EscucharDiversas noticias se han publicado sobre la cantidad de abogados que gradúan las universidades. El fenómeno no es nuevo, ni exclusivo de los profesionales en Derecho; es un factor común en la mayoría de las carreras universitarias.
El problema no radica en la sobreabundancia, sino en la calidad de los profesionales.
Más de 29.000 abogados están incorporados al colegio profesional y la mejor manera de garantizar la excelencia no creo que sea mediante un examen de dudosa calidad como el actual.
Está claro que quien debe fiscalizar esta situación es el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) cuyo control es débil y complaciente con aquellas universidades que tienen como objetivo hacer dinero, que cuentan con programas curriculares desactualizados, que operan con docentes de mala calidad y sin ninguna formación pedagógica.
Filtro. Imagino que fue más fácil y tentador para quienes estuvieron en la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Abogados el 8 de diciembre del 2014 aprobar un filtro o barrera de entrada para los nuevos licenciados en Derecho, que promover soluciones más acordes con la realidad nacional, pues les fue más factible solicitar un nuevo requisito para agremiarse. Con ello, más que buscar un grado de excelencia en los colegas, se busca aplacar la competencia.
Es criticable la calidad del examen porque la nota de aprobación es de 80 sin que exista un criterio objetivo previamente establecido. Para comparar, tómese en cuenta que en casi todas las universidades que imparten la carrera de Derecho la nota mínima de aprobación de los cursos es de 70.
Si desde el principio se pretendió evaluar los conocimientos básicos que deben tener los licenciados en Derecho, con el examen aplicado en diciembre pasado no se cumple esa función, pues la mayoría de preguntas no se enmarcan dentro de un ámbito general de las materias evaluadas, muchas inducen a error por como se encuentran redactadas, tanto así que debieron dar a los evaluados la puntuación de siete preguntas al revisarlo y seis más en los recursos de apelación.
Además es cuestionable la negatoria de información de resultados de aprobación del examen de excelencia académica que le hace el Colegio de Abogados a Albán Gerardo Bonilla y es reprochable que sea la Sala Constitucional en última instancia la que les obligue a suministrar las estadísticas y resultados de porcentajes de aprobación del examen, lo que hace pensar que quizás sea inexacta la información que se le ha hecho llegar a los medios de comunicación, que de 1.196 postulantes solo 308 pasaron la prueba.
El problema es otro. En todo caso, el problema no reside solo en los nuevos profesionales en Derecho que deben pasar ese “filtro” para incorporarse y comenzar a ejercer legalmente la profesión, sino en todos aquellos, que ya incorporados, se dedican a ejercer irregularmente y desacreditan una profesión tan noble como el Derecho.
No es de extrañar las críticas justificadas que a menudo se escuchan sobre los profesionales en Derecho, pero lo cierto es que el Colegio de Abogados carece de eficaces filtros a posteriori, y aunque hace enormes esfuerzos para supervisar el ejercicio de la profesión son pocos los abogados cuyas prácticas desleales o inescrupulosas terminan en condenas penales o suspensiones.
Este problema repercute en el Poder Judicial, pues tener malos abogados es tener malos jueces, malos fiscales y hasta malos asesores jurídicos de vital importancia en nuestra sociedad.
La autora es abogada.
