Opinión

Ética y contrataciones en el sector público

Actualizado el 23 de julio de 2013 a las 12:01 am

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Ética y contrataciones en el sector público

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Recientemente la Contraloría General de la República señaló deficiencias en los sistemas de contratación del Ministerio de Educación Pública. La información recabada por el ente contralor le permitió concluir que las oficinas de ese órgano no cumplían a cabalidad sus obligaciones, lo cual pudo derivar en contrataciones con precios superiores a los habituales en el mercado, sin causa justificada y en demérito del buen uso de los recursos públicos.

Aunque la Contraloría omitió realizar ese estudio o cuando menos no lo mencionó, debe llamar la atención cuando una misma empresa adjudica frecuentemente los contratos de este ministerio, fuera de toda lógica contractual en relación con la cantidad de participantes en el mercado.

Esta situación permite retomar dos temas trascendentales en la contratación: a) el cartel, y b) la rigurosidad valorativa de las ofertas.

En relación con el cartel, es frecuente que se confeccionen a la “medida” para asegurarle el contrato a “alguien”, a través de requisitos que solamente el interesado podría cumplir o cumplir en mejores condiciones que los otros potenciales oferentes. En relación con la rigurosidad analítica de las ofertas, son encomiables los avances logrados, pero, hasta que no aparezca el programa informático mágico que escoja al mejor oferente sin participación humana, el problema persistirá en tanto siempre será posible justificar la selección hecha.

Mecanismos legales. A la Administración le desespera que los participantes en los procesos licitatorios hagan uso de los mecanismos legales para oponerse a las adjudicaciones, pero, ante situaciones como las valoradas (aunque parcialmente) por la Contraloría General de la República, la apelación dejó de ser un derecho para convertirse en una obligación ciudadana ante las múltiples fórmulas aplicadas para desvirtuar la obligada objetividad del proceso, que erosiona el erario.

Un ejercicio serio de fiscalización alejaría al país de los conflictos derivados de trochas, “platinas”, refinerías, autopistas, concesiones, con un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y económicos que ahora se dedican a investigar estas patologías.

El caso del Ministerio de Educación es uno de tantos, pero demasiado sensible para dejarlo pasar. Se trata del primer responsable del desarrollo nacional, pues facilita a los niños y jóvenes las herramientas para enfrentar la vida con positivismo. Es inaceptable que, mientras esto sucede, todavía haya escuelas sin pupitres, sin pizarras, sin techo, sin materiales; que los maestros deban poner dinero de su salario para atender necesidades del centro de estudios y de los estudiantes; que haya escuelas y colegios sin agua, sin servicios sanitarios, sin luz; que sea incapaz de entregar el dinero de las becas a tiempo.

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Ser ético en la función pública va más allá de “no robar”, implica realizar bien la función para la que uno fue elegido o escogido, pero también significa renunciar al cargo cuando no se tiene la capacidad de ejercerlo con calidad y clase.

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