Eurobonos: ¿necesidad o negocio?

La discusión sobre el mercado de capitales debe ser más transparente

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Desde marzo del presente año se agitó el debate público sobre la tasa básica pasiva, porque tendía a subir, a pesar de que los demás indicadores económicos no parecían justificarlo. El Gobierno comenzó una fuerte campaña para que la Asamblea Legislativa aprobara el proyecto conocido como de “eurobonos”, y su principal argumento fue que emitir hasta $4.000 millones de estos papeles públicos en un período de cuatro años ayudaría a bajar las tasas de interés. Por eso, las sospechas de que el Banco Central (BCCR) y/o los bancos públicos propiciaban esta alza con el fin de presionar por los eurobonos, fueron parte del debate (ver, por ejemplo, el editorial de LaNación “ Eurobonos y tasas de interés ”, 27/08/12).

La discusión fue larga. En agosto, la emisión de los eurobonos fue aprobada en la Asamblea Legislativa.

Las posteriores declaraciones, tanto del presidente del Banco Central como del ministro de Hacienda, en las que relativizaron sus afirmaciones previas acerca del efecto positivo que los eurobonos tendrían en las tasas, avivaron las dudas sobre si estos eran indispensables para bajarlas o no.

Lo cierto es que la predicción del ministro de Hacienda de que comenzarían a bajar con la sola aprobación legislativa, no se cumplió. Las tasas más bien subieron y solo recientemente comenzaron a bajar.

Lo importante es llamar la atención sobre el hecho que, solo dos meses después de que el parlamento autorizó la emisión de los eurobonos, la presidenta Laura Chinchilla llamó a los gerentes de los bancos públicos para que explicaran si ellos estaban influyendo indebidamente en la fijación de la tasa básica pasiva (La Nación, 26/10/2012 ).

Peor aún, cuatro meses después de aprobados los eurobonos, el BCCR emitió administrativamente una nueva metodología para determinar la tasa básica que, según su presidente, hará que esta sea más baja y estable.

¿Por qué la presidenta no se reunió antes con los banqueros y por qué el BCCR no emitió esta metodología antes de que se considerara la emisión de los eurobonos como “imprescindible”?

Si ambas cosas se hubieran hecho antes, ¿habrían bajado las tasas de interés y este hecho no hubiera favorecido la decisión de autorizar los eurobonos? ¿Quiénes ganan con la intermediación de los eurobonos?

Varios hechos muestran que existe falta de información y transparencia sobre el mercado de capitales, y los planes que tiene el exclusivo club de quienes lo están estructurando –en una muestra más de que no hay “mercado libre”–, no son expuestos con claridad.

Me refiero al Decreto Ejecutivo No. 37151-H que firmó el presidente en ejercicio, Luis Liberman, el 30 de mayo pasado, por el cual declaró “de interés público y nacional” el desarrollo del mercado de valores, y creó un consejo nacional como órgano consultivo suyo, con el propósito de reformarlo.

Luego de que advertí que lo impugnaría (vea La Nación, 22/06/2012), la publicación de este decreto en La Gaceta se atrasó hasta el día 22 de agosto.

Además, al día siguiente, se publicó otro decreto, el No. 37249-H, firmado por la presidenta Chinchilla, que derogó el artículo 7 del primero, que declaraba “confidenciales” las deliberaciones y resoluciones de ese consejo, que es la razón por la que anuncié que lo impugnaría.

Hoy sabemos que el Banco Mundial viene asesorando desde hace varios meses al BCCR sobre la “ruta estratégica” de esa reforma y que se propone utilizar los fondos de pensiones y las reservas de los seguros para crear fideicomisos para invertirlos en obras de infraestructura y proyectos de vivienda.

Recuérdese que el entonces Superitendente de la Sugef, Francisco Lay, renunció porque se negó a avalar estos fideicomisos mientras no los permitiera la Ley de Contratación Administrativa. Además, denunció el interés del BCCR de interferir en las competencias de las superintendencias.

Sin embargo, ahora resulta que también un precandidato presidencial del PLN, Rodrigo Arias, quien se jacta de haber sido quien redactó la ley reguladora del mercado de capitales, quiere echar mano de los fondos de pensiones para hacer esos fideicomisos: “Tenemos la plata – dijo el señor Arias-, nos sobra plata, tenemos todos los fondos de pensiones disponibles para hacerlo, solo el Magisterio Nacional tiene más de 2 mil millones de dólares en sus fondos de pensiones, la Caja, tiene más de 3 mil millones de dólares, aquí hay 5 mil millones de dólares en pensiones (revista Poder, 10/2012)”.

¿Tenemos? ¿Es que el exclusivo club de quienes manejan los puestos de bolsa y que, a la vez, integran el Consejo creado por el vicepresidente Liberman tienen la intención de tomar acciones administrativas y proponer reformas legales para poder utilizar los ahorros de las personas? Si es así, ¿por qué no hay representantes de los ahorrantes en las reuniones del Consejo? ¿Por qué no se le habla claro a la gente?

Esta reforma busca la apertura total del mercado de capitales de Costa Rica, cuyas implicaciones, repito, no están claras.

Lo que sí es claro es que estas acciones generan negocios para quienes intermedian el dinero. Por ejemplo, el fideicomiso que el Ministerio de Educación quiere constituir con un préstamo del BID incluye $18 millones únicamente para quien lo administre.

Costa Rica tiene derecho a que estos temas se discutan con transparencia.

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