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Actualizado el 21 de agosto de 2012 a las 12:00 am

Alternativas al plan de exonerar del impuesto a los bienes inmuebles las propiedades agrícolas

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¿Deben exonerarse del impuesto a los bienes inmuebles las propiedades de uso agrícola? ¿Se han planteado alternativas para evitar la pérdida de ingresos municipales en Gobiernos locales de zonas rurales, principalmente? ¿Qué impacto tendrá una decisión de este tipo en la distribución de recursos a nivel nacional? ¿Estaremos creando dos tipos de municipios: los de zonas rurales con grandes áreas agrícolas y los de zonas urbanas con grandes zonas residenciales y comerciales?

La discusión sobre este tema no ha logrado definir finalmente el beneficiario de la exoneración, pues mientras los agricultores abogan por una exoneración del 80% para el total de las propiedades agrícolas, un grupo de diputados prefiere cerrar la exoneración a pequeños y medianos agricultores.

Los productores agrícolas argumentan que siendo una actividad que usa la tierra de forma extensiva, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles es un impuesto a la producción agrícola, que afecta a todos los productores por igual.

Pero ¿qué actividad económica no hace un uso mayor o menor de la tierra en algún momento de su proceso productivo? El problema con el argumento de los agricultores es que la tierra también se usa extensivamente en otras actividades, como el turismo, el cual podría reclamar los mismos beneficios posteriormente bajo el mismo argumento.

Este tipo de impuesto es de los que históricamente se han usado para intentar reflejar la capacidad de pago de los contribuyentes, precursor incluso del impuesto de renta. Hablamos de impuestos progresivos, su modificación puede hacer más regresivo a nuestro ya regresivo sistema tributario.

El Gobierno de la República apoya la exoneración pues no toca sus propias finanzas, pero ¿estaría de acuerdo en evitar que el impuesto pierda progresividad? ¿Seguiría apoyando la iniciativa si tuviera que cargar con el costo del beneficio? ¿Procuraría evitar la pérdida de recursos municipales?

Otras opciones. ¿Qué hacer? Lo bueno es que las alternativas son muchas, siendo precisamente la forma de exoneración propuesta la peor respuesta de todas, por lo que las demás opciones podrían implicar un menor costo de administración y cobro del impuesto, al tiempo que no impacte negativamente las finanzas municipales.

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Primero, se pueden modificar los criterios de valoración, de forma que se refleje la vocación agrícola de una propiedad, independientemente de su ubicación. Los agricultores argumentan que los afecta la actualización de esos valores, cuando existen zonas turísticas, comerciales o residenciales de alto valor cerca, lo que implicaría que la revisión de los valores no debió afectar a todas las propiedades, solo a un pequeño grupo, lo que se podría resolver con esta medida.

Segundo, se puede transformar el pago del impuesto en un crédito al pago de otros impuestos, nacionales en este caso, lo que implicaría un subsidio del Gobierno central a los agricultores, sin afectar a los Gobiernos locales. Si no se quisiera dar un beneficio a los grandes productores agrícolas, de la misma forma que a los pequeños o medianos, el crédito puede limitarse en un monto anual definido, que por ejemplo sea igual al pago que haría un agricultor con 5 hectáreas (para usar una referencia, pueden ser 10 si se quisiera).

Tercero, se puede devolver una parte del impuesto, ya sea por medio de una devolución que realicen los mismos gobiernos locales, o por medio de un subsidio que se incluya en el presupuesto de la República, a cargo del Gobierno central.

De igual forma que en el caso anterior, la devolución podría ser igual a un valor referencial, que refleje el impuesto que pagaría un pequeño o mediano agricultor. La segunda y tercera opción le darían a todos los agricultores un beneficio, pero que se reduciría para los grandes productores si lo consideramos en proporción al tamaño y valor de sus tierras, lo que podría garantizar más progresividad en el impuesto.

Cuarto, el impuesto que se cobre a los agricultores se puede hacer sobre una tabla progresiva de tasas crecientes. Por ejemplo: de valores de 0 colones y hasta X colones, un 0,10%; de más de X colones y hasta Y colones, un 0,15%; de más de Y colones y hasta Z colones, un 0,20%, y de más de Z colones, un 0,25%.

De esta forma se beneficiaría a los más pequeños y a los medianos, mientras que los grandes productores obtendrían un pequeño beneficio y pagaría una mayor tasa efectiva. Esta medida suma aún más progresividad al impuesto y, aunque los municipios perdería recursos, evitaría una pérdida significativa de recaudación.

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Puede haber más alternativas, superiores en términos de costo-beneficio y mejores en progresividad que la exoneración propuesta, así que vale la pena alargar la discusión y valorar las opciones con calma.

Fernando Rodríguez Garro. Economista de la UNA, investigador del Programa de Estudios Fiscales

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