Opinión

Evelyn Villareal F.: El estado de la Justicia

Actualizado el 18 de mayo de 2015 a las 12:00 am

El Informe procura abrir un debate de calidad sobre los desafíos del sistema de justicia

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El Poder Judicial enfrenta una paradoja: en los últimos veinte años ha desarrollado roformas institucionales dinámicas y proactivas, además acompañadas por una creciente inversión de recursos. Sin embargo, hoy la gestión enfrenta enormes cuestionamientos y un deterioro marcado de su imagen pública.

Ante este panorama, el Programa Estado de la Nación volcó su experiencia en investigación social para comprender mejor los desafíos del Poder Judicial. Por esto, publicó el I Informe sobre el Estado de la Justicia, que aborda un tema fundamental para la vigencia plena del Estado de derecho y la estabilidad de nuestra democracia. No obstante, se sabe poco sobre el desempeño de ese Poder.

Muchas personas tienen opiniones sobre la justicia, pero estas tienden a basarse en la extrapolación de casos individuales o en situaciones que han experimentado en carne propia; falta información sistemática sobre la gestión en general de esta compleja red institucional que es el Poder Judicial.

A diferencia de otros ámbitos del desarrollo nacional, aquí no proliferan los diagnósticos. En otras naciones existe una tradición de seguimiento multidisciplinario a los poderes judiciales, especialmente en las anglosajonas. En Costa Rica ha primado la investigación judicial desde y hacia el derecho.

El Informe Estado de la Justicia procura sentar las bases técnicas para un debate público de mayor calidad sobre los desafíos del sistema de justicia. Su fin es alimentar la toma de decisiones informadas y servir como herramienta de transparencia, de petición y rendición de cuentas al servicio de la ciudadanía.

El informe es un análisis independiente, elaborado a partir de la metodología participativa que caracteriza a los informes del Programa. Sin embargo, tiene una particularidad, pues fue solicitado voluntariamente por el mismo Poder Judicial, que además dio acceso irrestricto a los registros institucionales solicitados, respetando la plena independencia editorial del Programa. Por eso fue posible que la mayor parte de la información que le da sustento al Informe sea de origen primario, o bien, haya sido sistematizada a partir de datos dispersos; es decir, se construyó expresamente para esta iniciativa.

Análisis profundo. Se revisó el quehacer del Poder Judicial en tres áreas: la función institucional, la jurisdiccional y la política. Para comprender como este ha llegado a ser el robusto conglomerado institucional de la actualidad, se elaboró un capítulo histórico que da cuenta del largo proceso de consolidación durante todo el siglo XX. Se recopilaron por primera vez estadísticas básicas como el número de funcionarios, oficinas y presupuesto a partir de 1900.

Esta investigación permitió conocer la fragilidad del Poder Judicial en la primera mitad del siglo pasado: contaba con menos de 300 funcionarios hasta los años cincuenta, y menos de veinte colones de gasto judicial por persona. La expansión de funciones no se inició hasta los años 70, al asumir al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial, antes del Poder Ejecutivo, incrementando hasta hoy sus capacidades institucionales.

En este largo proceso de consolidación, los últimos veinte años han estado marcados por una intensa dinámica de reformas judiciales. A estas dos décadas de modernización se dedica un capítulo del Informe, en el que por primera vez se analiza un variado conjunto de actividades que se han desarrollado bajo el nombre de reforma judicial. Uno de los principales hallazgos es que no ha habido una sola reforma judicial, sino al menos tres “olas” reformistas, con objetivos y temas propios, que se han superpuesto.

Alto volumen. En cuanto a la función jurisdiccional, el Poder Judicial recibe un volumen anual de casos nuevos muy elevado (600.000) para una población de cuatro millones y medio. En este caso, se realizó un muestreo de expedientes en materia penal y laboral para recopilar información sobre los casos desde su ingreso hasta su cierre definitivo y todos los pasos intermedios.

Se encontró que en la mayoría de estos los usuarios del sistema de justicia tienen garantizada su tutela efectiva de derechos. Sin embargo, uno de cada tres casos fue identificado con alguna vulnerabilidad procesal, que ponía en riesgo los derechos de las personas.

Estas áreas de riesgos o fallas no eran aleatorias, respondían a ciertos perfiles. Por ejemplo, en la jurisdicción penal, el 80% de las desestimaciones de delitos sexuales estaban en riesgo y las mujeres eran las más afectadas.

También se abarcaron aspectos como perfiles de usuarios del Poder Judicial, los recursos de amparo por medicamentos interpuestos por asegurados contra la Caja Costarricense de Seguro Social, las respuestas y duraciones de los procesos en materia penal y laboral, entre otros.

Justicia y política. Finalmente, en su función de actor político como Poder de la República, se analizaron tres temas que dan cuenta de cómo se manifiesta en el país el fenómeno de la judicialización de la política: la cada vez mayor transferencia de la toma de decisiones a los jueces del país. Se estudiaron en detalle las consultas previas de constitucionalidad, los nombramientos de magistrados y la cobertura mediática del Poder Judicial.

En varios de estos aspectos se encontraron hallazgos en apariencia contradictorios, que cuestionan algunas tendencias mayoritarias de opinión. Para poner un caso, se construyó una base de datos con todas las consultas previas de constitucionalidad y se calculó que la Sala Constitucional tarda 24 días naturales para responder más del 90% de estas. Esta duración contrasta con los 657 días que en promedio tarda la Asamblea Legislativa para aprobar una ley.

En el I Informe sobre el Estado de la Justicia hay una gran cantidad de temas no tratados. La investigación analizó en profundidad un conjunto pequeño, pero relevante, de temas y no es un diagnóstico comprensivo del Poder Judicial. El resultado es un mapa parcial, aún impreciso, sobre el desempeño del Poder Judicial costarricense en ciertos ámbitos, que, pese a todo, permite un conocimiento más detallado y preciso del que existía.

A pesar de las limitaciones, esperamos que esta cartografía resulte útil e inspire exploraciones futuras sobre los asuntos no resueltos en esta oportunidad.

(*) La autora es Coordinadora de investigación del Programa Estado de la Nación/Conare

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