratado por el Congreso, que solo cuenta lo que esa Ley establece, y que el Tratado no puede estar por encima o modificar ninguna ley de los Estados Unidos, ni federal ni estatal. Así lo dice claramente la Sección 102 de dicha ley de aprobación.
Finalmente, en lo referente a la ubicación del nuevo Estadio en la Sabana, yo me opuse a que se ubicase ahí, no a que se hiciera, porque su ubicación en el centro de una ciudad, como ya lo es la Sabana, violenta todas las normas de la FIFA sobre estadios nuevos, por lo que no se pueden realizar ahí algunos de los torneos mundiales patrocinados por la FIFA, lo que limita seriamente su aprovechamiento deportivo (y económico).
El Gobierno contaba con más de cincuenta hectáreas a la orilla de la pista a Alajuela, entre esa carretera y el Cenada, donde se podía hacer el Estadios con observancia de todas esas reglas, y con gran provecho económico. Pero no se quiso hacer ahí por no dar el brazo de torcer. Asimismo, la Sala Constitucional, al resolver el amparo, lo permitió, pero condicionado a que se construyese en el mismo sitio y área ocupado por el antiguo estadio, lo que es patente que se incumplió ya que excede casi tres veces esta.
Ante la imposibilidad de mantener el Estadio – ubicado en un parque de la ciudad de San José– con solo presentaciones deportivas, ilegalmente de nuevo se le pretende convertir, pese a estar en un dominio público, en un centro comercial de hotel, oficinas y presentaciones ajenas a lo deportivo, que se producen estruendosamente hasta altas horas de la noche con grave daño a la salud de todos los vecinos de la zona.
Por eso, don Fabio Molina evade y discrepa conmigo: yo defiendo el interés público, y él, como escudero incondicional de los poderosos, el privado. No lo seguiré ahí y no le volveré a contestar.
