La decisión de la Sala Constitucional de anular el decreto que procuraba regular la fertilización in vitro (FIV) ha sido ampliamente criticada en las redes sociales y los medios de comunicación, y ha puesto a Costa Rica en una situación muy complicada en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Para la Sala, la anulación procedía, pues la FIV no puede ser regulada por decreto, sino solo como resultado de una ley formal. Sin duda, tiene razón desde el punto de vista de la teoría constitucional, pero en la práctica, y para utilizar las palabras del magistrado Fernando Cruz consignadas en el periódico La Nación, su decisión postergó “la respuesta que requieren los ciudadanos que acudieron a dicha instancia [la Corte-IDH] en defensa de sus derechos fundamentales”.
Al fallar como lo hizo, la Sala, en vez de proceder con pragmatismo, sentido común, visión de futuro y preocupación sincera por los derechos fundamentales de quienes acudieron a la Corte, puso en escena su propia versión del infierno tico: dejó la protección de esos derechos fundamentales a una instancia que, como la Asamblea Legislativa, está regida por un reglamento que posibilita que cualquier diputado, en un momento dado, la paralice a partir del abuso en la presentación de mociones.
Resulta interesante que, en el caso de la FIV, la Sala haya decidido que sea la Asamblea Legislativa la que tiene que resolver, mientras que, cuando se planteó lo de la reelección presidencial, la Sala sí resolvió y no dejó ese asunto en manos de los diputados.
Ciertamente, la Sala podría decir que la FIV y la reelección son temas completamente distintos, aunque se podría pensar que un asunto de salud pública, como es la FIV, sí debería ser regulado por decreto presidencial, mientras una cuestión como la reelección presidencial era un tema que competía exclusivamente a los diputados. También la Sala podría argumentar que no es su culpa que la Asamblea Legislativa no funcione como debe ser.
Más allá de los valores e intereses que los magistrados tengan, y de la indudable contribución de la Sala a la profundización de la democracia costarricense, el principal problema con la Sala consiste en que, por su propia dinámica, tiende más a preservar el orden existente que a promover el cambio, en una época en que precisamente el cambio histórico se ha acelerado como nunca antes en la historia humana.
En un contexto así, si la Sala no aprende pronto a seguirles el ritmo a los procesos de cambio histórico, se arriesga a que lo que ha sucedido con la FIV se repita, cada vez con más frecuencia, en otros casos, con un enorme costo para los ciudadanos, para el país y para la democracia. Para evitar arrastrarnos a esos infiernos, ya es hora de que los magistrados, al igual que Casio, comprendan que “la culpa no está en nuestras estrellas”.
El autor es historiador.