Opinión

Espinas en la ruta hacia la OCDE

Actualizado el 21 de mayo de 2017 a las 10:00 pm

Opinión

Espinas en la ruta hacia la OCDE

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

“Garantizar medidas de seguridad social suficientes para los agricultores desplazados”, “los programas de protección social existentes en Costa Rica (tales como el programa de transferencia de efectivo operado por el IMAS) también podrían jugar un papel importante” como forma de “proteger y asistir a los desplazados de la agricultura”, “las transferencias en efectivo resultan más eficaces, eficientes y orientadas a transferir ingresos a las personas de escasos recursos, que las políticas de precios o los subsidios a los insumos”.

Esto contiene el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sector agrícola. Sin la más mínima protesta de nuestro Gobierno, los países que conforman esa organización tienen la osadía de recomendar políticas que arruinarían a agricultores costarricenses. ¡Y como una posible solución sugieren que esos agricultores, acostumbrados a trabajar para comer, al ser desplazados del surco recurran al IMAS a llenar formularios y a hacer fila para comer!

Los países fundadores de la OCDE no tienen autoridad moral para recomendar ese tipo de políticas, y menos a un país como el nuestro donde el agro absorbe el 12% del empleo. Primero, porque a lo largo de su historia y hasta el presente, han preferido destinar miles de millones de dólares a subsidiar a sus finqueros antes que permitir que las fuerzas del mercado los arruinen y los conviertan en “agricultores desplazados”. Ello a pesar de que su agro no genera más del 2% del empleo.

Segundo, porque uno de los resultados de la globalización neoliberal ha sido la concentración de la riqueza en el capital multinacional. Parte de la rebelión populista en Estados Unidos y Europa se ha aprovechado del descontento generado por ese resultado.

El deseo de que los conglomerados multinacionales agrícolas, propiedad de accionistas de los países de la OCDE, se apropien del negocio agrícola mundial no debería llevarnos a olvidar las áreas en las que la globalización debe ser reformada, para mitigar sus efectos concentradores de la riqueza.

Finalmente, porque ante las dificultades surgidas en la crisis del 2008-09, los políticos de las economías más fuertes de la OCDE no se autorrecomendaron, como fórmula para enfrentar las decisiones del mercado, que los dueños y los trabajadores de la industria automovilística y bancaria fuesen “desplazados” y que pasaran a vivir de la caridad pública.

En ese caso, lejos de pasivamente aceptar las consecuencias de las fuerzas del mercado y de recomendar programas asistencialistas para los trabajadores desempleados y los accionistas arruinados, estos políticos se abocaron a transferir miles de millones de dólares para asegurarse que esos negocios siguieran con vida.

Por ejemplo, Estados Unidos presupuestó $700.000 millones para impedir que grandes empresas quebraran y la Reserva Federal destinó $29 millones de millones (el doble del PIB estadounidense en ese momento) para rescatar entidades financieras. El Reino Unido nacionalizó varios bancos y destinó $800.000 millones para rescatar otros.

Sin autoridad moral. Después de que prominentes países de la OCDE destinaron esas enormes cantidades de recursos públicos para impedir –a contrapelo de las fuerzas de mercado– el “desplazamiento” hacia el asistencialismo a sus empresarios y trabajadores, ¿con qué autoridad moral se atreve esa organización a sugerir que algunos de nuestros agricultores “no son económicamente viables”, que aceptemos su quiebra y que el IMAS se haga cargo de su supervivencia?

Como si esto no fuese suficiente, la OCDE está recomendando que se “nivele la cancha” en materia de garantías para los depositantes de la banca privada y la pública, respectivamente. Ya los fondos confiados por los costarricenses a los bancos públicos están garantizados en un 100% por el Estado. Por ello, crisis bancarias internacionales como la del 2008, crisis económicas nacionales como la de 1982, o crisis en bancos específicos como las del Banco Anglo en 1994, no han causado “corridas bancarias”.

No hay ni la más remota posibilidad de que una crisis en un banco privado “contagie” a un banco estatal. Este más bien podría verse beneficiado por la recepción de depositantes que se alejarían del banco privado. La fila de depositantes retirando recursos de la banca privada sería igual a la fila de depositantes inyectando recursos en la banca estatal. Por lo anterior, esa nivelación solo serviría para fortalecer a la banca privada, mejorándole sustancialmente el activo confianza, el más importante para una empresa intermediadora de recursos financieros.

Ventaja. Las garantías totales de que disfrutan los depósitos en la banca pública constituyen la última ventaja sobre la banca privada y creemos que debe mantenerse en el marco de los objetivos distributivos sociales y geográficos que han diferenciado a Costa Rica. Además, si los bancos estatales pierden su ventaja en esta materia, difícilmente podrán enfrentar las cargas parafiscales, con las cuales complementan su importante papel en el desarrollo integral del país.

Por otra parte, los bancos privados no tienen ninguna restricción legal para crear su propio fondo de garantías. No lo han creado porque no han querido (aunque ya disponen de una suerte de fondo de garantías regalado por la AID desde hace dos décadas).

Esta “nivelación de la cancha” ha sido promovida por algunos políticos neoliberales del país y por los propietarios de los bancos privados. Su posición es entendible, en el tanto han aspirado a que el negocio financiero termine en manos del sector privado, sin ninguna preocupación por los efectos negativos en la distribución de la riqueza que se gestaría con tal transformación. Que la OCDE venga a hacerles el juego a estos sectores, constituye un obstáculo para que las negociaciones para el acceso sigan avanzando con fluidez.

Cuando la expresidenta Chinchilla anunció la posibilidad de que Costa Rica llegase a ser miembro de la OCDE, pública y entusiastamente expresé mi apoyo. Se anunció que se trataba de mejorar estándares en transparencia, en calidad de los servicios públicos, en eficiencia de las instituciones, en ética en la administración del Estado, etc. Pero ahora, cuando se empiezan a concretar diagnósticos y recomendaciones, han salido a relucir posiciones ideologizadas anacrónicas e indiferentes a lo acontecido en el mundo en la última década.

Que los dirigentes de la OCDE sean insensibles a la ruta costarricense y las lecciones que sus mismos países han recibido en los últimos años, decepciona; pero que el actual gobierno de Costa Rica no haya detenido la narrativa ideologizada contenida en algunos documentos definitorios del acceso del país a esa organización, es sorprendente.

Estamos a tiempo para orientar las negociaciones de manera que no volvamos a las simplificaciones y las polarizaciones del pasado. El presidente de la República tiene la palabra.

El autor es diputado del PAC.

  • Comparta este artículo
Opinión

Espinas en la ruta hacia la OCDE

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota